Camps será juzgado por los contratos de la Generalitat Valenciana con la Gürtel
La Audiencia Nacional rechaza el recurso del expresidente autonómico contra su procesamiento
El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps será finalmente juzgado en la pieza separada del caso Gürtel sobre los contratos del Ejecutivo autonómico con las empresas de Francisco Correa para la feria de turismo Fitur de 2009. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de Camps contra el auto de procesamiento en esta causa, dictado por el juez José de la Mata el pasado 4 de junio, según han confirmado fuentes jurídicas. La Fiscalía pide para Camps dos años y medio de prisión por prevaricación y fraude en esta causa.
El pasado junio, De la Mata procesó a Camps por un presunto delito de prevaricación en una pieza del caso Gürtel de corrupción. El magistrado considera que existe un “arsenal de indicios muy consistentes” de que el político influyó para que se otorgara a la empresa Orange Market —la filial valenciana de las empresas de Francisco Correa— el contrato de grandes eventos para la feria de turismo Fitur 2009, como venía haciendo desde 2005. La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia señala que "han quedado acreditados los indicios de criminalidad que exige la ley" para llevar a a Camps a juicio "y ello con independencia de que puedan o no ser suficientes en su caso para fundar una condena de los investigados por el delito imputado".
El juez sostenía que Camps “participó en el direccionamiento del contrato” a cambio de la “paciencia y resignación” de Orange Market ante “el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana” tenía con esa mercantil y la “colaboración” de esta “al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizaba para ir cancelando esa deuda".
El magistrado reconocía que en el sumario no constan ni documentos ni conversaciones telefónicas que indiquen que Camps diera instrucciones para que los contratos de Fitur fueran a parar a Orange Market, mercantil dirigida por su amigo Álvaro Pérez, conocido popularmente como El Bigotes. Sin embargo, afirmaba De la Mata, esto “no significa” que el expresidente valenciano no diera tales indicaciones a sus colaboradores, lo que deberá dilucidarse en un juicio.
El juez contempla una serie de indicios de la supuesta actuación irregular de Camps, como la declaración “directa y contundente” que hizo Álvaro Pérez en enero de 2018 en el juicio del caso Gürtel Valencia, sobre la financiación del PP valenciano. En esa vista oral, El Bigotes aseguró que fue su “amiguito del alma” Camps quien obligó a Orange Market a cobrar en negro de empresarios valencianos alrededor de un millón de euros por actos de campaña para el Partido Popular.
“Constan múltiples evidencias de que Camps y Pérez alcanzaron compromisos mutuos: el primero le aseguraba al segundo trabajo (la producción de todos los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana); y el segundo se trasladaba a Valencia y montaba allí la empresa del Grupo Correa”, afirma el magistrado. Esos servicios generaron una deuda de 800.000 euros que estaba “impagada” y, según el juez, Camps “estaba plenamente al corriente” de la existencia de ese pasivo.
El magistrado relataba que ya desde 2005 el presidente valenciano “dio las instrucciones” para que los expositores de la Comunidad en Fitur fueran adjudicados a Orange Market. Aparte de las declaraciones de otros coimputados como Pérez o Isabel Jordán, De la Mata subraya dos circunstancias: la primera, que la empresa dispuso de los pliegos del contrato “ilícitamente, con antelación, irregularmente”. La segunda es que Orange Market fue fundada en julio de 2003 y carecía “del más mínimo portfolio o background profesional”.
La empresa de la red Gürtel recibió, año tras año, el contrato de Fitur. En 2009, el único año que no ha prescrito, Orange Market empezó a trabajar en el expositor pese a que no había recibido la adjudicación, valorada en 366.529 euros. De la Mata recuerda que El Bigotes, en sede judicial, afirmó que “conversó con Camps para asegurarse de que la adjudicación le sería asignada, como cada año, confirmándole este que no se preocupara y que siguiera trabajando”. El juez considera que Dora Ibars, entonces directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, recibió de Camps "bien directamente, bien a través de persona interpuesta, (...) instrucciones directas de que Orange Market debía recibir la adjudicación".
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