La policía pide al juez recabar nuevos indicios y reactiva el caso de la caja b del PP

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha pedido permiso al juez José de la Mata, que investiga la caja b del PP, para recopilar una enorme cantidad de documentos supuestamente relacionados con la financiación irregular de los populares. Los agentes quieren investigar “los procesos subyacentes” que pudo haber detrás de varios proyectos adjudicados por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y la empresa madrileña del Canal de Isabel II, a los que vinculan con la cúpula de dos compañías que “entregaron fondos” al partido conservador. Esta iniciativa se adopta después de que el magistrado haya reactivado estas pesquisas a raíz de las revelaciones de la Operación Kitchen de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, entre otros casos.

Según consta en una “solicitud de medidas de investigación” de la UDEF, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y fechada el pasado 3 de agosto, los investigadores quieren recopilar más material sobre dos proyectos. Sobre una adjudicación del Sepes para la “construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de una estación depuradora en Casarrubios del Monte (Toledo) en 2003”; y sobre otro contrato del Canal de Isabel II, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, para el “servicio de explotación” de varias estaciones depuradoras de aguas residuales de la capital en 2006.

Con el objetivo de ahondar en ambos, la policía pide al magistrado que abra cinco nuevos frentes para recopilar nueva documentación: con el Sepes, con el Canal de Isabel II, con la compañía Suez Treatment Solutions S. A. (heredera de las dos empresas bajo sospecha, Degremont S. A. y Odeaon Degremont S. A), con la Agencia Tributaria y con el Ayuntamiento de Madrid. Los investigadores solicitan poder dirigirse a sus principales responsables para, entre otras medidas, hacerse con los expedientes de contratación “en formato papel”; con las “notas internas” relacionadas; con e-mails; con “apuntes auxiliares manuscritos”; con documentos digitales; con los discos duros y otros dispositivos electrónicos de almacenamiento que hubieran usado los implicados. Esta petición se encuentra incorporada al tomo cuarto del sumario de la pieza reservada abierta por De la Mata sobre Kitchen.

Los agentes también quieren recopilar de Hacienda cualquier expediente abierto entre 2003 y 2009 contra las empresas investigadas “en relación con la existencia de elementos que impliquen un elevado riesgo fiscal por haber retirado o ingresado en entidades financieras un significativo importe de dinero en efectivo empleando billetes de elevada denominación (500 euros)”. Al Ayuntamiento de la capital le piden documentación vinculada a los sistemas de depuración bajo sospecha.

La UDEF argumenta que, “para conseguir definir la realidad de las operaciones más allá de lo que se muestra ante el exterior”, se requiere poner en marcha nuevas iniciativas para “obtener vestigios que permitan el esclarecimiento de los hechos, la reconstrucción del tracto temporal de los actos del expediente de contratación y la definición de la participación de las personas en los mismos”. “En el ámbito de la investigación de este tipo de actuaciones delictivas, se considera imprescindible contar con información que proceda de fuentes cerradas, con el fin de conocer la realidad de las operaciones, dado que se siguen procedimientos basados en la confianza entre personas que no se muestran al exterior”, remachan los investigadores. En definitiva, quieren bucear en sus comunicaciones internas en busca de pruebas.

Con esta iniciativa, la UDEF trata de ampliar las pesquisas iniciadas por De la Mata, que en un auto fechado el pasado 16 de abril exigía una primera documentación sobre los contratos de Degremont, compañía vinculada al empresario Rafael Palencia. Con ese escrito, el magistrado reactivaba esta parte de la investigación sobre la caja b tras hallar nuevos indicios, como ha avanzado eldiario.es. Ahora, después de recibir la solicitud de la policía del 3 de agosto, el juez de la Audiencia Nacional ya ha pedido la opinión de la Fiscalía sobre la recopilación de este nuevo material solicitado, según consta en un auto del pasado 19 de agosto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. De momento, se desconoce la respuesta del ministerio público.

Como detalla el sumario, los empresarios colaboraban con el PP mediante la “aportación de fondos en calidad de donantes, ya fuera para campañas electorales o para la financiación de otros proyectos, como por ejemplo la reforma de una sede de la formación política”. “Los fondos se entregaban a cambio de la facilitación por parte de [Álvaro] Lapuerta y Bárcenas de contactos directos con el responsable político del poder adjudicador de contratos públicos que en cada caso interesara, durante la tramitación del expediente de contratación pública, con quien negociar la obtención del contrato público en que estaba interesado el empresario”, afirma el juez.