Vuelve una de las peores pesadillas del PP: el policía número 81.067

La permanente tormenta judicial que golpea al PP se encuentra a punto de volver a tronar. El tercer gran juicio del caso Gürtel que sienta a los populares en el banquillo de la Audiencia Nacional, que comenzó en noviembre y en el que ya han confesado 17 de los 24 acusados, se prepara para escribir otro capítulo negro para el partido conservador, donde anidó la red corrupta encabezada por Francisco Correa. A partir de este miércoles, según la previsión del tribunal, testificará el agente 81.067. Un número de funcionario que esconde la identidad de Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que ha liderado las investigaciones sobre la trama, que ha denunciado las presiones que recibió para tratar de frenar sus pesquisas y que se ha convertido en una auténtica pesadilla para la formación que ahora lidera Pablo Casado.

Morocho regresa a la Audiencia Nacional para declarar durante dos días, según el calendario del tribunal, en una vista oral que se centra en los negocios irregulares urdidos por la red Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), donde manipularon contratos públicos con el beneplácito de las autoridades locales para adjudicárselos a empresas que pagaban mordidas. Según la Fiscalía, que acusa también al PP de beneficiarse de la trama, una parte de ese dinero se usaba para costear actos electorales de la formación. “La dirección regional del PP tenía conocimiento”, aseguró el exalcalde del municipio, Arturo González Panero, que también apuntó a la cúpula nacional en la etapa del presidente José María Aznar: “Recibimos llamadas de Moncloa”.

Los informes y comparecencias del agente 81.067 han resultado hasta ahora devastadores para los intereses del PP. Morocho ya declaró en 2017 en el juicio de Época I, la parte principal del caso Gürtel, que supuso la primera sentencia contra el partido y que provocó la moción de censura que fulminó al Gobierno de Mariano Rajoy. El policía hizo lo propio en abril de 2021, en el juicio sobre la caja b, que se tradujo en una segunda condena. En esa última ocasión, a lo largo de tres días, el inspector desgranó el sistema ideado para pagar “en negro” la reforma de la sede de Génova 13 e insistió en que la contabilidad paralela no era un mecanismo exclusivo del extesorero Luis Bárcenas, sino que se intrincaba dentro de la estructura orgánica de la fuerza política: “Estamos hablando de la sede nacional del PP, de la tesorería y de la gerencia. Y, por tanto, estamos hablando del órgano central del partido”. Es decir, no era la caja b de Bárcenas, como repiten antiguas cúpulas de la formación, sino que era la caja b del PP —como también han acreditado ya tres sentencias—.

Además, Morocho declaró el pasado verano en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la Operación Kitchen, la trama activada en 2013 en el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle material comprometedor para altos cargos del PP antes de que llegara a manos del juez Pablo Ruz y de la UDEF, encargados en aquella época de Gürtel. Una cita ante el magistrado Manuel García-Castellón que se prolongó durante dos jornadas, en las que el policía narró toda una batería de “anomalías” para torpedear la causa que cercaba al partido. Esas maniobras, que el agente vinculó con el Gobierno de Rajoy, incluyeron “presiones” para que sus informes no señalaran a dirigentes populares e, incluso, intentos de comprarlo con su traslado a destinos mejor dotados económicamente. La situación era tan delicada que, según contó, Ruz ordenó buscar micrófonos en su despacho.

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Las arremetidas del PP

Con este telón de fondo, el PP hace mucho que colocó a Morocho en la diana. En la comisión de investigación del Congreso sobre Kitchen, donde el inspector compareció el pasado 25 de marzo, el portavoz de los populares arremetió contra él y puso en duda su profesionalidad: “Usted habitualmente hace juicios de valor en esos informes [...] Usted, sencillamente, coge contratos, coge donantes, los pone en una hoja Excel y llega a conclusiones. Usted no tiene formación jurídica”, le reprochó el diputado Eloy Suárez Lamata. Una ofensiva que alcanzó su cénit el 30 de julio de este año, después de que el agente de la UDEF elaborase dos nuevos informes donde señalaba a los populares por la trama de espionaje a Bárcenas —“la formación política coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”, escribió— y sobre la vinculación de adjudicaciones de obras en la época del Gobierno de Aznar con la caja b.

Tras ambos informes, el PP cargó contra el funcionario 81.067 a través de un escrito presentado en la Audiencia Nacional, donde lo acusó de buscar “desesperadamente elementos indiciarios” contra la fuerza política. El partido, que pedía incluso que se apercibiera al policía, le atribuía en ese documento un “sesgo incriminatorio”, “mala praxis”, una “inaudita y censurable proactividad” y una “sorprendente y reprobable conducta”.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en la época de Rajoy y procesado por Kitchen, también ha cuestionado en público a Morocho. Hace solo dos semanas, durante su declaración en la comisión parlamentaria, el exdirigente del PP puso en duda la palabra del agente, que detalló al juez una reunión que tuvo en 2013 con el comisario José Luis Olivera donde se le ofreció un puesto en la Embajada de Lisboa. El inspector jefe enmarcó esa cita dentro de los intentos que hizo la cúpula de la Policía para apartarle de Gürtel y explicó que, durante la conversación, Olivera recibió una supuesta llamada del Fernández Díaz para interesarse por el tema: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, dijo a su interlocutor el comisario, según Morocho, que apostilló que Olivera le dijo al colgar: “¿Ves?, me llama hasta el ministro”.

El antiguo responsable de Interior niega esa llamada. “Morocho ha dicho en sede judicial que estaba él despachando con el comisario Olivera y que Olivera recibió una llamada del ministro interesándose por un destino en el exterior para Morocho. [Pero] Olivera ha dicho que eso es falso, absolutamente. ¿Está claro?”, se defendió Fernández Díaz en la comisión del Congreso. Olivera también se encuentra procesado por Kitchen.