Una “misión” ordenada por el ministro Fernández Díaz

Corría el verano de 2013 cuando, tras varias insinuaciones, el extesorero popular Luis Bárcenas se disponía a dar el paso que desencadenaría la tormenta perfecta contra el PP, entonces en el Gobierno con Mariano Rajoy. El antiguo responsable de las finanzas del partido conservador, que había llevado de su puño y letra durante 20 años la contabilidad de la caja b, se encontraba cercado por el caso Gürtel y decidió tirar de la manta. El 15 de julio, sentado ante Pablo Ruz, entonces juez de la Audiencia Nacional, relató el sistema de financiación irregular que había nutrido las arcas de su formación; los supuestos sobresueldos entregados durante lustros a los principales cargos del partido, y las donaciones de empresarios nunca declaradas a Hacienda. Un relato explosivo que desató las alarmas en la fuerza política que ocupaba La Moncloa con mayoría absoluta.

Ocho años después de aquel episodio, otro magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, da por finalizada la investigación sobre la Operación Kitchen, el despliegue “parapolicial” de espionaje precisamente urdido en aquella época contra Bárcenas para evitar que llegaran a manos de Ruz más documentos que pudieran implicar a altos cargos del PP, según explica el juez. Un dispositivo irregular ideado en el seno de las instituciones del Estado; que se activó después de que se enviara al extesorero a prisión provisional y solo cuatro días antes de que este acabara confesando en la Audiencia Nacional. Un entramado que señala directamente como máximo responsable a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y uno de los colaboradores más fieles del expresidente Rajoy.

“En una fecha que no se ha podido determinar entre 2012 y 2013, al parecer, Jorge Fernández Díaz, máximo responsable político de Interior, con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez —quien fuera primero su jefe de gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad— a poner en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar en poder de Bárcenas”, resume García-Castellón, que ha sacado de la ecuación a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. El objetivo lo deja claro: “Sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza sobre los papeles de Bárcenas”, revelados por EL PAÍS en enero de 2013.

Planificación y órdenes

A partir de ese momento, según los indicios recogidos por el sumario, el secretario de Estado de Seguridad asumió la “coordinación” de Kitchen, cuya “planificación” se encomendó al comisario Eugenio Pino, máximo mando operativo de la Policía Nacional, señalado también como el presunto muñidor de la policía patriótica y a quien el Ejecutivo conservador había situado al frente del Cuerpo. Según García-Castellón, tras recibir las órdenes de la cúpula del Ministerio, Pino “encargó” la materialización de la operación a un grupo de comisarios liderados por José Manuel Villarejo, que contó con la colaboración en un primer momento de Marcelino Martín Blas, al frente de la Unidad de Asuntos Internos; y posteriormente de Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), grupo encargado de las operaciones encubiertas.

A ellos se sumó, además, el inspector jefe Andrés Gómez Gordo —ascendido posteriormente a comisario—, que conocía desde hacía tiempo a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas. Entre todos, captaron al conductor como confidente, quien llegó a sustraer presuntamente tres dispositivos móviles al extesorero, que entregó a García-Castaño en un restaurante para que sus agentes descargaran su contenido en un ordenador. A cambio de sus revelaciones, la trama pagó a Ríos un sueldo mensual de 2.000 euros que salía de los fondos reservados, le facilitaron una pistola y amañaron su entrada después en la Policía, según detalla el juez.

Un operativo del que nunca se informó al instructor que investigaba a Bárcenas y que incluyó la entrada irregular en un estudio de la mujer del extesorero para buscar los papeles que este podía guardar allí. Y que, además, tuvo éxito. “Dicha documentación se habría localizado e incautado en fecha no determinada, pero que puede situarse en octubre de 2013, y se encontraría, al menos, en poder de García Castaño, al que Villarejo habría reclamado insistentemente una copia”, concluye el juez.