El saldo acumulado en Gürtel: 69 condenados a más de 570 años de cárcel

La justicia ha desenredado ya buena parte de la compleja maraña que constituyó la trama Gürtel, la red de corrupción que extendió sus tentáculos por numerosas administraciones del país y anidó en el propio seno del PP. Trece años después de que el juez Baltasar Garzón iniciara las pesquisas en la Audiencia Nacional, los tribunales han condenado a cárcel a 69 personas, con penas que superan los 570 años de prisión. Un listado en el que se encuentran, entre otros muchos, el líder del grupo criminal, Francisco Correa; su número dos y ex secretario de Organización de los populares gallegos, Pablo Crespo; el extesorero nacional de la formación conservadora, Luis Bárcenas; varios constructores y casi una treintena de asesores, familiares y cargos públicos del partido, incluidos exalcaldes y exconsejeros autonómicos.

Es más, el propio PP ha sido condenado dos veces por beneficiarse de la red corrupta y se ha visto obligado a pagar 369.161,8 euros. Así resumieron los magistrados de la Audiencia Nacional los vínculos forjados durante años entre las empresas de Correa y el partido, según consta en la sentencia de 2018 sobre Época I, la trama principal de Gürtel, que impulsó al PSOE a presentar la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy: “Entre el Grupo Correa y el PP se tejió una estructura de colaboración estable. Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local; a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas”.

El repaso a las ocho líneas de investigación de Gürtel donde se han dictado ya sentencias condenatorias ayuda a entender la dimensión de esta causa y todos sus recovecos. Comenzando por el caso de los trajes, que el expresidente valenciano Francisco Camps esquivó tras resultar absuelto por un jurado popular en 2012, pero que acabó con la condena a multa de su vicepresidente José Víctor Campos y de Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo —sentenciado después por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel en otra parte de las pesquisas—. Hasta el fallo dictado la pasada semana sobre la caja b del PP, que no solo da por probada la contabilidad paralela desvelada por EL PAÍS en 2013 a través de los papeles de Bárcenas, sino que confirma que el partido la usó para pagar en negro parte de la obra de su sede de la madrileña calle Génova.

Entre ambas, otras seis ramificaciones de Gürtel ya probadas: los contratos otorgados de forma ilegal en Aena; las adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Jerez; la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana durante las campañas electorales de 2007 y 2008; el desvío de fondos públicos durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006; las adjudicaciones ilícitas del Gobierno valenciano para el montaje de su pabellón en Fitur entre 2005 y 2009; y, finalmente, Época I, cuyo juicio se saldó con 29 condenados a más de 323 años de cárcel.

Los juicios pendientes

En su última convención nacional, celebrada hace apenas un mes, la actual cúpula del PP intentó en Valencia un complicado ejercicio de equilibrismo: reivindicar su pasado sin salir manchado por la corrupción. No solo se le ocurrió a Pablo Casado ensalzar la figura de la exalcaldesa Rita Barberá días antes de que el juez procesara a todo el antiguo equipo de gobierno de la exregidora por blanqueo de capitales —ella falleció en 2016 cuando también se encontraba imputada por el caso Taula—. Sino que se dejó ver por el cónclave popular el expresidente valenciano Francisco Camps, procesado por la Audiencia Nacional y la principal figura del partido conservador que aún tiene pendiente sentarse en el banquillo por la trama Gürtel.

La justicia acumula ya sentencias condenatorias en ocho ramas de la red de corrupción liderada por Francisco Correa. A las que, si no se tuercen los planes de la Fiscalía Anticorrupción, se sumará una nueva resolución en los próximos meses, cuando acabe el juicio por la línea de investigación centrada en los negocios de la trama en Boadilla (Madrid), que empieza este 10 de noviembre y donde varios acusados han reconocido las imputaciones. Toda una pesada mochila que arrastra el partido conservador liderado por Casado, pero a la que aún le faltan más piedras por meter.

Tras el juicio sobre Boadilla, todavía quedarán pendientes otras tres vistas orales en el horizonte, a las que se añade una línea de investigación que aún permanece en instrucción.

Valencia. A principios de este siglo, Gürtel anidó en las instituciones valencianas de la mano de un todopoderoso PP, que arrasaba en las elecciones. La Audiencia Nacional ha procesado a 28 personas, que se encuentran pendientes de juicio, por los contratos que la Generalitat otorgó para la feria de Turismo de 2009 a Orange Market, una de las empresas de Correa. Según subrayó el juez de instrucción en un auto, la red corrupta constituyó un “holding dedicado principalmente a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el PP”: “La razón: las buenas perspectivas de negocio derivadas de las buenas relaciones que estas personas tenían con diversos responsables políticos del PP”. Entre los procesados se encuentra Francisco Camps, para quien la Fiscalía solicita una condena de dos años y medio de cárcel por fraude y prevaricación; y tres exconsellers de los Gobiernos populares.

Arganda. La trama también puso el punto de mira en Arganda del Rey, una ciudad de unos 50.000 habitantes al sureste de Madrid. Según los investigadores, la red corrupta dio aquí uno de sus mayores pelotazos: se repartió 25 millones de euros en comisiones por la venta ilegal de parcelas municipales tras amañar el concurso público. Gürtel se valió del entonces regidor de la localidad, el popular Ginés López, que se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional —aunque aún se desconoce la fecha del juicio—. Junto a él, se encuentran acusadas otras 20 personas: entre ellas, el constructor Fernando Martín, expresidente del Real Madrid; una antigua diputada nacional y otro parlamentario regional.

Hacienda y blanqueo. La Audiencia Nacional aún tiene pendiente celebrar el juicio donde analizará a fondo la estructura societaria diseñada por la trama Gürtel para eludir los pagos a Hacienda y blanquear el dinero procedente, en parte, de la actividad vinculada al PP. Hay 26 acusados, entre los que se encuentran el propio Francisco Correa; y Pablo Crespo, ex secretario de Organización de los populares gallegos.

Donaciones. El Juzgado Central de Instrucción número 5, encabezado actualmente por el magistrado Santiago Pedraz, aún mantiene abierta una línea de investigación sobre las supuestas donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, donde la formación popular también se encuentra implicada como persona jurídica. El juez está a la espera de recibir un último informe de Hacienda sobre las obras bajo sospecha —que incluyen 23 expedientes por casi 600 millones de euros concedidos por los Gobiernos de José María Aznar— para decidir si procesa a los imputados y los envía a juicio. Esta es la última parte de las pesquisas que queda viva en la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel.