Un perito de la Generalitat afirma que el Gobierno de Camps envió su informe a la justicia sin “autorización”: “¡Estoy indignado!”

Jesús Emilio Torrejón Puchol, quien fuera director general de la Abogacía General de la Generalitat valenciana en la etapa del presidente Francisco Camps, ha estallado este miércoles. “¡Estoy indignado!”, ha repetido varias veces ante el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia al exdirigente del PP y a otras 25 personas por su presunta implicación en el caso Gürtel. Durante su comparecencia como perito en la vista oral, que acumula ya 37 sesiones desde que comenzase el pasado enero, Torrejón Puchol ha explicado que la administración popular le encargó en 2010 elaborar un informe ad hoc para contrarrestar las conclusiones de los investigadores que cercaban al Gobierno de Camps. Un documento que, según ha asegurado, era para “consumo interno” y que no debía haber acabado incorporado a un sumario judicial —como así ha ocurrido finalmente, ya que varias defensas lo han introducido como prueba exculpatoria—.

La declaración de Torrejón Puchol generó cierta expectación en las últimas semanas. El ex alto cargo del Gobierno de Camps, un funcionario de carrera que actualmente ejerce como abogado de la Generalitat, envió el pasado 12 de septiembre un escrito a la Audiencia Nacional para pedir que anulara su citación. En su texto, manifestaba que no quería declarar y narraba las maniobras desplegadas en el seno del Ejecutivo del PP para contrarrestar los informes del caso Gürtel. “Recuerdo que, desde el entorno de Presidencia, se pretendió dar una respuesta contundente [...], ya que se derivaba (según se me transmitió) una mala imagen de la institución que dañaba su reputación”, decía.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Puchol ha explicado este miércoles que recibió órdenes de confeccionar un contrainforme y ha atribuido el encargo a la “abogada general de la Generalitat”, su superior jerárquica, que en una rueda de prensa celebrada el 30 de abril de 2010 calificó de “tendencioso” un informe de los investigadores que había salido a la luz. Pero, ¿por mandamiento de quién actuaba la abogada general? “Yo sé que la abogada tiene mucho contacto con Presidencia. No sé si la abogada general ha hablado con el presidente [Camps]. Me da la impresión de que, en ese entorno que está en el Palau de la Generalitat, había mucho malestar... y ella tenía información de esta situación”, ha dicho a los magistrados.

Ese contrainforme de Torrejón, fechado el 3 de mayo de 2010, acusaba a la unidad de auxilio judicial de “falta de rigor” y de un “alto grado de subjetividad”; añadía que sus conclusiones se basaban “en meras presunciones” sin “sustento documental”; y le atribuía una “obsesión con el fraccionamiento de contratos o la duplicidad de pagos que nunca ha quedado acreditada”. Pese a esos duros reproches, el ex director general ha admitido que elaboró su análisis sin tener acceso a los contratos que defendía. Solo contaba con una “copia” del informe que debía contradecir.

—¿Sigue ratificando lo que aparece escrito en su informe? —ha preguntado este miércoles la Fiscalía Anticorrupción a Torrejón Puchol.

—Sí.

—Sin haber visto los contratos, ¿sigue defiende la legalidad de los contratos y que son ajustados a precio? —ha insistido el ministerio público, que no otorga ningún valor al análisis del ex director general.

—Lo que yo escribí en 2010 son mis opiniones —se ha defendido él.

—Pero, ¿con qué conocimiento de causa llega a esas conclusiones?

—Yo analicé los fundamentos jurídicos que ponía en ese escrito, [en referencia al informe de los investigadores del caso Gürtel], y creo que son discutibles desde el punto de vista jurídico. Analicé conceptualmente las conclusiones jurídicas.

El 5 de mayo de 2010, dos días después de firmarlo, la Generalitat de Camps envió a la justicia ese contrainforme. Según Torrejón Puchol, sin su consentimiento. “A mí no se me mandó hacer un escrito para mandarlo a un juzgado. Se me comentó después de hacerlo, y yo no lo entendí y me opuse. Nunca [di autorización para incorporar este informe]. Era para uso interno”. ¿Recibió directrices para hacerlo? “No”, ha afirmado el ex director general, que ha subrayado que, según creía él, el objetivo era contar con “armas jurídicas” en aquel momento para que los miembros del Gobierno se pudieran defender en comparecencias públicas.

Sobreprecios de hasta el 200%

Este miércoles, junto a Torrejón, ha comparecido también un técnico de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, que elaboró informes periciales sobre la trama Gürtel. Según los investigadores, la Generalitat Valenciana favoreció a la red corrupta liderada por Francisco Correa con adjudicaciones: se troceaban contratos para otorgárselos sin concurso. Así lo ha confirmado el perito de la IGAE: “Una empresa [de Correa], Orange Market, gestionaba todo el acto y luego fraccionaba y dividía entre varias empresas”.

El técnico ha descrito una batería de irregularidades detectadas: ausencia de pliegos administrativos; “ofertas sin fecha de registro de entrada”; y desorbitados márgenes de ganancia de la trama. “Un margen del 25% sería alto, pero asumible”, se ha arrancado el experto, antes de apuntar que la documentación apunta que, de media, “duplicaban el precio”. “La media está en el 100% o 120%. Pero hay veces que [el sobreprecio] es de hasta un 200%”.