El principal investigador de Gürtel acusa a la cúpula policial del PP de torpedear las pesquisas

El principal investigador policial del caso Gürtel y de la caja b del PP, el inspector Manuel Morocho, detalló al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón maniobras de la cúpula del cuerpo en 2015 para apartarle de esa causa sobre corrupción en el partido conservador, lo que afectó al ritmo y la profundidad de las pesquisas. Morocho, cuyo número de carné profesional, 81.067, figura al pie de los informes más sensibles sobre Gürtel, es ahora uno de los testigos de referencia del caso Kitchen, la trama parapolicial para arrebatar al extesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores para el PP.

En su declaración ante el juez, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el policía manifestó que nunca le informaron sobre la existencia, en 2013 y 2014, de una operación encubierta de seguimiento y vigilancia a la familia de Bárcenas, montada con el pretexto de apoyar a su unidad en el caso Gürtel. Porque en realidad, según Anticorrupción, la llamada Operación Kitchen no buscaba aportar datos a la investigación que dirigía Morocho bajo la dirección de Pablo Ruz, entonces juez de la Audiencia Nacional. El dispositivo urdido en el Ministerio del Interior y al que se destinaron fondos reservados, supuestamente trataba de arrebatar a los parientes de Bárcenas, mientras este estaba en prisión, papeles incómodos para los líderes populares. Y, de paso, ponerlos fuera del alcance judicial. Kitchen es una de las 25 piezas separadas del macrosumario Tándem sobre los negocios corruptos del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017.

Morocho, jefe de uno de los grupos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, testificó ante García-Castellón el 21 de febrero de 2019. Relató que, cuando la investigación sobre Gürtel se encontraba a pleno rendimiento, fue convocado al despacho de Eugenio Pino, director adjunto operativo —máximo mando uniformado— de la Policía e imputado en Kitchen. Pino, nombrado por el ministro Jorge Fernández Díaz, es considerado el urdidor de la llamada policía patriótica, el grupo de miembros de la cúpula del cuerpo que usaba recursos públicos y filtraba informes apócrifos sin control judicial para dañar a Podemos o al independentismo y favorecer al PP.

El alto mando, según Morocho, le dio la “orden” de que se trasladase a la Dirección Adjunta Operativa para ponerse bajo sus consignas directas. “Me dijo que, a partir de ese momento, necesitaba que estuviera allí (…) no tenía posibilidad de decir que no”, explicó el inspector al juez. El traslado, que comenzó en enero de 2015 y se prolongó durante un año y medio, se revistió administrativamente bajo el paraguas de una atribución temporal de funciones.

Morocho trató de resistirse y explicó a sus superiores que ese traslado iría en detrimento de las pesquisas de Gürtel. Según su versión, sus jefes inmediatos le dijeron que el movimiento no les parecía correcto e incluso que era “inaceptable”. Sin embargo, pesó más la ascendencia de Pino y el principio de jerarquía, y el traslado no se logró frenar: “Me tuve que mover físicamente y compartía despachos en ambos sitios, tratando de cumplir lo que se me había obligado a hacer [mientras] seguía asumiendo el rol de responsable” de la investigación sobre los vínculos entre las empresas de Francisco Correa y el PP, así como la caja b del partido conservador. Morocho no era una pieza cualquiera: era quien monitorizaba y dirigía la instrucción en la UDEF.

“Intuí que no se tenía muy claro qué hacer conmigo”, denuncia el inspector sobre su cambio. “Se me dijo que era para apoyar investigaciones o análisis de documentación financiera que estaban trabajando allí, y que necesitaban un experto para evaluarlo”, se arranca Morocho a lo largo de una declaración cargada de resignación. Entonces, el fiscal le pregunta directamente si interpretó ese movimiento como “un apartamiento” para afectar a las pesquisas de Gürtel. “Efectivamente”, responde el inspector, “mi primera impresión fue: me quieren quitar de aquí con el fin de que no pueda desarrollar mi actividad normal”. Y remacha: “El tiempo que estuve allí, pese a que intenté llevar a término y compatibilizar ambas cosas, lo que generó es que el procedimiento fuera decayendo y se generaran retrasos en la elaboración de informes que se han ido acumulando en el tiempo”. “Se resintió mi labor de dirección de los informes en el procedimiento”, se lamenta.

El comisario Enrique García Castaño, imputado en Kitchen, ha admitido ante el juez que Interior le transmitió que había que descubrir “si Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del PP en los que aparecía la financiación que había recibido el PP de donaciones, los pagos en B que se habían hecho...”. Según señala la propia UDEF, con Kitchen buscaban sabotear las pesquisas y otorgar a los dirigentes del PP un “arma para negociar”. El juez ya ha imputado a Fernández Díaz y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido lo propio para María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del partido, pero de momento se ha rechazado.

Un informe sobre Villarejo

Durante su declaración, Morocho subraya que su labor dentro de la Dirección Adjunta Operativa fue estéril. Elaboró varios documentos sobre lo que se le encargaba, pero finalmente no se los entregó a nadie porque, cuando transmitía verbalmente o por escrito sus conclusiones a los superiores, estos le indicaban que “ya no eran de interés”, relató. Uno de esos análisis tenía que ver, por ejemplo, con el comisario Villarejo. El inspector cuenta al juez que recibió un documento del Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) sobre los negocios de Villarejo y que, tras analizarlo, consideró que existían indicios de lavado de dinero.

Morocho enumera al magistrado todas las irregularidades que detectó: estructuras societarias, operaciones inmobiliarias y flujos de dinero sospechosos; utilización de territorios que no son “cooperantes en materia de información financiera”; o uso de presuntos testaferros. Todo ello se lo indicó entonces al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que trabajaba para Pino, pero este no quiso saber nada del asunto.

“Me dijo que era un tema de unas sociedades que se crearon en una época política anterior, vinculadas a una dinámica de lucha contra ETA... No obstante, me dijo que se lo dijera al director adjunto operativo por si este quería conocer el resultado. Se lo dije, y este me dijo que no quería saber nada sobre el particular”. En ese momento, en la cúpula de la Policía se había abierto un expediente, encomendado a Fuentes Gago, sobre las posibles ilegalidades de los negocios sucios de Villarejo. Ese expediente se archivó.

Morocho aprovecha su declaración ante García-Castellón para recalcar que, aunque la cúpula policial del PP se escude en que Kitchen se puso en marcha para tratar de recuperar el dinero evadido por Bárcenas en paraísos fiscales, la investigación de Gürtel que él dirigía nunca supo de su existencia y, además, “no había ningún interés objetivo en contar con un apoyo de inteligencia policial para potenciar la investigación del delito de blanqueo de capitales”. Y relata que tenía algunas sospechas de que “algo estaba ocurriendo” y que había “cierta ansiedad” entonces en la dirección del cuerpo por si Bárcenas tenía más información: “Por si la podía sacar o no, y si podía involucrar a determinadas personas del PP o del Gobierno”.