El Congreso ratifica que Rajoy fue el responsable político de la ‘Operación Kitchen’

El pleno del Congreso ha ratificado este jueves por amplia mayoría el dictamen de la comisión de investigación que señala al que fuera presidente del Gobierno y líder del PP Mariano Rajoy y a su número dos en el partido, la exministra María Dolores de Cospedal, como máximos responsables “políticos” de la llamada Operación Kitchen, el espionaje ilegal al extesorero Luis Bárcenas durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Sobre Rajoy, el documento añade que era ”objetivamente uno de los máximos beneficiarios” del posible éxito de la trama parapolicial “como posible responsable de su financiación irregular [de su partido] y de la percepción de sobresueldos de procedencia irregular”.

Durante el trámite de este jueves, se ha admitido una enmienda acordada por PNV y PSOE que, si bien mantenía en su práctica totalidad las conclusiones del texto aprobado en la comisión, matizaba cuatro de ellas y rebajaba, por ejemplo, el valor del testimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que ahora tilda de “demasiado poroso”. El documento también ha recogido como novedad una referencia a los “daños de difícil o imposible reparación para el crédito y el prestigio” de la Policía Nacional que ha provocado la trama que aún se investiga en la Audiencia Nacional.

El resultado final de la votación no ha deparado sorpresas. Se aprobó con el respaldo del PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, ERC, Ciudadanos y PNV, entre otros (195 votos, más de los que obtuvo cuando se votó en la comisión para su remisión al pleno), frente a los 91 en contra de PP y Foro Asturias, y las 63 abstenciones, entre ellas las de Vox. El debate fue bronco por momentos, con referencias cruzadas entre partidos a casos de corrupción. Salvo el PP y Foro Asturias, que coincidieron en acusar el resto de partidos de convertir la comisión en un “juicio sumarísimo” a los populares, la mayoría de los grupos coincidieron en recalcar la gravedad de los hechos conocidos.

El documento finalmente aprobado concluye que “la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al Partido Popular sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”. El dictamen incide en que la operación se dirigió desde tres lugares. El primero, la sede del PP, “con conocimiento” de Cospedal, que “informaba” a Rajoy. El segundo, el Ministerio del Interior, donde Fernández Díaz “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo”. Y un tercero con “epicentro” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, que dirigía el comisario Eugenio Pino.

“La finalidad de la Operación Kitchen —concluye el texto— era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la administración de justicia e, incluso, de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial. Y para esta finalidad de interés particular exclusivo del Partido Popular se utilizaron presuntamente fondos reservados y efectivos policiales”, añade. En el añadido que se ha hecho en este último trámite, el texto incide en Rajoy es “acreedor de responsabilidad política in vigilando [expresión latina empleada en derecho para señalar la responsabilidad de vigilar] o de una responsabilidad vicaria [por negligencia] por los graves hechos que se sucedía en el Ministerio del Interior de su Gobierno”.

Pese al amplio apoyo al dictamen, algunos grupos que han votado a favor han lanzado críticas al texto final al considerar que tenía carencias. En concreto, que no se instase al Gobierno a emprender reformas legales para evitar que se vuelvan a producir hechos similares. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha reclamado cambios en las normas que rigen el uso de los fondos reservados tras constatarse que sirvieron para financiar la trama. “¿Ahora qué hacemos para desmontar las cloacas [del Estado] y toda esa red de cañerías que lleva décadas en funcionamiento?”, ha preguntado tras recordar que la Operación Kitchen no era el primer caso de prácticas irregulares en Interior ni, auguró, será el último. En la misma línea, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha cuestionado “cuántos Villarejo hay ahora en la policía”, para terminar admitiendo que el voto afirmativo de su grupo, pese a las carencias del texto, era casi inevitable “porque si no, al final, nos quedaríamos sin conclusiones”.

Ismael Cortés, de Unidad Podemos —socio de Gobierno, pero que no participó junto al PSOE en la elaboración del documento final— ha lamentado que la propuesta de resolución que su grupo presentó junto a otros partidos de izquierda, y en la que se recogía también la necesidad de adoptar medidas, no fuera aprobado. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha lanzado una propuesta para alcanzar un pacto de Estado “para no tolerar la corrupción”.

El representante socialista, Felipe Sicilia, el último en intervenir, ha defendido el texto final y, en especial, las referencias explícitas a la responsabilidad política de Rajoy y Cospedal. Sicilia ha insistido en que no era creíble que el ministro Fernández Díaz hubiera tomado supuestamente la decisión de poner en marcha el espionaje ilegal a Bárcenas sin recibir la orden de un superior. “Ese era el presidente del Gobierno”, ha añadido.

El portavoz socialista ha recordado las dos sentencias judiciales que han confirmado la existencia de una caja b en el PP —y cuya existencia Rajoy negó durante su comparecencia ante la comisión, como denuncia el dictamen aprobado— y ha enmarcado la Operación Kitchen como una secuela más de la corrupción de los populares: “Era una trama corrupta para tratar de tapar otra trama corrupta”, ha dicho en referencia al intento de los policías de sustraer documentos incriminatorios que sirvieran a la investigación judicial que entonces se seguía en el caso Gürtel.