Los flecos de Kitchen que la acusación quiere investigar

El magistrado Manuel García-Castellón cerró el pasado jueves la investigación sobre la Operación Kitchen de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, pero la partida todavía sigue. Varias partes personadas en el procedimiento han detallado a EL PAÍS que recurrirán la decisión del juez, que exculpa en su auto a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y señala como máximo responsable de la trama a Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. García-Castellón tomó la iniciativa de no prorrogar la instrucción en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, las acusaciones populares, los perjudicados y distintas defensas.

El ministerio público considera que quedan muchos hilos de los que tirar. Sin embargo, “este instructor ha alcanzado la convicción de que la fase preparatoria [previa al juicio oral] ha llegado a su fin”, resumió García-Castellón en su auto, donde reprochó duramente la práctica de nuevas pruebas solicitadas por la Fiscalía: “Todas deben ser desestimadas. Son innecesarias, inútiles y, en algún caso, impertinentes y ausentes de toda fundamentación”. El fallo del juez circunscribió así la trama a Interior y a su antigua cúpula policial. Y deja, según la línea mantenida hasta ahora por Anticorrupción y las acusaciones populares, varios flecos sin resolver.

El material “sustraído”. El juez repite que existen “abundantes indicios” de que la trama se hizo con información que “almacenaba” Bárcenas antes de que la consiguiera el juez que investigaba el caso Gürtel, pero no se ha podido concretar qué material “sustrajeron” —solo se cuenta con la versión ofrecida por el extesorero, que afirmó que entre lo robado se encontraba el audio de una supuesta conversación que mantuvo con Mariano Rajoy sobre la caja b del PP—. Con el objetivo de profundizar en este punto, Anticorrupción solicitó interrogar de nuevo al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los policías imputados, sobre un apunte de las agendas del comisario José Manuel Villarejo que dice: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago”. Pero el magistrado lo rechaza: “Ya no estamos en el momento de indagar cómo recuperar esta información, sino de enjuiciar a quienes pudieron participar en el hecho aparentemente delictivo”.

García-Castellón dice que, “visto el tiempo transcurrido”, es “remotamente útil” abrir esa línea de investigación: “Cuando aquel o aquellos que pudieran haber retenido [la información] habrían dispuesto del tiempo y de la capacidad necesaria para deshacerse de la misma, y sin que, hasta el momento, se haya encontrado”.

Parte política. El instructor mantiene que Kitchen buscaba evitar que el juez de Gürtel, que cercaba al PP, accediera a más información en poder de Bárcenas. Pero García-Castellón, a la vez, sostiene que no existió ninguna “trama política” más allá de Interior, descartando así implicar a la exdirección del partido. Una tesis que choca frontalmente con la de la Fiscalía, que señala sin paliativos a Cospedal y que pidió sin éxito, “ante las actuaciones que vienen a poner de manifiesto la posible implicación de [más] responsables políticos”, citar también como imputado a Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y exportavoz popular en el Senado, a quien Villarejo y Eugenio Pino, entonces máximo responsable operativo del Cuerpo, señalaron como conocedor de la operación.

Además, un informe de la Policía elaborado por el principal investigador de Gürtel también asegura que, dentro de la “estructura” que urdió Kitchen, un “primer nivel o línea corresponde al ámbito político, conformado por la formación que coadyuva a la definición de los objetivos estratégicos y a la puesta en marcha de la operación”.

El juez rechaza también indagar más sobre las reuniones entre Villarejo y Cospedal. La Fiscalía cree que el comisario le suministró información secreta de Gürtel, pero el instructor dice que no hay indicios de ello. Además, el magistrado considera que no puede desprenderse ningún ilícito penal de esas citas —amparadas por el “derecho de reunión”, escribe—, que la exsecretaria general redujo a “tres o cuatro” antes de que su antiguo jefe de gabinete la contradijera y ampliara esos encuentros a, al menos, “ocho o diez”.

Boicot a Gürtel. El ministerio público está convencido de que Kitchen fue un capítulo más de un largo boicot al caso Gürtel y que incluyó chivatazos de Villarejo, también al PP. En las agendas del comisario se encontró un apunte que revela el supuesto aviso que el policía dio a uno de los procesados por la trama —Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla— días antes de las detenciones de los implicados en la red liderada por Francisco Correa. Un chivatazo que Panero confirmó este mismo julio en declaraciones al diario La Razón y que provocó que Anticorrupción pidiese citarlo a declarar. Una iniciativa que el juez rechaza por “no guardar relación” con Kitchen.

Más implicados. La Fiscalía cree que el asalto del falso cura a la vivienda de Bárcenas pudo tener vinculación con Kitchen y que, incluso, “otros servicios de seguridad” del Estado pudieron estar detrás. Por ello, pidió al juez que se identificara a los funcionarios de Policía que visitaron en la cárcel al secuestrador de la familia de Bárcenas, y los “motivos” de esos encuentros. Pero el juez descarta profundizar en ese punto porque, según dice, no existen indicios suficientes que vinculen ese episodio con la trama parapolicial.

No es la primera vez que se señala más allá de Interior. El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, apuntó en su teléfono que “otros servicios intervinieron”, según consta en los informes elaborados sobre el móvil que le fue intervenido. Además, el ex número dos de Interior aseguró al juez que llegó a contactar con el CNI para ver si tenían información sobre Bárcenas después de que Fernández Díaz se lo dijera.