La abogacía del Estado defendió ante el juez “la necesidad” de seguir investigando la caja b del PP

La Abogacía del Estado defendió ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz “la necesidad” de continuar la investigación sobre la caja b del PP, pese al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que ya se habían practicado las diligencias “que se han estimado necesarias para el esclarecimiento de los hechos”. La Abogacía del Estado, que defiende en la causa los intereses de la Hacienda Pública, lo hizo en un escrito fechado el pasado 8 de julio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, después de que el magistrado preguntara a las partes si debía prorrogar seis meses más la causa que sigue por las donaciones de empresarios al partido a cambio supuestamente de la adjudicación de contratos públicos al haberse finalizado el plazo inicial fijado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las acusaciones populares también se mostraron partidarias de continuar las pesquisas, mientras que el PP, que figura en la causa como responsable civil subsidiario, pidió el sobreseimiento de la causa. Finalmente, el juez Pedraz acordó dar por concluida, más de ocho años después de su apertura, la investigación de los llamados papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en enero de 2013. El magistrado aún tiene que decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva el sumario. La pasada semana recibió un informe de la Policía que documenta decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica, cuyo presidente, Alfonso García Pozuelo, ha confesado haber hecho donaciones al PP para hacerse con adjudicaciones de obra pública.

En su escrito, anterior a este último informe policial, la Abogacía del Estado defendía que la investigación de esta parte de la causa de la caja b del PP —la parte referida al supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede de la calle Génova ya ha sido enjuiciada y está pendiente de sentencia— cumple los requisitos fijados por la ley para prorrogar las pesquisas al considerar que se encuentran pendientes de recibir “diversas diligencias de instrucción como los informes sobre los expedientes de contratos requeridos a distintos ministerios y organismos, de cuya ultimación es probable que se derive la necesidad de nuevas diligencias”. Por ello, concluye que la prórroga de la instrucción de la causa por otros seis meses, como contempla la ley, “se revela como necesaria”.

Por el contrario, Anticorrupción se posicionaba, días después, contraria a esta extensión de las pesquisas al considerar que, si bien había diligencias aún en trámite, este hecho no era motivo suficiente para justificar la prórroga. No obstante, la Fiscalía apuntaba en su escrito, fechado el pasado 13 de julio, la posibilidad de pedir nuevas diligencias si la declaración que tres días más tarde iba a prestar el extesorero del PP Luis Bárcenas —para “ampliar los hechos” que recogía la confesión por escrito que presentó el pasado enero— así lo aconsejaba. No fue así y, el pasado 22 de julio, el juez Pedraz dictó un auto en el que rechazaba acordar la prórroga de la investigación. El magistrado aclaraba que esta finalización no afectaba a las peticiones de documentación e informes a la policía que se hubiesen solicitado antes de emitirse este auto, que podrán incorporarse al caso y utilizarse en un futuro juicio.

La decisión del juez ha supuesto un jarro de agua fría para las acusaciones, que representan a Izquierda Unida, el Observatorio DESC y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), y que habían pedido que se prolongara seis meses más la instrucción de la causa. Por el contrario, el PP no solo había pedido el fin de las pesquisas, sino también el archivo de las actuaciones “por falta de indicios de criminalidad”.

En su escrito, el abogado de la formación, Jesús Santos, calca los argumentos que ya esgrimió en su alegato final en el juicio celebrado por las obras de la sede, en el que el PP estaba como responsable civil subsidiario. Así, carga contra Bárcenas, cuyo credibilidad pone en tela de juicio, y al que acusa de tener “espurias intenciones” por sus acusaciones contra dirigentes populares. Eso sí, el PP, como ya hizo también en la primera vista por la caja b, admite que una parte de los apuntes de la contabilidad manuscrita han sido corroborados por testigos: “Es verdaderamente llamativo que solo el 3,7% de los apuntes que constan en los famosos papeles de Bárcenas hayan podido ser contratados con testificales”.

E, incluso, pone en duda el testimonio de varios de estos testigos. En realidad, la investigación ha dado por documentados más de medio centenar de los 459 apuntes y tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, en sus sentencias sobre la llamada Época I del caso Gürtel, afirmaron con rotundidad que “no quedan dudas” de la existencia de una caja b en el PP, que se nutrió durante 20 años de las aportaciones económicas que hacían empresarios a cambio de la supuesta adjudicación de obras públicas.