La Fiscalía insiste en señalar a Cospedal en el ‘caso Kitchen’

Anticorrupción acusa a la cúpula policial de Rajoy de elaborar un “informe a la carta” para proteger a Villarejo

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, abandona la Audiencia Nacional tras declarar como imputada el pasado 29 de junio.
La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, abandona la Audiencia Nacional tras declarar como imputada el pasado 29 de junio.A. Pérez Meca (Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción no desiste en el caso Kitchen, la investigación judicial sobre la operación “parapolicial” urdida en el Ministerio del Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentos sensibles para altos cargos del PP. El ministerio público no solo recurrió a principios de septiembre la decisión del juez instructor Manuel García-Castellón de desimputar a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de la formación conservadora. En un nuevo escrito enviado a la Audiencia Nacional incide en su tesis de que la expolítica “intervino” junto a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en el proceso de captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.

El ministerio público vuelve a relacionar a Cospedal con la trama a través de Andrés Gómez Gordo, un comisario que intervino en los primeros contactos de los sospechosos con el conductor del tesorero. Gómez Gordo era un hombre muy cercano a la entonces secretaria general del PP. Trabajó como su asesor durante la etapa de la dirigente popular como presidenta de Castilla-La Mancha. Ella lo nombró director general de Documentación y Análisis en la administración autonómica, y le puso un despacho a pocos metros del suyo. Antes, el agente ya había estado empleado también en el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, cuando ejerció como director de Seguridad del Campus de la Justicia —una etapa por la que se encuentra también procesado por su presunta implicación en la trama de malversación derivada de la construcción de este complejo—.

Según los investigadores, Gómez Gordo participó directamente y de forma consciente “en la captación como colaborador del conductor” del matrimonio formado por Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, además de haber reconocido que le pagó con fondos reservados. En su defensa, el exasesor de Cospedal alega que simplemente cumplió las órdenes de sus superiores en la Policía, pero la Fiscalía y el juez instructor consideran que desempeñó un papel “protagonista” en la trama.

Es en ese punto donde el ministerio público traza los vínculos entre la Operación Kitchen y la antigua secretaria general del PP y su marido, según consta en un escrito del 28 de septiembre enviado a la Audiencia Nacional y al que tuvo acceso EL PAÍS. En este documento, Anticorrupción se opone a las pretensiones de Gómez Gordo de anular su procesamiento por el espionaje a Bárcenas. El comisario presentó un recurso contra la decisión del juez donde echaba balones fuera y afirmaba que, además de seguir siempre las instrucciones de la antigua cúpula de la Policía, se limitó a poner en contacto a Ríos con el comisario José Manuel Villarejo.

María Dolores de Cospedal (al fondo), ex secretaria general del PP, con su marido, Ignacio López del Hierro (en primer plano), a la salida del Congreso.
María Dolores de Cospedal (al fondo), ex secretaria general del PP, con su marido, Ignacio López del Hierro (en primer plano), a la salida del Congreso.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El imputado negó, además, que en la captación intervinieran Cospedal y López del Hierro. Pero el ministerio público no le cree. Anticorrupción explica que la “intervención” del matrimonio “queda claramente reflejada” tanto en las anotaciones de las agendas intervenidas a Villarejo, como en las comunicaciones que este segundo comisario mantuvo con el marido de Cospedal durante el periodo que duró Kitchen.

Es más, la Fiscalía recuerda que un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía detalla más de 70 contactos telefónicos entre Villarejo y el entorno de la ex secretaria general del PP durante los meses de la operación de espionaje a Bárcenas. Esas comunicaciones coinciden con apuntes del comisario en sus cuadernos personales, donde escribía el contenido de las conversaciones y sus impresiones. Entre otras notas, justo el día en que se activa el despliegue parapolicial según el juez, Cospedal llama personalmente al comisario y conversan durante 19 segundos. Villarejo plasma entonces en su agenda: “Cospe: Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”. Chisco era Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, a quien la instrucción otorga el papel de coordinador de Kitchen.

El ministerio público, que ha pedido volver a imputar a Cospedal y a López del Hierro en el caso, atribuye a la expolítica un “interés personal” en el despliegue ilegal. Anticorrupción considera que la responsabilidad de Kitchen no se circunscribe solo al Ministerio del Interior y que Cospedal es la pieza que engarza la trama con el seno del PP. Sin embargo, el magistrado García-Castellón descartó esa tesis a finales de julio, cuando decidió archivar la causa contra ella y su marido.

Informe “a la carta”

Varios procesados por la Operación Kitchen, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, han fracasado hasta ahora en su intento de frenar la iniciativa del juez de enviarlos al banquillo. El magistrado García-Castellón rechazó esta semana los recursos que presentaron contra el auto de procesamiento, así como las alegaciones presentadas por otros policías implicados, como el comisario Enrique García Castaño y el inspector jefe José Angel Fuentes Gago.

Sobre este último, “hombre de máxima confianza” de Eugenio Pino, máximo responsable de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, la Fiscalía recuerda que fue el encargado de elaborar un informe para avalar los negocios privados de Villarejo. Un documento que, en opinión del ministerio público, la cúpula del Cuerpo hizo para protegerlo, dándole así una especie de “cobertura a la carta” pese a que la actividad empresarial de Villarejo era “absolutamente incompatible con la normativa de incompatibilidades y prohibiciones aplicables a los funcionarios de la Policía Nacional”.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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