El juez procesa a Camps por prevaricación por los contratos con Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado este lunes al expresidente valenciano Francisco Camps por un presunto delito de prevaricación en una pieza del caso Gürtel de corrupción. El magistrado considera que existe un “arsenal de indicios muy consistentes” de que el político influyó para que se otorgara a la empresa Orange Market —la filial valenciana de las empresas de Francisco Correa— el contrato de grandes eventos para la feria de turismo Fitur 2009, como venía haciendo desde 2005.

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El juez sostiene que Camps “participó en el direccionamiento del contrato” a cambio de la “paciencia y resignación” de Orange Market ante “el impago de la multimillonaria deuda que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana” tenía con esa mercantil y la “colaboración” de esta “al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizaba para ir cancelando esa deuda".

El magistrado reconoce que en el sumario no constan ni documentos ni conversaciones telefónicas que indiquen que Camps diera instrucciones para que los contratos de Fitur fueran a parar a Orange Market, mercantil dirigida por su amigo Álvaro Pérez, conocido popularmente como El Bigotes. Sin embargo, afirma De la Mata, esto “no significa” que el expresidente valenciano no diera tales indicaciones a sus colaboradores, lo que deberá dilucidarse en un juicio.

El juez desgrana una serie de indicios de la supuesta actuación irregular de Camps, como la declaración “directa y contundente” que hizo Álvaro Pérez en enero de 2018 en el juicio del caso Gürtel Valencia, sobre la financiación del PP valenciano. En esa vista oral, el Bigotes aseguró que fue su “amiguito del alma” Camps quien obligó a Orange Market a cobrar en negro de empresarios valencianos alrededor de un millón de euros por actos de campaña para el Partido Popular.

“Constan múltiples evidencias de que Camps y Pérez alcanzaron compromisos mutuos: el primero le aseguraba al segundo trabajo (la producción de todos los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana); y el segundo se trasladaba a Valencia y montaba allí la empresa del Grupo Correa”, afirma el magistrado. Esos servicios generaron una deuda de 800.000 euros que estaba “impagada” y, según el juez, Camps “estaba plenamente al corriente” de la existencia de ese pasivo.

El magistrado relata que ya desde 2005 el presidente valenciano “dio las instrucciones” para que los expositores de la Comunidad en Fitur fueran adjudicados a Orange Market. Aparte de las declaraciones de otros coimputados como Pérez o Isabel Jordán, De la Mata subraya dos circunstancias: la primera, que la empresa dispuso de los pliegos del contrato “ilícitamente, con antelación, irregularmente”. La segunda es que Orange Market fue fundada en julio de 2003 y carecía “del más mínimo portfolio o background profesional”.

La empresa de la red Gürtel recibió, año tras año, el contrato de Fitur. En 2009, el único año que no ha prescrito, Orange Market empezó a trabajar en el expositor pese a que no había recibido la adjudicación, valorada en 366.529 euros. De la Mata recuerda que El Bigotes, en sede judicial, afirmó que “conversó con Camps para asegurarse de que la adjudicación le sería asignada, como cada año, confirmándole éste que no se preocupara y que siguiera trabajando”. El juez considera que Dora Ibars, entonces directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, recibió de Camps "bien directamente, bien a través de persona interpuesta (...) instrucciones directas de que Orange Market debía recibir la adjudicación".