Cloacas del Estado al rescate del poder

El patriarca de las cloacas del Estado lleva tres años preso. El rey emérito, políticos, banqueros, empresarios y periodistas andan atrapados en las redes del comisario corrupto. Se llama José Manuel Villarejo y trabajó para todos los Gobiernos de la democracia. Tras jubilarse, siguió trasteando con sus empresas, especializadas en resolver problemas mediante prácticas ilegales. Su carrera termina en noviembre de 2017, cuando la Fiscalía logra encerrarle en la cárcel.

Uno de sus trabajos especiales comienza a cocerse en julio de 2009 cuando visita de tapadillo la sede central del PP. Este partido vive sus meses más inciertos, acorralado por el caso Gürtel. Invitado por Dolores de Cospedal, jefa del PP, Villarejo se ofrece a colaborar para arreglarles el problema judicial. Entre la hojarasca de indicios de corrupción en el sumario Gürtel sobresalen las huellas de Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP. El comisario advierte a Cospedal sobre este peligro: “El Bárcenas ha alardeado de que se ha llevado papeles, que los tiene guardados…”.

En diciembre de 2012 llega de Suiza una información explosiva. El extesorero del PP guarda 48 millones en dos cuentas que nunca declaró a Hacienda. El problema se agrava cuando EL PAÍS destapa (31 de enero de 2013) la contabilidad paralela del PP que Bárcenas llevó durante casi 20 años. Era una caja b alimentada con donaciones ilegales de empresarios —ocho millones de euros— para sobresueldos y otros servicios al partido. Esos papeles desencadenan el despido del tesorero. Ya preso, Bárcenas hace una larga confesión al juez sobre la caja b. El PP se tambalea.

En el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández al mando, se pone en marcha la operación “Salvar a Rajoy” de las pruebas que supuestamente oculta Bárcenas. Intervienen los principales jefes de la Policía nombrados por el PP… y Villarejo, el patriarca de las cloacas, quien convence y paga con fondos reservados al topo que necesitan para entrar en la cueva de los secretos de Bárcenas.

El ministro está interesado en la operación y así se lo indica a su número dos, Francisco Martínez, según los mensajes que este ha hecho públicos. El topo, chófer de Bárcenas, consigue los dos móviles y una tableta del extesorero para volcar todo su contenido en un ordenador. Pero aquel botín es inocuo. Durante dos años, ese equipo policial para salvar a Rajoy no consigue nada relevante porque, probablemente, Bárcenas ya se lo ha dado todo al juez.

El Ejecutivo de Rajoy cayó en junio de 2018 por la sentencia del caso Gürtel antes de que estallara el escándalo de la Operación Kitchen. Pero en aquellos meses, los indicios de las actuaciones ilegales dirigidas desde el Ministerio del Interior para tapar los secretos de Bárcenas ya empezaban a aflorar. Las pruebas obtenidas sobre hechos ocurridos en 2013 desencadenan, siete años después, la imputación de la cúpula policial y de los dos principales responsables políticos de Interior: el ministro Jorge Fernández y el secretario de Estado Francisco Martínez. En noviembre pasado, ambos políticos, a los que el PP ya ha jubilado, protagonizan un careo sórdido frente al juez. Ambos intentan eludir su responsabilidad penal sobre el espionaje ilegal a Bárcenas pagado con fondos públicos y destapan nuevos escándalos.

Los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, negocian todavía quiénes se sentarán a partir de febrero de 2021 en el banquillo parlamentario de la comisión de investigación y han subrayado dos nombres en rojo: el jefe de las cloacas, comisario José ­Manuel Villarejo, y el jefe de Gobierno en España entre 2011 y 2018, Mariano Rajoy. Se hace la luz en las cloacas del poder.