Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso

El centro de acogida para menores extranjeros de La Cantueña (Fuenlabrada) echó a andar a finales de 2024 sin duchas ni camas adecuadas, y con obras aún en marcha, según un informe de la inspección de la Comunidad de Madrid al que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Aunque esos defectos, que la Administración considera ahora “leves”, fueron subsanados posteriormente, su existencia da testimonio de la urgencia con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiso estrenar una instalación que abrió con solo 30 plazas habilitadas de las 96 previstas. Las prisas, aseguró entonces el gobierno, se debían a la necesidad de dar respuesta a la amenaza de colapso de los recursos regionales, ante el aumento de llegadas de menores no acompañados.

Todo empieza a ritmo de emergencia. Madrid, según documentación pública, ha atendido a 1.001 menores migrantes en el primer trimestre de 2024. Considera esa cifra “elevada y anómala” y calcula que la tendencia puede “comprometer seriamente toda la estructura de atención”. La Fiscalía Provincial de Madrid ya le ha advertido, además, de que debe preparar más recursos, porque ha detectado a menores en los centros estatales para migrantes de Carabanchel y Alcalá de Henares. Y por ello el gobierno regional concluye que “resulta necesario adelantar por razones de interés público y con carácter de emergencia, el contrato de obras para ejecutar, de manera inminente, el acondicionamiento parcial del Centro de Primera Acogida de La Cantueña, a fin de que pueda albergar en un plazo breve a menores migrantes”.

El contrato para revivir este complejo de tres plantas y 4.000 metros cuadrados abandonado desde 2009 se adjudica en abril de 2024, y por casi siete millones. Seis meses después, el 27 de septiembre, La Cantueña ya está funcionando. Un mes después, cuando un inspector visita la instalación, el 25 de octubre, se encuentra con un panorama inusitado.

“En la planta sótano se encuentran cuatro aulas que a fecha de inspección siguen en obras y sin mobiliario y por tanto sin uso”, describe. “Se observa que hay varios trabajadores de la empresa contratada para la finalización de las obras, de la empresa que traía en ese momento armarios, mesas y cajoneras, y de la empresa encargada de los ascensores”, añade sobre una instalación que el ejecutivo pregona como corazón de un nuevo paradigma para lograr la integración de los menores no acompañados.

Sin embargo, las sorpresas no acaban ahí. En el apartado “deficiencias observadas”, este integrante de la cuarentena de especialistas que recorren Madrid asegurándose de que el servicio que se presta a los más vulnerables es el adecuado, detalla distintos incumplimientos de la normativa vigente.

“Se observa que la mayoría de los 30 usuarios está durmiendo en camas individuales con barandillas practicables”, escribe, pues aún no han llegado las literas previstas. “Se requiere para que el mobiliario y equipamiento de los dormitorios se ajuste a la normativa y tipología de las personas usuarias que los ocupan, disponiendo de la dotación exigida en la normativa de servicios sociales”, sigue. “En las atenciones prestadas a las personas usuarias no se garantiza su intimidad”, añade. “Se observa que las duchas comunes no disponen, la mitad de ellas, de mamparas separadoras de cada ducha, de tal forma que son duchas comunes en las que no se preserva la intimidad”, detalla. Y reclama: “Se requiere para que, de conformidad con el artículo 5. 2. c) de la ley 12/2022, de 21 de diciembre, se garantice el derecho de la persona usuaria a preservar su intimidad personal y familiar”.

Esos problemas, que en el caso de las duchas se paliaron haciendo turnos para usar las que tenían mamparas mientras se instalaban las demás, ya estaban subsanados en la siguiente visita, correspondiente a mayo de 2025. Al tiempo, dan testimonio de la urgencia con la que abre un centro en el corazón de un huracán político, por el choque del gobierno regional con el municipal, del PSOE, y que también está en constante ebullición.

Convivencia “peligrosa y difícil”

En marzo de 2025 estalla una pelea en La Cantueña. Ocurre en el comedor. Vuelan sillas y extintores. Hay golpes. La Policía Nacional tiene que intervenir: 12 jóvenes son detenidos por un delito de riña tumultuaria, y siete trabajadores y dos menores acaban heridos. Como resultado, la Comunidad se gasta más de 60.000 euros en reforzar de urgencia los tres puestos de vigilancia 24 horas, que se amplían a cinco, tras contabilizar, dice, “439 incidencias que han puesto en peligro la vida e integridad de los profesionales y trabajadores del recurso, así como de menores del centro”.

“El perfil disruptivo de muchos de los menores residentes hace muy difícil y peligrosa la convivencia”, se argumenta en el expediente contractual correspondiente.

Septiembre. Dos menores son detenidos por agredir, morder y amenazar de muerte a una educadora, según confirma un portavoz del gobierno regional.

A esos incidentes graves conocidos se añaden otros que no han trascendido y las tensiones del día a día, que la Administración cuenta por cientos. Un problema encapsulado en un centro situado en mitad de ninguna parte, y que seguía en obras cuando llegaron sus primeros usuarios.