El ‘caso Kitchen’ destapa el plan de las cloacas del Estado contra el independentismo

Seis informes hallados entre la documentación intervenida en 2017 al comisario jubilado José Manuel Villarejo apuntan a las supuestas maniobras de las cloacas del Estado contra dirigentes independentistas catalanes. El comisario Enrique García Castaño sugirió en su última declaración ante el juez Manuel García-Castellón por el caso Kitchen, el pasado 14 de diciembre, que la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy estuvo informada sobre “otros” operativos clandestinos más allá del espionaje a Luis Bárcenas. Se refería, según fuentes próximas al comisario, a la bautizada como Operación Cataluña. Nadie le preguntó por ello. Hasta ahora, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el magistrado han iniciado pesquisas sobre este operativo al considerar que “no encaja en ningún artículo del Código Penal”.

El último interrogatorio en la Audiencia Nacional al comisario García Castaño, conocido como El Gordo, estaba a punto de terminar. Tras contestar a las preguntas del representante de la Fiscalía Anticorrupción, el policía, que compareció como imputado, respondía a las cuestiones que le planteaba el abogado defensor de uno de los principales damnificados por su colaboración con la justicia, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. El letrado intentaba desmontar anteriores testimonios del comisario y, en concreto, aquel en el que aseguró que, en 2013, se compró con fondos reservados un equipo informático para que Martínez consultara la documentación que la trama parapolicial había conseguido arrebatar en la Operación Kitchen al extesorero del PP Luis Bárcenas tras sustraerle dos teléfonos móviles antiguos. Pese a la insistencia del abogado, el policía se mostró firme. “Ese ordenador se compró para llevarlo a su despacho [el de Martínez] y se llevó a su despacho”, dijo García Castaño, que a continuación afirmó: “No solo [era] para el tema de Bárcenas, sino para otras cosas”. El abogado del ex alto cargo de Interior no intentó saber qué eran esas “otras cosas”. Tampoco preguntaron al comisario ni la Fiscalía ni el juez García-Castellón.

Fuentes policiales del entorno de García Castaño aseguran a EL PAÍS que, con esta genérica expresión, el comisario se refería a la llamada Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el seno del Ministerio del Interior a través de la llamada brigada política para, mediante supuestos informes policiales cargados de graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán. “Si le hubieran preguntado más, el comisario hubiera aportado más datos sobre estas maniobras”, se muestra convencida esta misma fuente.

La Operación Cataluña ha planeado desde el inicio de la investigación del caso Villarejo. El 3 noviembre de 2017, el día en el que agentes de la Unidad de Asuntos Interinos de la Policía detenían al comisario jubilado y varias personas de su entorno, ya se localizaron documentos que apuntaban a la existencia de estas maniobras contra el independentismo catalán y a la participación en la misma del policía, actualmente encarcelado. Un documento judicial de 121 páginas, denominado “diligencia índice” e incorporado al sumario a finales de 2018 con una enumeración de toda la documentación en papel intervenida en un total de 14 registros de viviendas y oficinas, entre ellos varios vinculados a Villarejo y su socio, el abogado Rafael Redondo, confirma el hallazgo de, al menos, seis informes sobre este operativo clandestino.

”Empresa Partido Popular”

Así, en las oficinas que Cenyt, la empresa sobre la que Villarejo hacía pivotar todo su entramado societario, tenía en la céntrica plaza Pablo Ruiz Picasso, de Madrid, la policía localizó, al menos, tres informes. Junto a los recibís que reflejan los pagos con fondos reservados que la trama policial hizo al chófer de Bárcenas o 50 folios sobre “movimientos bancarios” atribuidos a “empresa Partido Popular”, la policía intervino un informe de 34 páginas “relativo a diversas personas”, entre ellas el expresidente catalán Artur Mas, según destaca el documento judicial, recientemente trasladado a las partes personadas en el sumario. En los meses previos a las elecciones autonómicas del 25 de noviembre de 2012, con las que pretendía obtener una mayoría soberanista, Mas fue objeto de una campaña de intoxicación informativa mediante supuestos informes policiales en los que se afirmaba que tenía dinero oculto en Suiza. Aquellas acusaciones nunca se demostraron ciertas.

