La policía logra documentar el nexo de los pagos a Bárcenas con la adjudicación de contratos públicos

El calvario judicial del PP no cesa. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha logrado documentar el presunto delito de cohecho en la causa de la caja b del partido, una línea de investigación que se descartó hace un lustro ante la falta de pruebas y que se ha reactivado tras los indicios surgidos en otras pesquisas, como la Operación Kitchen o el caso Lezo. En dos nuevos informes incorporados al sumario, los agentes señalan un “conjunto de irregularidades” que vinculan adjudicación de obra pública con pagos al partido.

La conclusión de los investigadores de la UDEF, a la que se suma también el juez instructor José de la Mata en un auto del 14 de septiembre, resulta determinante: se aprecia “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de tres proyectos por parte de entidades públicas a la empresa Degremont y los presuntos pagos efectuados por responsables de esta compañía al PP. Unas palabras que suponen un paso clave para la policía. Por primera vez, se ha conseguido recabar toda una batería suficiente de indicios e “irregularidades” que conectan las donaciones de los empresarios al partido conservador con los contratos de obras públicas que se otorgaron por administraciones dominadas por esta formación.

El avance no resulta nada baladí, ya que la propia UDEF tuvo que dar carpetazo en 2014 a esta línea de la investigación ante la dificultad de demostrar que existía una relación entre los pagos millonarios al partido y las adjudicaciones. “Con la información de la que se dispone en estos momentos”, no es posible establecer “una vinculación directa”, escribían los agentes hace seis años, antes de que el juzgado cerrase también esta parte de las pesquisas. El instructor de la Audiencia Nacional que entonces llevaba el caso, Pablo Ruz, daba por veraces estas donaciones ilegales que figuran en los papeles de Bárcenas (la caja b del PP durante 20 años), publicados en enero de 2013 por EL PAÍS. Pero para poder imputar a alguien había que documentar quién paga, quién recibe, cuándo y a cambio de qué.

Así que no fue hasta 2017 cuando su sucesor en el puesto, el magistrado De la Mata, reabrió esta línea ante la aparición de “elementos nuevos” que le permitían seguir indagando. Desde entonces, el juez y los agentes han ido recabando documentación y testimonios de sospechosos —como declaraciones de los implicados en juicios de otros casos relacionados o grabaciones incautadas en otras pesquisas—. Todo ello, con el objetivo de tratar de probar el “sistema” que Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que fueron tesoreros del PP, y Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, “definieron e implementaron para obtener fondos ilícitamente para el PP y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias”, según dice el sumario.

Informes de la UDEF

En el caso concreto que permite “encajar” la vía del cohecho, la UDEF centra sus sospechas en el posible amaño de tres adjudicaciones del Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de Madrid y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento a la compañía Degremont, encabezada por Rafael Palencia. Según los informes de la Policía, del 15 de septiembre y a los que tuvo acceso EL PAÍS, este empresario aparece en una grabación hablando con Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II y hombre de confianza del expresidente madrileño Ignacio González, sobre los “mecanismos empleados para lograr las adjudicaciones de contratos públicos”.

Los investigadores especifican los tres proyectos bajo sospecha. El primero, un contrato de explotación de la depuradora Viveros de La Villa, adjudicada por Canal en diciembre de 2006. “Existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 35.000 euros registrada en la contabilidad [en b] gestionada por Bárcenas”, extesorero del PP, dice el magistrado sobre este caso, donde señala también a Ignacio González. El segundo: un contrato de mantenimiento y conservación de la depuradora La Gavia, para la que Bárcenas “puso en contacto a Rafael Palencia con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007”. Y el tercero: la redacción del proyecto de construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de la depuradora Monte Boyal (Toledo), adjudicada por el Sepes: “Existe una correlación con una entrega de 60.000 euros registrada en la contabilidad de Bárcenas equivalente al 2% del importe de adjudicación sin IVA”.

Con la idea de ahondar en la investigación y tras la petición de los agentes, De la Mata ya ha ordenado a las entidades públicas implicadas en estos proyectos que le remitan toda la documentación que tengan (incluidos emails y dispositivos electrónicos usados por quienes participaron en ellos). El instructor de la Audiencia busca atar las irregularidades que le relata la UDEF: como contratos con “un grado excesivo de discrecionalidad” o que “carecen de motivación”, que lleva a adjudicaciones que han “vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”.