La Policía pone bajo sospecha obras del Gobierno de Aznar por 600 millones en el caso de la caja b del PP

La reactivación del caso de los papeles de Bárcenas da un nuevo salto. La Policía Nacional, que investiga la relación entre la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios a la caja b del PP, ha enviado un informe al juez donde pone bajo sospecha hasta 23 adjudicaciones de cinco ministerios, Adif, Renfe y la Agencia Tributaria, entre otros, durante el último mandato de José María Aznar (2000-2004). La Audiencia Nacional debe aprobar ahora si se indaga sobre estos proyectos, que suman casi 600 millones de euros.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fechado este 24 de noviembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, centra el tiro en Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica y condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I. Los agentes se fijan en las donaciones en dinero negro que este empresario hizo al PP y, ante la sospecha de que pagó comisiones ilegales a cambio de contratos amañados, quieren analizar los expedientes de esos 23 proyectos otorgados entre 2002 y 2004 a su compañía. “Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente a Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP”, subraya el documento incorporado al sumario.

El juez Pablo Ruz, primer instructor del caso sobre la supuesta financiación ilegal de los populares entre 1990 y 2009, ya imputó a los empresarios que aparecían en la contabilidad paralela. Todos ellos declararon en la Audiencia Nacional y negaron los pagos que el extesorero Luis Bárcenas apuntó en sus papeles. El juez pidió entonces un informe sobre la posible vinculación entre las donaciones y los contratos adjudicados por distintas administraciones gobernadas por el PP, pero la Intervención General del Estado sostuvo que era imposible acreditar las sospechas. Así que la causa se estancó durante años, hasta que ha revivido con nuevos descubrimientos.

García Pozuelo confesó en el juicio de Época I que pagó a Correa, cabecilla de la trama, a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Correa era el intermediario entre las administraciones del PP y los constructores. En el interrogatorio, la fiscal preguntó a García Pozuelo con qué finalidad entregaba el dinero, a lo que este contestó:

—Era para Organismos Centrales, no recuerdo ni para qué ni para quiénes, porque hace muchos años. Me está usted hablando de hace muchísimos años.

Fiscal: “¿Usted sabe si iban a ser destinados parcialmente a Bárcenas o a Jesús Merino?”

Pozuelo: “Una vez, Correa me dijo que de esos fondos participaba Bárcenas. A Merino no lo conozco, ni he hablado con él”.

A esta confesión le puso la guinda Correa en el mismo juicio con una información adicional: “García Pozuelo lo dijo claramente aquí el otro día. Dijo Administración central porque eran obras de la Administración central. No porque él hablaba directamente con la Administración central. Eran obras de la Administración central… obras importantes de la Administración central. En las que yo esas, sí las gestionaba con Luis Bárcenas”.

Cinco ministerios

García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica entre 1992 y 2009, fue condenado en ese juicio a dos años de prisión, sustituibles por multa, por un delito de “cohecho continuado”. Su nombre aparece en nueve ocasiones en los papeles de Bárcenas entre 1998 y 2006 con aportaciones de entre 12.000 y 60.000 euros, que suman más de 258.000 euros. Según destaca el informe de la UDEF, en el periodo bajo sospecha, su empresa recibió 224 contratos de la Administración central por un valor superior a 1.000 millones de euros. También, “231 contratos de órganos públicos gobernados por el PP” por más de 1.400 millones.

Con todos esos datos como anclaje, la UDEF sostiene que hay elementos “objetivos, subjetivos y temporales” que evidencian el nexo entre las donaciones y la concesión de proyectos. “Las entregas de dinero realizadas entre 2002 y 2006 son coetáneas con los procesos de tramitación de los expedientes de contratación de los que resultó adjudicatario”, insisten los agentes, que piden al juez José de la Mata que aprueba esta nueva línea de las pesquisas. Y quieren que, entre otros documentos, exija a Fomento (actual Ministerio de Transporte) los expedientes de cinco carreteras; a Adif, de cuatro tramos del tren de alta velocidad; a Interior, de la comisaria de Xirivella (Valencia); a Defensa, de un nuevo acuartelamiento en Paracuellos del Jarama; a la Agencia Tributaria, de un edificio en Avilés; a Turespaña, del parador de Lorca; a Educación, de la rehabilitación de la nueva sede del Archivo Histórico Nacional; y a Medio Ambiente (actual Ministerio de Transición Ecológica), de la restauración de las marismas de Santoña y Noja.

Otros proyectos bajo sospecha son, por ejemplo, la construcción de un aparcamiento otorgada por Renfe o una plataforma del aeropuerto de Barajas (Madrid) dado por Aena.

La UDEF intenta así sumar nuevas pruebas del cohecho que investiga De la Mata desde que reabriera hace tres años esta parte de la causa. De momento, sus pesquisas se habían centrado en adjudicaciones, principalmente en la Comunidad de Madrid, a la empresa Degremont, encabezada por Rafael Palencia. Pero los agentes dan ahora un salto mayúsculo y ponen la diana en la Administración central. Y lo hacen cuando faltan apenas unas semanas para que comience otro juicio contra el PP por Gürtel: sobre la parte de la investigación de los papeles de Bárcenas relativa a la reforma de la sede de la calle Génova. En esa vista oral, que está prevista que arranque el 8 de febrero, se sentarán en el banquillo Bárcenas, el exgerente popular Cristóbal Páez y tres responsables de la compañía contratada para la obra, además del partido como persona jurídica y como responsable civil subsidiario.