En las oficinas de Cenyt, los investigadores también localizaron un documento, de un folio de extensión y fechado el 7 de enero de 2014, con el nombre del empresario y político David Madí, quien fuera secretario de Comunicación de la Generalitat con Mas como presidente y hombre de su máxima confianza. Madí fue detenido por la Guardia Civil el pasado octubre dentro de la Operación Voloh, en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos al procés. Esta investigación atribuye a Madí haber creado una “unidad clandestina” de contraespionaje en el seno de los Mossos d’Esquadra y estar vinculado a la plataforma Tsunami Democràtic, que dirigió de manera anónima las protestas de octubre de 2019 contra la sentencia del procés.

El tercer documento localizado en las oficinas de Villarejo fue un “conjunto de folios” sobre la financiación de Unió Democrática de Catalunya, la formación política ya extinta y que, junto a Convergència, integró la federación de partidos CiU, hegemónica durante años en el Parlament. Unió reconoció, en 2013, a raíz del denominado caso Pallerols, que se había financiado de forma ilegal a través de unas subvenciones para la formación de parados procedentes de la Unión Europea (UE).

La policía también localizó papeles sobre la Operación Cataluña en el domicilio que el comisario tiene en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, según el documento judicial. Allí, los investigadores intervinieron al menos tres sobre Cataluña. El primero, de cinco páginas, era un informe fechado el 26 de septiembre de 2017 sobre el referéndum ilegal que días después se celebró en esa comunidad autónoma. Los otros dos se refieren a personas concretas cercanas al independentismo: el exdiputado de ERC Ramón Viñals Soler (tres folios) y Xavier Viñals Capdepon (dos). Este último, presidente de la Plataforma ProSelecciones Deportivas Catalanas, fue cesado de su cargo de cónsul honorífico de Letonia en Barcelona tras exhibir una bandera independentista durante la celebración de una Diada. El excónsul, a quien también se le atribuye un papel destacado en el acto reivindicativo que inundó, en 2015, de esteladas el Campo Nou durante un partido de la Champions del Fútbol Club Barcelona, pidió el pasado julio personarse en la causa al considerarse víctima de Villarejo.

Pese a estos hallazgos, ni el juez García-Castellón ni la Fiscalía Anticorrupción han incluido hasta ahora la Operación Cataluña en la investigación judicial del caso Villarejo ni en la pieza separada que ha destapado el espionaje ilegal a Bárcenas. Tres de esos informes —los referidos a Mas, al excónsul de Letonia y a las finanzas de Unió— fueron clasificados por el juez, el pasado abril, como confidenciales al considerar que podían contener “secretos oficiales”, según adelantó Vozpópuli. Fuentes de Anticorrupción señalan que las actividades de la brigada política que revela esta documentación “no encajan en ningún artículo del Código Penal” y, por ello, hasta la fecha sus representantes no han instado a investigarla.

Minutos después de que García Castaño declarara el pasado 14 de diciembre, compareció ante el juez el comisario Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la Policía Nacional cuando se produjo el espionaje a Bárcenas. Señalado en 2017 por la comisión de investigación del Congreso como el auténtico muñidor de la brigada política, el comisario Pino también admitió que las actividades de los integrantes de aquel grupo de agentes fueron más allá de la Operación Kitchen. A preguntas del fiscal Miguel Serrano, el exjefe policial señaló que Villarejo, entonces a sus órdenes, “hacía notas de todo” que luego enviaba a un archivo policial llamado GATI. “También sobre Barcelona”, afirmó a continuación, en lo que fue una confirmación implícita de la presunta participación del policía actualmente encarcelado en una Operación Cataluña que aflora poco a poco entre las rendijas del caso Kitchen.