La confesión de 17 acusados estrecha el cerco al PP en su tercer gran juicio por la Gürtel
El partido ha vuelto este martes al banquillo por los negocios de la trama en Boadilla
El PP ha comprobado este martes cómo el cerco se estrecha aún más a su alrededor con el arranque de su tercer gran juicio por la Gürtel, que lo vuelve a sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional por beneficiarse de la trama. A lo largo de la primera sesión de la vista oral, centrada en la fase de cuestiones previas, los abogados de 17 procesados —incluido Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta— han mostrado su conformidad con la tesis de acusación de la Fiscalía, lo que complica mucho la defensa de la formación. El ministerio público pide que se condene a los populares al pago de más de 200.000 euros como partícipe lucrativo, ya que parte de las comisiones ilegales se destinaron presuntamente a costear actos del partido.
El inicio de este tercer gran juicio al PP por la Gürtel, centrado en los negocios de la trama en el rico municipio de Boadilla del Monte (Madrid), ha quedado marcado por la cascada de confesiones que se sucedió en las semanas previas. La mayor parte de los arrepentidos envió escritos a la Audiencia Nacional en los últimos meses para reconocer su participación en la red corrupta, en busca de beneficios futuros y reducciones de las posibles penas impuestas por el tribunal. “Efectivamente, mantuve relación con Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte, y con Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda. Reconozco que son ciertos los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía”, admitía Correa en una carta firmada el pasado 25 de noviembre.
Este martes, casi un año después de rubricar ese documento, el líder de la Gürtel ha regresado al banquillo con la idea de ratificar de viva voz sus palabras escritas —podrá hacerlo durante su declaración como acusado, prevista para esta misma semana—. El empresario se ha sentado en primera fila tras llegar a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) desde el centro penitenciario de Valdemoro, donde permanece encarcelado al acumular condenas a más de 92 años de prisión por otras seis derivadas de la trama. A su lado, le acompañaba el también confeso Pablo Crespo, su número dos y exsecretario de Organización del PP gallego, y que también se encuentra actualmente entre rejas sentenciado ya a más de 73 años en otras partes del macrosumario. En esta vista oral sobre Boadilla, según su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía ha pedido inicialmente 76 años de cárcel para Correa y 64 para Crespo.
“Llevo colaborando con la justicia muchos años y es lo que voy a seguir haciendo”, ha dicho este martes Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla y conocido por el alias de El albondiguilla, a su salida de la Audiencia Nacional. El antiguo regidor popular es otro de los encausados que ha reconocido los hechos. Según explicó en su confesión, se alió con Correa para manipular contratos públicos del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV); para amañar adjudicaciones con el objetivo de beneficiar a determinados constructores que le pagaban comisiones; y para repartirse las millonarias mordidas. Un dinero que se “distribuía” después entre los implicados y “el PP”, pues parte se destinaba al pago de gastos de publicidad y campañas electorales del partido conservador: “Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”, asevera El Albondiguilla.
En su auto de apertura de juicio oral, el magistrado instructor José de la Mata ordenó sentar en el banquillo a 27 personas. Pero ese número se ha reducido. Uno de los procesados ha muerto antes de la vista: Rafael Naranjo, expresidente del consejo de administración y máximo accionista de la constructora Sufi, que se integró en 2005 en el grupo Sacyr. Otro ha sido declarado incapacitado: José Galeote, de 93 años, concejal durante 12 años de Boadilla. Y, además, la Fiscalía y el resto de partes han retirado este martes las acusaciones contra María del Carmen García, administradora de las empresas vinculadas a la trama.
Además de Correa, Crespo y González Panero, entre los confesos se encuentran también José Luis Izquierdo, el contable de la Gürtel; José Ramón Blanco Balín, el asesor fiscal de la trama; los constructores José Luis Martínez Parra, Alfonso García-Pozuelo y José Luis Ulibarri; el empresario Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar, expresidente del Gobierno); César Tomás Martín Morales, exgerente de la EMSV; y el exdiputado popular Alfonso Bosch, que sustituyó a Martín Morales al frente de la empresa de suelo de Boadilla. El PP ya ha sido condenado previamente en dos ocasiones por beneficiarse de la trama: por Época I, donde se analizó la primera etapa de la red corrupta; y por la caja b, que usó para reformar su sede.
Los tentáculos tejidos en el PP
Gürtel desembarcó en Boadilla gracias a los tentáculos que Correa había tejido en el PP, donde había anidado previamente gracias a su red de contactos. Así lo explica Martín Morales: “Correa me contactó para que la EMVS le facilitara contratos a empresas que, según decía, ayudaban al PP y le eran recomendadas por la dirección nacional del partido [...] Me señaló que había recibido instrucciones de la cúpula del partido, a través de Pío García-Escudero (entonces presidente del PP de Madrid), para que le adjudicasen obras a Constructora Hispánica en reconocimiento a la financiación de campañas que esta empresa les procuraba [...] Parte del dinero era para el partido”.
El Albondiguilla mantiene un discurso similar: “En un primer momento, yo desconocía la verdadera relevancia de Correa dentro del PP, pero pronto tuve la oportunidad de comprobar que tenía acceso, tanto a la sede del PP en Génova sin tan siquiera necesidad de entrar con acreditación, como también facilidad de contacto con el palacio de La Moncloa”. Además, según el exalcalde, los componentes de la trama compartían después el dinero de las mordidas con el partido conservador. El instructor calculó que la formación obtuvo un “beneficio indebido” de más de 200.000 euros, que se utilizaron para pagar encuestas, vídeos, banderolas, buzoneo y actos de presentación de candidatos a las elecciones. También se usó presuntamente para costear, entre otras cosas, la inauguración de la sede del PP en Boadilla; un desayuno en un exclusivo hotel; o un acto de Esperanza Aguirre para los comicios autonómicos.
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