La Audiencia Nacional descarta que la banda de Los Ángeles del Infierno formase una organización criminal en Mallorca

La Audiencia Nacional ha descartado que la rama mallorquina de Los Ángeles del Infierno, la banda de moteros fundada en EE UU y con tentáculos en diferentes países, formase una “organización criminal” en la isla española. El tribunal, que ha condenado este martes a penas mínimas a 32 de los 45 acusados, subraya que “no se ha acreditado” que los procesados integrasen “una estructura delictiva jerarquizada, con pretensiones de permanencia y en la que cada uno de sus miembros adopta un concreto rol”. “No constituyen una verdadera empresa criminal”, recalca la sentencia de los magistrados, que han tirado así por tierra una de las principales pretensiones de la Fiscalía Anticorrupción.

Durante el juicio, celebrado entre el pasado enero y febrero, el ministerio público cerró un pacto masivo con 35 de los acusados, muchos de los cuales admitieron así el delito de pertenencia a “organización criminal” (también otros como prostitución, blanqueo y amenazas). Ese acuerdo suponía que se conformaban con el relato que la Fiscalía ponía sobre la mesa, señalando a la organización Los Ángeles del Infierno como un grupo delictivo; pero incluía, a su vez, que las penas de cárcel que se dictaran contra ellos se sustituirían por una multa económica, evitando la entrada en prisión.

Sin embargo, la negativa de una decena a suscribir ese trato, ha permitido al tribunal analizar y pronunciarse sobre el delito de organización criminal. Y, finalmente, lo ha descartado. Nadie ha resultado condenado por él: ni siquiera, quienes lo admitieron en la vista.

Los jueces explican que “muchos” de los acusados, que se habían asentado en Mallorca, se encontraban vinculados a la banda motera; y admiten que cometieron delitos. Pero los magistrados afirman que no ha quedado probado que lo hicieran “bajo en el amparo de la asociación”. “No ha quedado acreditado que Los Ángeles del Infierno sea una organización perfectamente estructurada, que realiza el control interno de sus miembros de forma coactiva o violenta, con un fuerte carácter jerárquico y una disciplina férrea”, asegura la sentencia dictada este martes, que remacha: “[No] consta que [sea una] empresa criminal dedicada a la obtención de beneficios para ser ingresados en una caja común y con ellos subvenir a las necesidades de dicha estructura y prolongar las supuestas actividades delictivas”. En ese sentido, por ejemplo, la resolución insiste en que “no se han descrito reuniones habituales entre sus miembros para preparar las operaciones” ilegales, o donde se demuestre un reparto de tareas, con una cúpula estable que diese las órdenes.

Por ello, la Audiencia Nacional ha absuelto a 13 de los acusados: entre ellos, a Frank Armin Hanebuth, quien fuera presidente de Los Ángeles del Infierno en Hannover (Alemania) y jefe del grupo asentado en Mallorca. Al resto se les ha sentenciado a penas mínimas. Para todos los que llegaron a un acuerdo con el ministerio público, se ha decretado que las condenas sean sustituidas por una multa económica —entre otras, los nueve años y seis meses de prisión impuestos a Khalil Youssafi, vicepresidente del grupúsculo creado en la isla española—. Y, a ninguno de los que se negó a pactar con la Fiscalía y ha resultado sentenciado, se le ha impuesto más de dos años de cárcel —por lo que esquivarán la reclusión si carecen de antecedentes o ya cumplieron esa pena en prisión provisional—.

Además, a los 32 condenados se les aplica atenuantes: de dilaciones indebidas, a todos; y de confesión, a quienes admitieron los hechos.

En su escrito de acusación, la Fiscalía explicaba que Los Ángeles del Infierno se fundó en 1948 en Estados Unidos y, desde allí, se ha extendido durante décadas a otras áreas del mundo, a través de la creación de grupos locales llamados “capítulos”. Según su tesis, estos aterrizaron en 2009 en Mallorca: “Esta implantación en Baleares fue consecuencia de la estrategia de la banda a nivel europeo, motivada por su situación geográfica, la existencia de negocios de alterne, la posibilidad de blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, y por la presencia de población residente extranjera, que facilitaba las prácticas de extorsión”, detallaba el ministerio público.