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La Fiscalía sigue reclamando cárcel para Camps aunque rebaja su petición a un año

El ministerio público, que solicitaba inicialmente dos años y medio para el expresidente valenciano, reduce su solicitud en la fase final del juicio de Gürtel

J. J. Gálvez
Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, a su llegada a la Audiencia Nacional, el pasado marzo.
Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, a su llegada a la Audiencia Nacional, el pasado marzo.FERNANDO VILLAR (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado este jueves la petición de pena que reclama para Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, en el juicio que afronta por su presunta implicación en el caso Gürtel. Durante la sesión dedicada a la fase de conclusiones, el ministerio público ha planteado que se condene al exdirigente del PP a un año de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación, frente a los dos años y medio que solicitaba antes de comenzar la vista oral por fraude y prevaricación. La acusación también ha puesto sobre la mesa este jueves que se castigue a Camps con su inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo (el derecho a concurrir a elecciones) durante el tiempo de la condena, la inhabilitación para ocupar cualquier “empleo o cargo público durante seis años” y “una multa de 250.000 euros”.

El cambio en la petición fiscal para Camps tiene su importancia, ya que con una condena de menos de dos años de cárcel se puede evitar el ingreso en prisión, según contempla el Código Penal.

Las fiscales, Pilar Santamaría y Concepción Nicolás, mantienen la tesis principal contra el exjefe del Ejecutivo autonómico, que se sienta en el banquillo junto a otras 25 personas por las adjudicaciones irregulares otorgadas por la Generalitat a las empresas de la trama Gürtel, encabezada por Francisco Correa. Según exponían en su escrito de acusación, Camps facilitó el desembarcó de la red en la comunidad debido a la estrecha “relación” que tejió con Álvaro Pérez, alias El Bigotes, hombre de confianza de Correa en la región. El ministerio público sostiene que dio órdenes concretas a sus subordinados —por ejemplo, a la directora general de Promoción Institucional, Salvadora Ibars— para que concediesen a una de las compañías corruptas (Orange Market) los trabajos relativos al montaje del stand de Grandes Proyectos de la feria de turismo Fitur 2009.

La defensa de Francisco Camps ha respondido a la postura fiscal con un mensaje diametralmente opuesto. El abogado del expresidente, Pablo Delgado, ha solicitado al tribunal este mismo jueves que absuelva a su cliente. Aunque ha añadido que, en caso de que los magistrados consideren que debe ser condenado, se le aplique una atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo que se ha tardado en llegar a juicio. El caso Gürtel estalló en 2009, pero a Camps no se le imputó hasta diciembre de 2018.

La vista oral, que ha celebrado su sesión número 41 este jueves, se ha adentrado en la fase final. Todas las partes han expuesto sus conclusiones y, una vez finalizado este trámite, el magistrado José Antonio Mora, presidente del tribunal, las ha emplazado para el próximo 16 de octubre, cuando podrán desarrollar sus argumentos durante la exposición de sus informes finales. A continuación, los 26 acusados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra: entre ellos Francisco Camps, que ya rechazó todas las acusaciones en su declaración y negó, incluso, que mantuviese una cercana relación con El Bigotes.

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Las conclusiones de las fiscales

Durante su intervención, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le aplique la atenuante de confesión a los diez acusados que pactaron con el ministerio público, y que admitieron los hechos. Entre ellos se encuentran los tres cabecillas de Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez; que apuntaron sin paliativos a Camps como la vía de entrada en la Generalitat y para los que se pide dos años y tres meses de cárcel.

En en ese listado de arrepentidos se integra igualmente Enrique Navarro, jefe de gabinete de la consejera Alicia de Miguel entre 2003 y 2007, que incidió en que su departamento contrató con la trama corrupta para “congraciarse” con el sector del PP que lideraba el presidente autonómico. “Pregunté por qué lo hacíamos con este señor. Y Alicia dijo que Álvaro tenía una amistad con [Ricardo] Costa, [ex secretario general del PP valenciano], y proximidad con Camps”, subrayó el ex alto cargo, para quien las fiscales piden una inhabilitación de tres años.

Por otra parte, el ministerio público ha mantenido las penas de inhabilitación que pide para los tres exconsejeros valencianos que acompañan al expresidente en el banquillo, que no pactaron con Anticorrupción. Alicia de Miguel se enfrenta a nueve años de inhabilitación para cargo público; Manuel Cervera, a ocho; y Luis Rosado, a siete. La acusación también reclama nueve años de inhabilitación para David Serra, ex vicesecretario de Organización del PP valenciano; y 16 años para Salvadora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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