La Audiencia Nacional da por finalizada la investigación de ‘los papeles de Bárcenas’

El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, da por finalizada la investigación del caso de los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en enero de 2013. Más de ocho años después de la apertura de las pesquisas y tras cerrarse de forma parcial en 2015, el magistrado ha decidido no prorrogar la instrucción, según consta en un auto dictado este jueves. Esta decisión llega en un caso que se ha juzgado ya en parte, pero que mantenía activa otra parte centrada actualmente en las donaciones de empresarios a la caja b de la formación conservadora a cambio presuntamente de adjudicaciones públicas. De hecho, el extesorero popular Luis Bárcenas declaró el pasado 16 de julio sobre ello y, aunque no concretó qué mordidas se dieron para conseguir proyectos, señaló a los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los Gobiernos de José María Aznar como conocedores de la trama.

“Visto el actual estado de la causa, no procede acordar la prórroga”, resume Santiago Pedraz en su escrito de este 22 de julio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde añade: “Sin perjuicio de la práctica y la recepción de las diligencias ya acordadas”. Es decir, el juez concreta que las peticiones de información e informes a la policía que se solicitasen antes de emitirse este auto podrán incorporarse al caso y utilizarse en un futuro juicio. Varias acusaciones populares, como Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), habían pedido que se prolongara seis meses más la instrucción.

Las pesquisas de los papeles de Bárcenas han sufrido multitud de vaivenes desde su apertura en marzo de 2013 como una línea de investigación del caso Gürtel, bautizada dentro del macrosumario como pieza separada Udef-Bla. El magistrado Pablo Ruz, entonces responsable del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, asumió la instrucción tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía que vinculaba la contabilidad secreta del extesorero popular con la trama liderada por Francisco Correa, que cerca al PP desde 2009 y que ya se ha saldado con la condena del partido por beneficiarse de la red de corrupción.

La investigación dio un primer salto mayúsculo el 15 de julio de 2013, cuando Bárcenas confesó por primera vez ante el juez. Entonces reconoció la caja b y aseguró que parte de la reforma de la sede de Génova 13 se pagó con dinero negro —la Fiscalía Anticorrupción calcula que se abonaron así más de 1,5 millones de euros entre 2006 y 2008—, pero rechazó de forma general que las donaciones de los empresarios tuvieran por objetivo la adjudicación de obras concretas, salvo un proyecto de Castilla-La Mancha. Esa versión cambiaría finalmente este 2021, cuando envió un escrito al ministerio público donde admitía por primera vez la “naturaleza finalista” de esas entregas de efectivo: es decir, eran una “contraprestación por porcentaje a la adjudicación de una obra o servicio público”. Algo que la policía ya había dado antes por documentado, gracias a sus propias averiguaciones.

Pero hasta llegar a ese punto se tuvo que recorrer un largo camino. En 2015, ante las dificultades para conectar las donaciones con adjudicaciones concretas —un dato clave para las imputaciones de cohecho—, el juez Ruz tomó una decisión importante. El magistrado dio por finalizada la instrucción por primera vez con una doble medida dentro de la pieza separada Udef-Bla. Por un lado, dio carpetazo a la línea de las pesquisas sobre las donaciones de empresarios, aunque consideró veraces estas entregas de dinero. Y, por otro, envió a juicio la parte de la investigación que versaba sobre la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, que se ha juzgado este año y que se encuentra pendiente de sentencia.

De esta forma, la instrucción sobre los empresarios permaneció cerrada dos años. Hasta que en 2017, ante la aparición de “elementos nuevos”, el juez José de la Mata decidió reabrirla. Por entonces, De la Mata había sustituido a Ruz en el puesto y había comenzado el juicio por la trama principal de Gürtel. Una vista oral que resultó decisiva: se produjeron las primeras confesiones del empresario Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, y de Correa. El primero especificó que había dado dinero a la red de corrupción para que se lo entregaran a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras. El líder de la trama, por su parte, respaldó esa versión: “Cuando salía una licitación, García-Pozuelo me llamaba si estaba interesado”.

A estas declaraciones se sumó, además, el hallazgo de una nueva grabación en las pesquisas del caso Lezo, sobre la trama de corrupción urdida en torno a la figura de Ignacio González, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Los investigadores encontraron un audio donde Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II y hombre de confianza de González, conversa sobre el pago de mordidas con Rafael Palencia, que encabezaba la compañía Degremont, también adjudicataria de contratos públicos.

Toda esta batería de indicios y pruebas ha propiciado que, desde entonces, la UDEF haya dado ya por documentada “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de varios proyectos a Degremont y los presuntos pagos efectuados por responsables de esta compañía a la caja b del PP. Además, también se han puesto bajo sospecha otros contratos de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y, como adelantó EL PAÍS, se ha puesto la lupa sobre 600 millones en obras concedidas a Constructora Hispánica durante los Gobiernos de José María Aznar a través de cinco ministerios, Adif y Renfe.

Pedraz, que sustituyó en el juzgado a De la Mata, resalta en varios de sus últimos autos que la instrucción ya permite afirmar indiciariamente que se creó en el PP “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el partido” a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”. Los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, apuntó el magistrado.