Bárcenas expone nuevos delitos e infracciones que tiene que probar

Las revelaciones de Luis Bárcenas ante el juez Pablo Ruz describen infracciones administrativas (vulneración de la ley de Incompatibilidades, de la ley de Financiación de Partidos Políticos, cobro de sobresueldos no declarados o incompatibles con el cargo...). Y, además, apuntan a la comisión de al menos cuatro delitos: cohecho, contra la Hacienda pública (que de confirmarse absorbería otro delito contable derivado de la tenencia de una caja b en el partido), delito electoral y otro tráfico de influencias. Pero, jurídicamente, no basta con decir que se han cometido tales delitos o infracciones. Ni tampoco una anotación sin contraste en un papel. Los investigadores analizarán primero que no estén prescritos y luego si están acreditados. Y, según fuentes de la investigación, las nuevas aportaciones obligan a ampliar las pesquisas, si bien, de momento, no suponen una variación sustancial de la causa ya en marcha.

En las diligencias de los papeles de Bárcenas básicamente se estaban investigando dos delitos: el de cohecho (dar dinero al partido a cambio de obras públicas) y el fiscal (la recepción en el PP en los últimos 20 años de 7,5 millones de euros en donaciones anónimas e ilegales que, por un lado, no estarían declaradas al fisco y, por otro, fueron parcialmente usadas para pagar sobresueldos a los principales dirigente que ha tenido el partido en las últimas dos décadas (Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato…). Sobresueldos que, supuestamente, tampoco fueron declarados por sus perceptores.

El extesorero se cuidó mucho de involucrarse en los nuevos delitos

El nuevo abanico delictivo desplegado por Bárcenas es, si se confirmase, amplio y grave. Pero en contra tiene la prescripción y la necesidad de acreditarlo. No basta un papel con una anotación ni el mero testimonio de Bárcenas. El extesorero afirmó ayer que la contabilidad opaca del PP que publicó EL PAÍS hace cinco meses es “auténtica”. Esto, dicho por alguien que resulta ser el tesorero y que se reconoce su autor material de la caja b, supone un plus inicial de veracidad. “No es cierto lo que dije en declaraciones anteriores”. Así inició Bárcenas su declaración ante el juez y los 18 abogados que asistieron a su esperado interrogatorio. Pero a pesar de su acto de contrición, su credibilidad está por los suelos. Ha mentido reiteradas veces a los largo del proceso.

Su declaración de ayer, en la que aportó los documentos originales de la caja b del PP, tampoco es ninguna garantía de que prosperen los delitos que enumeró. Ni, a juzgar por lo que ha trascendido, es determinante como para que varíe sustancialmente las líneas de investigación judicial, centradas hasta ahora en el delito fiscal y en el de cohecho.

La declaración de Bárcenas parte de poca credibilidad por sus mentiras

Los investigadores judiciales indagan delitos, y no van a entrar de lleno en si el PP obtuvo donaciones ilegales, ni en si los perceptores de los sobresueldos violaron la ley de Incompatibilidades al haber compatibilizado esos abonos con sus sueldos de ministros del Gobierno de José María Aznar, ni tampoco en si las donaciones excedieron el límite de 60.000 euros máximo por donación, persona y año que hasta 2007 establecía la ley de Financiacion de Partidos Políticos. Todo eso son infracciones administrativas, pero no delitos.

De los papeles de Bárcenas se desprenden indiciariamente delitos fiscales y de cohecho. Pero el juez se ha encontrado con que, salvo los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, los anteriores estarían prescritos. Los pagos de los empesarios al partido, los que incumplían la ley (los superiores a los 60.000 euros) los está analizando Ruz desde una vertiente tributaria penal. Su objetivo es determinar si la suma total de aportaciones (en un solo ejercicio) alcanza la cuota tributaria de los 120.000 euros (delito fiscal). Por eso Bárcenas dejó ayer los papeles de su caja b a un lado y avanzó hasta los años 2009 y 2010. Declaró que en esos dos años dio un total de 50.000 euros a Mariano Rajoy y 45.000 a Dolores de Cospedal. No han transcurrido cinco años y, por tanto, tales ejercicios no están prescritos. No obstante, la recepción de ese dinero, aunque fuese cierta, no constituye delito fiscal. Para que lo hubiera, es necesario que en un mismo año Rajoy y Cospedal hubieran percibido y no declarado algo más de 250.000 euros cada uno (cantidad que sí alcanzaría la cuota penal tributaria de los 120.000 euros). De ser ciertas tales entregas (que los supuestos perceptores niegan, al margen de que no hay por ahora ningún recibí que las demuestre), el fisco puede abrir a Rajoy y Cospedal un expediente por fraude y exigirles las oportunas multas. Pero no es delito fiscal. Lo mismo sucede con los demás sobresueldos que aparecen en los papeles de Bárcenas. Ninguno de los supuestos perceptores se acercan a la cuota de los 120.00 euros.

La investigación está centrada ahora en delitos fiscales y de cohecho

Consciente, pues, de la prescripción que ronda sobre la mayoría de las anotaciones de sus papeles, Bárcenas apuntó ayer a hechos más recientes. E introdujo ante Ruz un delito electoral, que conlleva penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese delito implicó a Rajoy al decir que el empresario Juan Miguel Villar Mir (del grupo OHL) entregó 300.000 euros al partido durante la pasada campaña electoral, la que llevó a Rajoy en 2011 a La Moncloa. Asegura que Rajoy fue informado de esa entrega y que comentó que se diese ese dinero a José Manuel Romay Beccaría, entonces el tesorero. Villar Mir y Rajoy lo niegan. Está prohibido recibir donaciones en campaña electoral. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció la convocatoria de las elecciones para el 20 de noviembre de 2011 el 29 de julio de ese año. La supuesta entrega de Villar Mir se produjo en septiembre, pero aún no en campaña.

La palabra de Bárcenas, sin más pruebas, tampoco valdría ni compromete a Rajoy desde una perspectiva penal.

Los investigadores exigen determinar quién paga y a cambio de qué obra

El extesorero confirmó también que en las últimas dos décadas el PP ha dispuesto de una contabilidad b y que durante este tiempo el partido se ha financiado ilegalmente con donaciones al margen de la ley y procedentes de empresarios que recibían a cambio contratas públicas. El gerente y luego extesorero del PP entre 1990 y 2008, preso en la cárcel de Soto, descargó la responsabilidad contable en su antecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta. Él era, dijo, quien llamaba a los cargos del PP para que atendieran a los donantes del partido interesados en determinadas obras públicas. También aquí es su palabra contra la de Lapuerta. Bárcenas se cuidó muy mucho de erigirse en protagonista de las operaciones fraudulentas que denunció para no aumentar sus problemas judiciales. No obstante, en su afán por inculpar a Cospedal, desveló su propia mediación en una operación que, según él, propició Cospedal, y que supuso una aportación al partido de 200.000 euros por parte del empresario Luis del Rivero, de la constructora Sacyr, a cambio de una contrata del Ayuntamiento de Toledo. Bárcenas señaló que dispone de un recibí de esa suma de dinero y sitúa a Cospedal como la ideóloga de la operación. Cospedal lo negó. Si Bárcenas dispone de un recibí solo indicaría que se ha producido una entrega de dinero al PP, pero no que fuese a cambio de una obra. Y los investigadores, para delimitar el cohecho, exigen detalles muy concretos de quién paga, quién media y de la obra objeto del canje.