La confesión de siete arrepentidos cerca al PP en su tercer gran juicio de Gürtel

Al calvario del PP por el caso Gürtel aún le queda mucho recorrido. A partir del 10 de noviembre, la Audiencia Nacional acoge una nueva vista oral sobre la red de corrupción liderada por Francisco Correa, según el calendario fijado por el órgano judicial. En esta ocasión, los magistrados se adentrarán en los sospechosos negocios urdidos en Boadilla del Monte: un municipio de la Comunidad de Madrid donde, con la presunta connivencia de su entonces alcalde, el popular Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, se adjudicaron contratos públicos a cambio de mordidas. En esta cita, de nuevo y por tercera vez, el partido conservador ahora liderado por Pablo Casado se sentará en el banquillo de los acusados por beneficiarse presuntamente de la trama. La Fiscalía Anticorrupción pide que se lo condene como partícipe a título lucrativo a pagar 204.198,64 euros.

La actual dirección del PP, que está intentando esquivar todas las pasadas corruptelas del partido guardando silencio, no tendrá por tanto mucho tiempo de respiro. Este nuevo juicio, conocido también como Época II, comenzará solo 14 días después de que los populares resultasen condenados por utilizar más de un millón de euros de la caja b para pagar en negro la reforma de su sede en la madrileña calle Génova. Un fallo dictado la pasada semana por la Audiencia Nacional que supuso la segunda sentencia contra el PP, que ya salió derrotado de la vista oral de la línea de investigación bautizada como Época I, cuando los magistrados concluyeron por primera vez que se había lucrado gracias a la trama.

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Lo que dijeron en el juicio Bárcenas y otros implicados

En el caso Boadilla, el PP afronta un juicio extremadamente complicado. Siete acusados, de los 27 a los que el juez José de la Mata envió al banquillo, han confesado su implicación en la red de corrupción y han respaldado, a través de escritos enviados a la Audiencia Nacional, la tesis del ministerio público.

“Efectivamente, mantuve relación con Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte, y con Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla. Reconozco que son ciertos los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía”, arrancaba una carta remitida por Correa de su puño y letra desde la cárcel de Valdemoro el pasado 25 de noviembre.

La riada de confesiones la había inaugurado antes el empresario Alfonso García Pozuelo, que en 2016 envió un escrito al tribunal donde admitía su implicación en las pesquisas sobre Boadilla. Este imputado, quien fuera presidente de Constructora Hispánica, fue posteriormente condenado a dos años de cárcel en el juicio de Época I, donde también admitió que pagó a la red corrupta a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Después, hicieron lo propio otros cuatro procesados. José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora Teconsa, que admitió que Correa medió para conseguirle adjudicaciones en administraciones del PP. Pablo Crespo, número dos de la trama y ex secretario de organización del PP gallego, que relató cómo se cobraron comisiones ilegales de “entre el 3% y el 4% del precio” y cómo llegó a acudir a Teconsa para retirar un millón de euros en efectivo. Alfonso Bosch Tejedor, alias El Neveras o El Bujías, un exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid al que nombraron gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla y que reconoció el cobro de mordidas —”Correa, aprovechándose de la relación de amistad con varios miembros del PP, se introdujo en Boadilla, donde mantenía ya una estrecha relación con importantes cargos de la localidad”, incidió el exparlamentario—. Y el constructor José Luis Ulibarri, a quien De la Mata señaló por pagar un millón de euros a la red Gürtel para que el Ayuntamiento concediera una parcela a una de sus empresas.

A estos seis arrepentidos se ha sumado otro empresario en las últimas semanas: Jacobo Gordon, antiguo socio de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), remitió el 14 de octubre un escrito a la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso EL PAÍS, en el que admitía su participación en delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según cuenta este procesado, que ya acarrea dos condenas anteriores en Gürtel por un total de 13 meses de cárcel, ayudó a la trama a mover el dinero mediante facturas falsas emitidas por su compañía.

El partido “se benefició”

Cuando el magistrado instructor José de la Mata dictó el auto de apertura de juicio oral en junio de 2016, describió a lo largo de 182 páginas cómo la red de corrupción se asentó en Boadilla del Monte gracias a los tentáculos políticos tejidos por Correa en el PP y cómo, entre 2001 y 2009, se entregaron sobornos a las autoridades y funcionarios locales para conseguir supuestamente adjudicaciones para sus sociedades o para empresas de terceras personas. Según concluyó el juez, que apuntó sin paliativos a la formación conservadora, “el PP se benefició de algunas de estas operaciones [ilegales], consiguiendo que las empresas de la organización [criminal] abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido”.

El instructor añadió que Pablo Crespo se encargaba de “negociar las comisiones y pagos ilícitos, y ‘honrar’ los compromisos [de la trama], asegurando la distribución de las cantidades obtenidas entre todos los miembros del grupo de acuerdo con los criterios fijados, incluido el destino de importantes cantidades a atender pagos de servicios prestados al PP”.

Pero no solo el juez instructor y la Fiscalía Anticorrupción insisten en la responsabilidad de los populares. La Abogacía del Estado, el Ayuntamiento de Boadilla y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), vinculada al PSOE y personada como acusación popular, también piden en sus escritos de acusación la condena del PP como partícipe a título lucrativo.

Aun así, y aunque se produzca una nueva condena a la formación, Casado asegura que no tiene intención de cambiar su estrategia y seguirá aferrado al silencio. “Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir”, repetían en el partido tras la sentencia de la caja b dictada la pasada semana por las obras de la sede de Génova, donde aún sigue el partido pese a que el actual presidente popular aseguró en febrero que se marcharían de allí. De hecho, en una entrevista publicada el domingo por El Confidencial, Casado insistía: “El PP no volverá a hablar de cuestiones pasadas en las que no ha tenido ninguna responsabilidad. Porque han sido conductas personales que han perjudicado al partido. No tenemos nada que ver con esas conductas”. Sin embargo, las sentencias ya dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre Gürtel hablan “de un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” tejido entre el grupo de Correa y el Partido Popular.