Todos los partidos, salvo PP y Vox, implican a Rajoy y Cospedal en la trama Kitchen

Las propuestas de conclusiones que la mayoría de los grupos parlamentarios han registrado este lunes en el Congreso para elaborar el dictamen definitivo de la comisión que ha investigado la llamada Operación Kitchen coinciden en implicar, de un modo u otro, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la trama parapolicial que, a partir de 2013, espió ilegalmente al extesorero Luis Bárcenas para robarle documentación comprometedora para su partido. Solo el PP y Vox se han desmarcado.

Los populares han presentado un escrito en el que denuncian, como han hecho sistemáticamente durante las sesiones de la comisión, la supuesta “utilización partidista” de esta con el único fin de “desprestigiar sin prueba alguna al adversario político”. El PP, que habla de “juicio sumarísimo e inquisitorial en el que se han vulnerado gravemente los derechos fundamentales de los comparecientes”, pone en duda también la conveniencia de que se celebrara cuando aún se está investigando en la Audiencia Nacional el caso Kitchen.

Por su parte, la formación de Santiago Abascal evita en su documento valorar lo escuchado durante las comparecencias y se limita a poner de manifiesto la, en su opinión, “inutilidad” de los trabajos de la comisión y reclamar una modificación de este instrumento parlamentario. Vox acusa a los portavoces de los otros partidos de haber “faltado gravemente al honor de diversos comparecientes, singularmente agentes policiales”, contra los que considera que se han vertido “gravísimas acusaciones en sede parlamentaria, que han rallado la imputación de actuaciones delictivas”. Las propuestas de todos los partidos serán debatidas este miércoles en la comisión para elaborar el dictamen que será elevado al pleno para su votación.

En sus conclusiones, el PSOE considera que los trabajos de la comisión han puesto de manifiesto que en la Operación Kitchen participaron los entonces “responsables políticos máximos” del Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz a la cabeza, así como Cospedal. Sobre Rajoy, afirma que “de forma indiciaria” también estuvo implicado. Los socialistas acusan al expresidente del Gobierno de “mentir de manera abierta” durante su comparecencia, celebrada el pasado 13 de diciembre, al negar la existencia de una caja b en su partido, ya corroborado por varias sentencias judiciales.

Para el PSOE, la Operación Kitchen se dirigió desde tres lugares. El primero, la sede del PP, “con conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy. El segundo, el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz, que “encargó al secretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo”. Y un tercero con “epicentro” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino. Todo ello con la única finalidad de obstruir las investigaciones del caso Gürtel que afectaban a los populares, para lo que no se dudó en utilizar “ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales”.

Más rotundo se muestra Unidas Podemos que, en un documento pactado con ERC, EH Bildu, Junts y la CUP, considera probado que Rajoy y Cospedal fueron los “responsables políticos últimos” del operativo parapolicial. En el documento también se apunta a que, entre la información que la trama pretendía arrebatar, podía encontrarse datos sobre supuestas cuentas en Suiza del rey emérito, Juan Carlos I. El texto recalca que la Operación Kitchen no fue, de hecho, la única “sin orden judicial” y mediante “la fabricación de pruebas” que perpetró esta trama. Y recuerda que, en 2017, la comisión parlamentaria que investigó la existencia de la denominada policía patriótica, ya determinó que esta estructura “o similar” ejecutó la “Operación Cataluña, destinada a investigar y acusar a líderes del independentismo”.

El PNV se centra en los altos cargos de Interior “como conocedores, consentidores o como inductores” del operativo, pero insiste en atribuir a Rajoy parte de “la responsabilidad política” porque los hechos se produjeron con él al frente del ejecutivo, “máxime si se tiene en cuenta que era objetivamente uno de los máximos beneficiarios [...] del éxito del irregular operativo Kitchen”. Los nacionalistas vascos creen que los hechos conocidos suponen un “incumplimiento flagrante de la ley” que, además, ha provocado “daños de difícil o imposible reparación para el crédito y buen nombre” de la Policía Nacional como institución.

Ciudadanos concluye que es “inconcebible que tan altos cargos del partido y del Gobierno” desconocieran la Operación Kitchen. “E incluso, en el improbable caso de que las desconocieran, su responsabilidad política vendría de la mano de su evidente negligencia en elegir a personas con altas responsabilidades políticas y administrativas que pudieran desarrollar estas conductas o en vigilarlas para que no las realizaran”, añade a continuación. Ciudadanos destaca que los hechos conocidos son de “extrema gravedad” y habla de ”una corrupción elevada al cuadrado: es el uso de recursos de todos los españoles puesto al servicio de una operación para tapar otra trama de corrupción”, señala el partido de Inés Arrimadas.