Una sentencia que no borra la financiación ilegal del PP

El fallo del Supremo que considera que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gurtel no juzga la caja b del PP ni puede hacerlo ha servido este miércoles a Pablo Casado para decir desde la tribuna del Congreso que la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno estaba basada en una mentira. La supuesta mentira era la financiación ilegal del PP. Pero el Supremo no se pronuncia en su sentencia sobre si existió o no la financiación ilegal, tan solo señala que no puede haber responsabilidad penal del PP por esos hechos sin acusación o defensa. O lo que es lo mismo, que en el juicio de la primera etapa del caso Gürtel no se dirimía la financiación ilegal del PP. Sin embargo, la sentencia sí ratifica otro de los hechos que motivó aquella moción de censura. El Supremo certifica que el partido de Mariano Rajoy y Pablo Casado se lucró a cuenta de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Y además, avala la condena a Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, por apropiación indebida de fondos de la caja b del PP.

Sobre la financiación ilegal, las menciones a la caja b volverán a aparecer, y con más fundamento, cuando se celebre el juicio por unos hechos que se investigan desde hace siete años en la Audiencia Nacional.

El sumario del denominado caso de los papeles de Bárcenas, que instruye el juez De la Mata en la Audiencia Nacional, ha reunido decenas de pruebas de la existencia de una contabilidad paralela en el Partido Popular que se ocultó al fisco entre 1990 y 2009 y donde se registraron donaciones ilegales de contratistas públicos que sirvieron para financiar múltiples gastos de la formación conservadora.

De los más de 400 apuntes que el extesorero Luis Bárcenas escribió en su cuaderno durante casi 20 años, al menos 55 están acreditados por la documentación que obra en el sumario o por los testimonios de las personas que recibieron el dinero. Hay 16 apuntes de ingresos en el banco de Vitoria, situado bajo la sede nacional del PP, que prueban como las cantidades en dinero negro entregadas por los empresarios en Génova, 13, eran troceadas e ingresadas el mismo día como donativos anónimos, siempre por debajo de 60.000 euros, cantidad máxima permitida por la ley. Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, recuperó 150.250 euros por la venta de unas participaciones de Libertad Digital compradas con dinero negro de la caja b del PP. Los dirigentes navarros Jaime Ignacio del Burgo y Calixto Ayesa han reconocido 25 apuntes de los cuadernos de Bárcenas sobre el dinero que uno le daba al otro sin que Hacienda lo conociera. Eugenio Nasarre, al frente de la Fundación Humanismo y Democracia recibió 70.000 euros de la caja b del PP en dos entregas, y así lo ha reconocido al juez. Pío García Escudero, expresidente del Senado, también admitió que el partido le adelantó 12.010 euros que figuran en los apuntes de Bárcenas para las obras de reforma de su vivienda, destrozada por un atentado de ETA. Cristóbal Páez, exgerente del PP, le contó al juez que le pagaron dos sobresueldos de 6.000 euros que no tuvo que declarar a Hacienda y que procedían de la caja b. El expresidente balear, Jaume Matas, consiguió dinero negro del PP para pagarse el alquiler de una casa en Madrid… El PP pagó una parte de las obras de reforma de su sede con dinero negro de la caja b. El dueño del despacho de arquitectura que cobró esos servicios está también imputado por estos hechos.

En la contabilidad paralela que Bárcenas controló durante 20 años figura también el pago de sobresueldos trimestrales a quienes fueron durante esa etapa secretarios generales o vicesecretarios del PP. Los nombres de Mariano Rajoy, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos o Dolores de Cospedal figuran en los papeles de Bárcenas recibiendo trimestralmente cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 7.500 euros. Todos ellos han declarado al juez en calidad de testigos que nunca cobraron esos sobresueldos. En la causa no hay pruebas de esos pagos más allá del testimonio del propio Bárcenas y de las grabaciones del comisario José Manuel Villarejo, quién sostiene que Rodrigo Rato le contó un día que cobró esas cantidades y que en la fila para recibir los sobresueldos estaba también Mariano Rajoy.

Los dos jueces que redactaron la sentencia de la primera etapa del caso Gürtel escribieron que el PP tenía “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”. Tras reflejar en la sentencia la existencia de esa caja b con la que el PP se financió ilegalmente durante 20 años, los magistrados añaden: “Estos últimos aspectos que se describen [la existencia de la contabilidad paralela] son únicamente para precisar el contexto en el que se imbrican los hechos objeto de este enjuiciamiento, pero quedando fuera de su ámbito de conocimiento”.

Los jueces solo debían juzgar a la trama corrupta que durante años colonizó numerosas Administraciones públicas gobernadas por el PP consiguiendo contratos a dedo a cambio de sobornos a sus dirigentes. Uno de los principales imputados, luego condenado, en esa causa fue Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP entre 1990 y 2009. Los jueces, para sustentar todos los delitos imputados a Bárcenas, relataron en la sentencia la existencia de una caja b en el PP.

Ahora el Supremo considera que esos hechos no eran motivo del fallo judicial de la Audiencia Nacional. Un extraño alivio para el PP, según lo interpretó su líder, Pablo Casado. Pero esa circunstancia no servirá para tapar los 20 años de funcionamiento del partido con prácticas ilegales, según la investigación judicial, ahora agravadas por el conocimiento de la Operación Kitchen, el pago de fondos reservados a confidentes en una operación de espionaje ilegal para destruir pruebas contra el Gobierno de Mariano Rajoy, según ha destapado el juez Manuel García Castellón y han reconocido varios policías que participaron en el montaje.