La Policía se enfrenta a la defensa de Camps y afirma que su relación con El Bigotes “era intensa y familiar”

Sobre las 10.30 de este martes, dos agentes de la Policía se han sentado frente al tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia, entre otros, al expresidente valenciano Francisco Camps, del PP, por su supuesta implicación en el caso Gürtel. Ambos han acudido por cuarto día a declarar a la vista oral, aunque esta sesión ya se vaticinaba más ajetreada. Tras responder en jornadas anteriores a las preguntas de las acusaciones y de algunas defensas, les esperaba ahora el abogado del exmandatario popular. El letrado ha escuchado cómo los funcionarios señalaban a Camps como la vía de entrada de la red corrupta en la Generalitat Valenciana y, en cuanto ha tomado la palabra, se ha lanzado al ataque para tratar de echar abajo las conclusiones de los policías, cuestionando la calidad de sus informes y su profesionalidad.

La tensión ha resultado palpable durante todo el interrogatorio. Nada más comenzar, molesto por las primeras respuestas de los agentes —encabezados por el inspector Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel—, el abogado de Camps, Pablo Delgado, les ha exigido “concreción”, lo que ha provocado que el presidente del tribunal, José Antonio Mora, le advirtiera de que es él quien dirige el juicio.

Más tarde, el magistrado ha tenido que declarar “improcedente” una intervención del letrado, que reprochaba a los policías una supuesta “dejación” de funciones “a sabiendas” para no incorporar a la causa pruebas que, según la tesis de la defensa, podrían exculpar a los procesados. “¡No la podemos admitir! Esa afirmación no es correcta”, ha cortado tajante el juez.

Pese a las arremetidas del abogado de Camps, Morocho ha defendido las conclusiones que expuso en sesiones anteriores, cuando desgranó cómo Gürtel desembarcó en la Comunidad Valenciana y cómo el entonces presidente valenciano supuestamente lo facilitó. El agente ha vuelto a subrayar este martes que Camps mantenía una “relación intensa y familiar” con Álvaro Pérez, alias El Bigotes, el hombre de confianza de la trama en la región. Y que los líderes de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, decían claramente que Pérez “trabajaba para el presidente”.

Entre otras pruebas, los agentes cuentan con las conversaciones telefónicas intervenidas a los miembros de la trama entre finales de 2008 y principios de 2009, en las que hablan de “citas para quedar a comer en el domicilio” de Camps o “visitas al establecimiento donde trabaja su mujer”. El abogado del expresidente ha cuestionado la veracidad del contenido de esas charlas: “Son siempre referencias de terceros”, ha alegado. Pero Morocho ha respondido entonces: “Todo lo que se dice tiene visos de realidad porque otros documentos intervenidos han consolidado lo que ahí se decía. Las conversaciones son verosímiles”. La Policía Nacional también interceptó una llamada entre Camps y El Bigotes donde el primero calificaba a su interlocutor como “amiguito del alma” y le pedía “lealtad” para “toda la vida”.

En esta línea, el inspector jefe ya subrayó el lunes que Correa y Crespo eran “conscientes” de la importancia de la relación que El Bigotes había tejido con Camps, y así lo expresaban en sus comunicaciones telefónicas: “Sabían que Álvaro Pérez era la piedra angular. Él es el interlocutor directo con el presidente para la ejecución de las campañas [electorales del PP valenciano], para la obtención de contratos y para su realización. Había una confianza mutua [entre El Bigotes y el jefe del Ejecutivo]”. “Álvaro Pérez iba a la cúspide”, ha apostillado Morocho este martes.

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Camps, que se sienta en el banquillo junto a otras 25 personas (entre ellas, tres exconsejeros de sus gobiernos y una decena de técnicos de la Administración autonómica). Según el calendario de la Audiencia Nacional, el juicio continuará el miércoles con la declaración de un perito de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), que elaboró informes económicos sobre la trama. También está previsto que se interrogue a Jesús Emilio Torrejón Puchol, ex director general de la Abogacía General de la Generalitat, que envió este septiembre un escrito al tribunal asegurando que el Gobierno de Camps lo utilizó en 2010 para elaborar un informe que exculpara a la Administración popular.