La Fiscalía rechaza paralizar las exhumaciones de víctimas del franquismo en Cuelgamuros

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a paralizar las labores de exhumación que, desde el pasado junio, se desarrollan en el Valle de Cuelgamuros, nombre que adquirió el Valle de los Caídos en 2022. El ministerio público responde así al intento de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos de frenar estos trabajos, con los que se trata de recuperar los restos reclamados por familiares de más de un centenar de víctimas de la Guerra Civil; la mayoría, represaliados de la dictadura franquista. Dicha asociación ha emprendido una ofensiva en los tribunales que, de momento, no ha tenido éxito.

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional, la Fiscalía subraya que la suspensión de las exhumaciones “generaría en sí misma un evidente perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”: “Y, en concreto, al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”. El artículo 16 de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre del pasado año, establece que “corresponde a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura”.

El pasado junio, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos presentó un recurso contencioso-administrativo para intentar frenar las labores de exhumación, que ya han permitido localizar al menos a 12 víctimas —“He cumplido como hijo. Voy a abrazar los restos de mi padre”, comentó emocionado Fausto Canales, de casi 90 años, tras conocer la noticia—. Ante tal arremetida, la Fiscalía se opuso en julio a las medidas pedidas por el colectivo antimemorialista. Y el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 5 de la Audiencia Nacional desestimó las pretensiones del grupo.

Sin embargo, la asociación volvió a la carga y presentó un nuevo recurso contra la decisión del juzgado, al que el ministerio público se ha vuelto a oponer. Este colectivo, que se refiere al Ejecutivo como “Gobierno social comunista”, acusa a La Moncloa de “profanar los restos cadavéricos de los caídos inhumados” en el Valle de Cuelgamuros, obra de Francisco Franco y edificado en gran parte con trabajo esclavo de represaliados de la dictadura, y defiende que “miles de familias, que teniendo perfectamente acreditada la presencia de los restos de sus antepasados en los osarios de la Basílica, ven conculcado el derecho de estos a descansar en paz”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Unidad Especializada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, rechaza esa tesis de plano y ha planteado en la Audiencia Nacional que la demanda debe ser inadmitida, debido a la “falta de legitimación” del colectivo y a “que el acto recurrido no es impugnable”.

Los intentos por frenar las exhumaciones han sido múltiples. En marzo, el Tribunal Supremo ya dio luz verde a los trabajos al rechazar un recurso presentado por la Fundación Francisco Franco para impedir las extracciones de restos mortales. PP y Vox también han manifestado sus intenciones de derogar la Ley de Memoria Histórica si llegan al Gobierno.