La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo

La jueza que instruye la causa penal de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha emitido este lunes dos autos y una providencia. En el primer auto, la instructora desestima la solicitud de la acusación popular que ejerce Hazte Oír de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, pues la solicitud se basa en el mensaje que éste envío a las 22:50 horas del 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Es decir, “la hora en que se produce el intercambio del mensaje, a las 22:50 horas, se aparta radicalmente del momento en que se produjo el proceso de toma de decisiones”, precisa la magistrada. El mensaje Es-Alert a los móviles de la ciudadanía se envió a las 20.11, cuando la mayoría de las 230 víctimas mortales ya había fallecido.

De esta manera, a juicio de la instructora, la prueba trataría “de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de la investigación”, según recoge la nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Por otro lado, el escrito recoge que no consta que el presidente del Gobierno, “a diferencia del Sr. Alberto Núñez Feijóo, estuviera informado en tiempo real por el sr. Mazón de la emergencia, por lo que el supuesto es claramente diferente”. Ruiz Tobarra acordó el pasado viernes la declaración como testigo del líder del PP con el fin de desgranar sus conversaciones con Mazón el día de la gota fría después de que el dirigente asegurara que su homólogo valenciano le había informado “en tiempo real” de la evolución del temporal. Además, la magistrada ofreció a Feijóo la posibilidad de presentar voluntariamente y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, mensajes, correos electrónicos y wasaps que recibió de Mazón el día de la tromba.

En el segundo auto, la juez desestima el recurso de reforma interpuesto por una acusación particular contra la denegación previa de citar a declarar como testigos a los bedeles del Palau de la Generalitat, pues es “altamente improbable” que éstos “escucharan algún tipo de conversación relacionada con la gestión de la emergencia”, a la vista del “escaso tiempo que hubo de permanecer el señor Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat”.

Finalmente, la magistrada ha dictado una providencia en la que, entre otras cosas, acuerda oficiar a la Dicción General de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Dgtic) de la Generalitat para que informe si es factible recuperar los mensajes de whatsapp intercambiados por el entonces secretario autonómico del Gabinete de Presidencia y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, con el entonces presidente de la Generalitat del móvil corporativo que el primero tenía asignado y cambió por otro terminal en junio de 2025.

Cuenca aseguró a la magistrada en sus dos declaraciones como testigo que no dio órdenes a la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, a pesar de que esa desvelara mensajes de whatsapps como “Salo, de confinar nada por favor. Calma”. También se negó el pasado viernes a entregar su móvil aduciendo que era “para proteger su intimidad”. En su primera visita al juzgado ya avisó de que había perdido todos sus mensajes con Mazón porque supuestamente se cambió el teléfono y no hizo copias de seguridad. La petición fue formulada inicialmente por la acusación popular representada por la CGT y posteriormente se han sumado los letrados de Acció Cultural del País Valencià y Compromís.

Un careo judicial entre Pradas y Cuenca

Por otra parte, este mismo lunes, una de las acusaciones populares en la causa penal sobre la dana, Acció Cultural del País Valencià, ha solicitado este lunes que se celebre un careo entre el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y la exconsejera de Interior Salomé Pradas, para aclarar “contradicciones” en sus afirmaciones. Además, ha planteado a la jueza de Catarroja (Valencia) que se requiera a la dirección general de la Abogacía General de la Generalitat que informe sobre las “consultas verbales o escritas” de altos cargos de la entonces consejería de Justicia e Interior o de Presidencia de la Generalitat sobre un “hipotético confinamiento” de la población la tarde de la dana, el 29 de octubre de 2024.