La Fiscalía recurre el cierre del ‘caso Kitchen’ al ver “suficientes indicios de criminalidad” contra Cospedal
Anticorrupción considera prematuro el fin de la investigación contra la exsecretaria general del partido y pide nuevas diligencias sobre la supuesta relación entre Mariano Rajoy y el comisario Villarejo
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un recurso de apelación contra el auto del juez Manuel García Castellón que pone fin a la investigación del caso Kitchen, el supuesto espionaje ilegal al extesorero del PP por parte de la cúpula política y policial del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para robar documentación que pudiera incriminar a la formación conservadora y al Gobierno de Mariano Rajoy. La Fiscalía entiende que de la investigación se desprende que existen “suficientes indicios de criminalidad” contra María Dolores de Cospedal, exsecretaria general de los populares, por lo que ha solicitado a la Audiencia Nacional que inste al juez a imputarla de nuevo, así como a seguir investigando los datos que apuntan a que Mariano Rajoy estaba al tanto de los manejos del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Anticorrupción considera “prematuro” el fin de la investigación que decidió en julio el instructor del caso, Manuel García Castellón, sin que se hubieran llevado a cabo diligencias importantes para la causa que había pedido la propia Fiscalía, según indicaron a EL PAÍS fuentes de la Audiencia Nacional, donde se instruye esta causa.
Es uno de los motivos que esgrimen los fiscales en el recurso que han presentado este lunes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con el que piden que se revoque el auto en el que el juez cerró la instrucción. En su recurso, explica la Fiscalía en un comunicado, también piden que se requiera al PP que informe sobre quién tenía asignado un número de teléfono mediante el que, según dijo el comisario jubilado José Manuel Villarejo, se comunicaba con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a quien dijo mantenía informado de la operación.
El magistrado dictó auto de procesamiento el 29 de julio pasado contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y nueve policías, entre ellos quien fuera director adjunto operativo, Eugenio Pino, y los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño. El mismo magistrado decidió archivar la causa abierta contra María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP cuando ocurrieron los hechos, al considerar que los indicios existentes eran insuficientes para sentarla en el banquillo.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recurrido también la decisión del juez al considerar, como la Fiscalía, que hay que practicar las diligencias solicitadas por Anticorrupción unas semanas antes de que el instructor pusiera fin a la investigación. Fernández Díaz recuerda que su nombre no aparece en los papeles de Bárcenas y por tanto no tiene ningún interés en la causa, a diferencia de lo que ocurre con los principales dirigentes del PP durante el periodo comprendido entre 1990 y 2009. Además, señala en su recurso que Bárcenas era tesorero del PP y no tesorero del Ministerio del Interior, y que su número dos, Francisco Martínez, pudo recibir órdenes para llevar a cabo la operación desde otros ámbitos, como el PP o el propio Gobierno, sin que él lo supiera. Fernández Díaz niega que diera órdenes para espiar a Bárcenas y asegura que las pruebas que presentó su número dos para acusarle son falsas.
“El origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho Ministerio. Y precisamente a Jorge Fernández Díaz no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial en la Pieza Separada papeles de Bárcenas. No se ha relacionado nunca su nombre con este asunto, por lo que no tenía interés o motivación especial en una operación policial dirigida a sustraer información de aquella investigación judicial”, señala el abogado del exministro en el recurso presentado.
El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha intentado demostrar la participación del exministro en los hechos a través de sendas actas notariales donde se incluyen diversos mensajes de WhatsApp, que probarían que quien le ordenó poner en marcha esa operación de espionaje ilegal a Bárcenas fue su jefe directo, el exministro Jorge Fernández Díaz. Pero este ha intentado demostrar, sin éxito, que no envió los mensajes. El aparato desde el que envió las supuestas órdenes a su número dos sobre la operación ilegal no ha podido ser analizado porque el exministro solo ha aportado el terminal nuevo que todavía conserva, donde no figuran esos mensajes.
Respecto a la responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy o de la cúpula del PP en los hechos que se investigan, Martínez declaró en su última comparecencia ante el juez que la decisión de investigar a fondo a Bárcenas se tomó en un Consejo de Ministros de agosto de 2013 y que de hecho le indicaron que hablase con el director del CNI, entonces Félix Sanz Roldán, por si le podía facilitar información sobre los movimientos del extesorero del PP.
La Operación Bárcenas, según el 'número dos' de Interior
Francisco Martínez relató así en su última comparecencia judicial los motivos que llevaron a activar el espionaje a Bárcenas y a su familia en el verano de 2013: “Lo que se plantea, en un nivel en el que desde luego yo ni participaba ni tomaba decisiones, es decir, en el nivel del Consejo de Ministros o del Gobierno, es que hay que conseguir que todo lo que pruebe las responsabilidades penales individuales del señor Bárcenas tiene que ponerse a disposición de la justicia y que esa investigación tiene que ser exhaustiva. Y por eso el ministro me dice en esa fecha que me va a dar un contacto con el CNI para que yo coordine, que era mi función coordinar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con otros servicios extranjeros o con servicios nacionales, y para que yo coordine la posible puesta a disposición de los investigadores de información sobre esta cuestión que pudiera tener el CNI".
"Yo le digo que estaré pendiente, me dice que me lo dará después, cuando hablamos después, y esa parte ya no aparece en los mensajes. Me dice que contacte directamente con el director del Centro Nacional de Inteligencia con el cual yo hablaba con bastante frecuencia por razones elementales. Yo hablo con el CNI, que me dice que ciertamente para ellos esa no es una cuestión que esté dentro del ámbito de su actividad de inteligencia y demás, pero que como ellos tienen obviamente acceso a muchísima información, que por supuesto si tuviesen acceso a una información directamente relacionada con dinero en el extranjero, testaferro, etcétera, etcétera, del señor Bárcenas o de su entorno, la pondría por los conductos habituales a disposición de la policía."
"Esa es la conversación y el contexto del mensaje. ¿Por qué yo lo protocolizo? Porque a mí desde el inicio de esta pieza, desde el informe de la Unidad de Asuntos Internos de octubre de 2018, se me atribuye un papel de coordinador de lo que se califica como una operación clandestina, parapolicial e ilegal. Y con esto pretendo tratar de acreditar que difícilmente en una operación clandestina, parapolicial e ilegal podría yo tener este tipo de conversación e interlocución con el director del Centro Nacional de Inteligencia. Que eso lejos de ser parapolicial y clandestino era una operativa normal, por la cual los cuerpos comparten información, con todas sus dificultades, con otros servicios y en concreto con el CNI. Ese es el objetivo”.
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