La Fiscalía busca más pruebas contra Cospedal y Rajoy en el ‘caso Kitchen’

La Fiscalía Anticorrupción considera que hay suficientes “indicios de criminalidad” contra la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, “acerca de su participación” en el supuesto espionaje ilegal al extesorero popular, Luis Bárcenas, y su familia, por parte de la cúpula policial del Ministerio del Interior entre julio de 2013 y julio de 2015. La Fiscalía solicita que se les vuelva a imputar tras la decisión del instructor, Manuel García-Castellón, de archivar la causa contra Cospedal y su marido al considerar que no existían suficientes indicios de delito contra ellos.

Anticorrupción desgrana, en un escrito de 90 folios conocido este miércoles, decenas de indicios que, supuestamente, demostrarían la implicación del PP —y no solo del exministro del Interior y los altos cargos de ese departamento— en el caso Kitchen, una operación policial sin autorización judicial planificada para robar documentación a Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009.

La Fiscalía tacha de “extemporánea” la decisión del juez García Castellón de retirar la imputación contra la exlíder del PP pese a los indicios que pesaban contra ella y a falta de practicar algunas diligencias de investigación. En el mismo escrito, Anticorrupción pide la imputación de quien fue director general de la Policía, Ignacio Cosidó, a quien posteriormente el actual presidente del PP, Pablo Casado, nombró portavoz en el Senado. Cosidó siempre ha mantenido que nunca ordenó ni conoció la Operación Kitchen, pese a que la ejecutaron varios comisarios bajo su mando.

La Fiscalía ha recurrido el auto del juez García-Castellón dictado el pasado 29 de julio en el que no solo retiró la imputación contra Cospedal, sino que rechazó la practica de nuevas diligencias pedidas por las partes, puso fin a la investigación y procesó al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; al ex secretario de Estado, Francisco Martínez; y a nueve agentes, entre ellos varios comisarios y el principal jefe policial entre 2013 y 2015.

Anticorrupción explica que las anotaciones de los cuadernos requisados al comisario José Manuel Villarejo; las grabaciones realizadas por éste y los testimonios recabados durante la investigación consolidan la idea de que el operativo Kitchen era conocido por la cúpula del PP, y no solo por la dirección del Ministerio del Interior. En su escrito, la Fiscalía pide la nulidad del auto del juez que pone fin a la investigación y denuncia una “vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva” por cuanto el instructor ha dado por finalizados los trabajos sin responder a los recursos presentados contra la denegación de pruebas o el rechazo a prorrogar el plazo legal de instrucción.

La Fiscalía ha cruzado los datos de los cuadernos de Villarejo, una especie de diario donde escribía comentarios sobre sus contactos con distintas personas; sus grabaciones; y los mensajes de su teléfono móvil enviados y recibidos. De ese trabajo, la Fiscalía deduce que la exlíder del PP estaba al tanto de la captación de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, como confidente policial en la operación Kitchen. Sergio Ríos era amigo de Andrés Gómez Gordo, un policía al que Cospedal fichó como director general cuando fue presidenta de Castilla-La Mancha. La Fiscalía cita en su recurso algunos mensajes enviados por el marido de Cospedal a Villarejo.

El 20 de julio de 2013, Ignacio López del Hierro escribe a Villarejo: “Si tienes problemas, habla con mdc”, iniciales del nombre y primer apellido de Cospedal. El 22 de julio de 2013, le contesta Villarejo: “Todo ha mejorado bastante. Andi. Hoy muy bien. Abz”.

Andi es, según la investigación policial, Andrés Gómez Gordo, el alto cargo de Cospedal que supuestamente facilitó la captación del chófer de Bárcenas como confidente policial.

Teléfono corporativo

La Fiscalía Anticorrupción también señala en su escrito que un informe de la Brigada de Asuntos Internos ha investigado los números de teléfono a los que Villarejo, según su propio testimonio, llamaba para informar sobre el desarrollo de la Operación Kitchen. Uno de esos teléfonos, según Asuntos Internos, corresponde al Partido Popular aunque no se ha identificado aún quien era su propietario.

Villarejo aseguró que informaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a través de estos teléfonos. La Fiscalía quiere que se amplíe la investigación para determinar quién era el usuario de ese teléfono corporativo del Partido Popular.

La sala de apelaciones y el propio juez García Castellón tendrán que responder en las próximas semanas a todos los recursos que se han presentado contra el auto de procesamiento del caso Kitchen.

Tanto los principales acusados en esta causa —el exministro Jorge Fernández; y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez— como las principales acusaciones populares del PSOE y Podemos y la Fiscalía Anticorrupción han criticado con dureza la resolución del juez por distintos motivos, coincidiendo todos en que se cerró la investigación sin que se hubieran practicado las diligencias necesarias.