Francisco Camps, ‘víctima’ en diferido de una etapa de corrupción y despilfarro

Nueve años después de que estallara el caso Gürtel, Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana entre 2003 y 2011, está atrapado en cuatro causas judiciales con imputaciones graves que ponen bajo sospecha su controvertida gestión.

En 2012 salió ileso de su primer y, hasta ahora, único procesamiento por cohecho impropio en el caso de los trajes. Pese a que nunca pudo acreditar que los pagó con su dinero y pese a que durante el juicio se mostraron numerosas pruebas de que aquella ropa fue abonada por empresas de Francisco Correa, el jurado popular absolvió al expresidente valenciano por cinco votos frente a cuatro.

El procesamiento forzó a Camps a abandonar sus cargos en 2012. Desde las afueras de la política ha presumido, y algunos dirigentes del PP le han jaleado por ello, de estar limpio de corrupción y de ser víctima de una injusta persecución.

Durante sus ocho años de presidente de la Comunidad Valenciana, el despilfarro y la corrupción lo inundaron casi todo. Camps sostiene que no se ocupó nunca de la financiación del partido que presidía ni de los contratos que adjudicaba el Gobierno que dirigía.

Era el líder del PP en Valencia y el presidente de la administración autonómica, pero nunca supo o quiso saber que a su alrededor se producían prácticas de corrupción para beneficiar a quienes llegaron a la Comunidad Valenciana de su mano, los empresarios de Orange Market, la filial valenciana del grupo que dirigía Correa.

Ninguno de sus consejeros conocía Orange Market, una empresa constituida en julio de 2003 sin ninguna experiencia en la organización de actos en la Comunidad Valenciana. Pero durante la etapa de Gobierno de Camps, Orange Market asumió decenas de eventos para las distintas consejerías a través de adjudicaciones amañadas o a dedo y se ocupó a través de una sociedad pantalla de la organización de la visita del Papa a Valencia, un contrato de siete millones de euros con un beneficio de casi la mitad.

El Partido Popular que presidía Camps se financió con dinero negro aportado por empresas contratistas de la Comunidad Valenciana, según admitieron al tribunal los dueños de esas sociedades.

El Gobierno valenciano adjudicó a dedo, y sin ningún control sobre el gasto, la organización de dos eventos al Instituto Nóos, propiedad de Diego Torres e Iñaki Urdangarín, durante la presidencia de Camps. Por idénticos hechos, el expresidente balear, Jaume Matas, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel.

Camps no se enteraba de nada ni era responsable de las contrataciones que hacía su Ejecutivo. Eso repite desde hace años y así lo entendieron los jueces y fiscales que desde 2009 investigaban los distintos casos de corrupción. En sus decisiones siempre evitaron culpar a Camps. El expresidente valenciano ha estado ajeno todo este tiempo a los procesos judiciales que han costado cárcel o graves imputaciones a la mayoría de sus colaboradores. Pero todo cambió hace unos meses, cuando la instrucción de distintas causas todavía vivas en los tribunales descargó nuevas pruebas que apuntaban a Camps.

El juez José de la Mata, que instruye el caso Gürtel, quiere conocer quién dio las indicaciones desde la Comunidad Valenciana para adjudicar contratos a Orange Market, quien a su vez organizaba todos los actos electorales del PP en ese territorio y, según han declarado en juicio, cobraban parte de esos eventos a través de empresas contratistas de la autonomía. Camps deberá declarar como imputado en una fecha todavía no fijada por los delitos de prevaricación administrativa y fraude a la administración.

La visita del Papa a Valencia en 2006 acarreó un gasto de siete millones de euros a la televisión autonómica, dirigida por un amigo de Camps, para organizar la retransmisión del evento y la colocación de pantallas y altavoces en las calles. El contrato se adjudicó a una empresa constructora sin ninguna experiencia en la materia. En realidad, era una sociedad pantalla de la red Gürtel, según ha acreditado la investigación judicial del caso. El juzgado que investiga desde 2016 este gasto decidió en febrero pasado imputar a Camps.

El expresidente valenciano también tendrá que responder ante la justicia por la gestión de los premios de fórmula 1 que Camps consiguió para su comunidad y por la adjudicación de las obras de construcción del circuito urbano.

Muchos años después, la justicia que ha destapado una etapa de corrupción y despilfarro en la Comunidad Valenciana se ha fijado en la persona que presidió ese territorio durante los años del pillaje institucional. Francisco Camps, el expresidente que se declaró desde el primer momento“absolutamente inocente”, tiene ahora cuatro causas pendientes.