Guía para seguir el juicio sobre la caja b del PP

El juicio por el caso de los papeles de Bárcenas, que EL PAÍS reveló en enero de 2013, comienza este lunes en la Audiencia Nacional casi seis años después de que el magistrado instructor José de la Mata diese por concluida la línea de investigación principal. Pese a que solo cinco personas se sientan en el banquillo y las penas planteadas por la Fiscalía están lejos de las solicitadas en otras causas de corrupción, la trascendencia política de esta cita no se le escapa a los partidos. El tribunal tendrá que pronunciarse sobre la caja b que el PP mantuvo durante casi 20 años y sobre la reforma de su sede, pagada presuntamente con dinero negro. Todo ello, con la reciente confesión de Luis Bárcenas, extesorero popular, como telón de fondo y en plena campaña electoral en Cataluña.

Qué se juzga. De la Mata pone sobre la mesa toda una batería de presuntas irregularidades a enjuiciar. Aunque los magistrados que sentenciaron la pieza principal del caso Gürtel, conocida como Época I, ya concluyeron que hay una “prueba de cargo válida y suficiente” para concluir “la existencia de una caja b”, será este nuevo tribunal quien entre a fondo en la cuestión. Según la investigación, el PP contó con un sistema de “financiación ajeno al circuito económico legal” desde, al menos, 1990 a 2008. Un plazo que Bárcenas amplía hasta 1982, según su confesión enviada el pasado 26 de enero a la Fiscalía Anticorrupción, donde añade que esta contabilidad paralela se nutría de donativos en negro que aportaban “personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”.

Ese dinero, ajeno a todo control, se destinó a diversos fines. El instructor consideró que se cuenta con indicios suficientes para demostrar que se gastó, por ejemplo, en complementos de sueldo a cargos del partido como compensación por su dedicación a la actividad política —el extesorero popular habla, entre otros, de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Rodrigo Rato— y en ayudas a personas vinculadas con el partido que habían sufrido el terrorismo etarra. También se usó para pagar supuestamente parte de la remodelación de la sede de los populares en la madrileña calle de Génova. Otra parte, añade el auto de la Mata, se la quedaron Bárcenas y su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, fallecido en 2018, que manejaban el flujo de esos cientos de miles de euros.

Otro fleco clave que se abordará en la vista pasa por la tributación del PP, que no presentó en 2008 la correspondiente declaración del impuesto de sociedades. “En consecuencia, dejó de declarar ante la Hacienda el importe del conjunto de las donaciones recibidas, las cuales aparecen anotadas en los registros contables opacos de Bárcenas y Lapuerta”, apuntó De la Mata. En el juicio no se analizará, en cambio, la línea de investigación abierta sobre el delito de cohecho, que aún sigue en instrucción y donde se trata de conectar las aportaciones de los empresarios con la concesión de obra pública. Como avanzó EL PAÍS, se sigue la pista a 600 millones adjudicados por el Gobierno de Aznar y otros contratos otorgados en la Comunidad de Madrid.

Los acusados. Solo cinco personas se sientan en el banquillo. La cara más conocida es la de Bárcenas, gerente y tesorero de la formación desde 1990 hasta 2009, condenado ya a 29 años de cárcel por Época I. Pero otro antiguo alto cargo del PP lo acompaña: Cristóbal Páez, quien ocupó el puesto de adjunto al gerente nacional y quien presuntamente recibió 12.000 euros en billetes de 500 euros como “sobresueldo”. A su lado estarán el arquitecto Gonzalo Urquijo y Belén García, administradores de Unifica, empresa que reformó la sede de Génova; y Laura Montero, directora de proyectos de la compañía. El PP y Unifica, como personas jurídicas, también se encuentran procesadas como responsables civiles subsidiarios.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y resto de acusaciones les atribuyen delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, contra la Hacienda y apropiación indebida.

Las penas. En su escrito de acusación, la Fiscalía pide cinco años de cárcel para Bárcenas; 18 meses para Páez; y 3 años y 10 meses para Urquijo y García. La Abogacía del Estado solicita, por su parte, 3 años para el extesorero; 1 año para Páez; y 5 años y 9 meses para los administradores de Unifica. Unas condenas que las acusaciones particulares y populares, que incluyen también a Laura Montero entre los implicados en la trama, elevan hasta 35 años para Bárcenas y Páez, y hasta 19 años para los otros tres. También se exige que el PP sea condenado al pago de más de un millón de euros como responsable civil subsidiario.

Principal prueba. Los bautizados como papeles de Bárcenas, revelados por EL PAÍS el 30 de enero de 2013, constituyen la principal prueba. La Fiscalía los define como unas “hojas a modo de contabilidad paralela que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro de Lapuerta”. En ellas se reflejaba un dinero que, “siempre en efectivo y ajeno a todo control, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho” del primero de ellos. La confesión de Bárcenas servirá para apuntalar estos documentos, aunque algunos —como Pío García Escudero, expresidente del Senado— ya reconocieron haber recibido el dinero que reflejaban esos apuntes contables.

Los magistrados. La composición del tribunal ha revelado otra de las batallas del PP. Los populares recusaron a uno de los jueces que iba a formar parte de este, José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia de Época I. Una iniciativa que aceptó la Audiencia Nacional. De esta forma, la terna final la componen Fernando Andreu, a quien el partido conservador también trató de apartar; José Antonio Mora Alarcón, que ejercerá de presidente; y María Fernanda García, que será la ponente de la sentencia.

Las sesiones. La Audiencia ha previsto que el juicio se desarrolle a lo largo de 46 sesiones, que comienzan este lunes con la fase de cuestiones previas —a la que seguirán las declaraciones de los acusados— y se prolongarán hasta el 20 de mayo. Decenas de testigos desfilarán también ante el tribunal: el primero será la persona que elija el PP para representarlo como persona jurídica, que declarará el 11 de febrero, según la agenda que manejan los magistrados. A continuación, le tocará al exdiputado Jorge Trías, uno de los primeros cargos políticos que reconoció la existencia de la contabilidad paralela.

Después, aunque todavía no hay fecha fijada, llegarán los platos fuertes. Entre otros, se ha citado a José María Aznar y Mariano Rajoy, expresidentes del Gobierno y antiguos líderes de la formación; a Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, ex secretarios generales del partido; al exvicepresidente Rodrigo Rato; a los exministros Federico Trillo y José María Michavila; a Pío García Escudero, expresidente del Senado; al expresidente balear Jaume Matas; y al exsenador Luis Fraga, sobrino del fallecido Manuel Fraga, fundador del PP. Varios de ellos aparecen en los papeles de Bárcenas como presuntos perceptores de sobresueldos.

A su vez, también se ha convocado como testigos a empresarios que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas, como Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso; o José María Villar Mir, expresidente de OHL. También Alfonso García Pozuelo, el dueño de Constructora Hispánica, condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, que confesó que había pagado a Francisco Correa, cabecilla de la red de corrupción, a cambio de la adjudicación de obra pública. Rafael Palencia, de Degremont, es otro de los testigos citados: en una grabación, reconoce haber entregado dinero de forma periódica a Bárcenas y Lapuerta.