Pacto masivo de penas en el juicio a la trama mallorquina de Los Ángeles del Infierno

La Fiscalía ha cerrado un masivo acuerdo de penas con gran parte de los procesados por la rama mallorquina de Los Ángeles del Infierno, la banda de moteros acusada de formar una “organización criminal” dedicada a la extorsión, el tráfico de drogas y la explotación sexual de mujeres. El juicio comenzó este lunes con varias horas de retraso, que el ministerio público aprovechó para alcanzar pactos de conformidad con 34 de las casi 50 personas que se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. Estos acuerdos implican la rebaja de la petición de condena para la treintena que ha admitido los hechos, cuyos castigos oscilarían finalmente desde seis meses a 12 años y medio de prisión, en función de su implicación, aunque sustituibles por el pago de multas económicas.

Khalil Youssafi, vicepresidente del grupúsculo creado en 2009 en Mallorca, se encuentra entre los acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. El motero ha aceptado una pena de 12 años y seis meses de prisión, sustituibles por multa, por una ristra de delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, prostitución, encubrimiento, amenazas, coacciones, falsedad documental, detención ilegal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. “Cada una de las penas de prisión se sustituye por las respectivas penas de multa con cuota diaria de cuatro euros. Es decir, por cada día de prisión, dos cuotas de multa a razón de cuatro euros”, ha especificado el fiscal José Grinda.

El ministerio público detalla en su escrito de acusación que el medio centenar de procesados se había asentado en la isla de Mallorca, donde se “integraron en una organización delictiva de ámbito internacional y que gira en torno a un club de moteros mundial conocido como Hells Angels Motor Club (HAMC)” —Los Ángeles del Inferno, en castellano—. Según la Fiscalía, esta banda se fundó en 1948 en Estados Unidos y, desde allí, se ha extendido durante décadas a otras áreas del mundo, a través de la creación de grupos locales llamados “Capítulos”.

De esta forma, según la acusación, “todos los componentes participan en la ampliación y fortalecimiento de la organización”. “Esta va creciendo de manera constante en la selección de áreas sobre dónde llevar a cabo sus actividades delictivas, absorbiendo o entablando amistad ‘forzada’ con los ‘motor club’ de estas zonas, y entrando en conflicto por el territorio con los ‘dóciles’ o con los clubes ya rivales”, apostilla la Fiscalía, que destaca la “sólida estructura jerárquica” que presenta la banda.

La Fiscalía mantiene que Los Ángeles del Infierno aterrizaron en Mallorca en noviembre de 2009, donde constituyeron su particular capítulo, “con miembros de pleno derecho“. “Esta implantación en Baleares fue consecuencia de la estrategia de la banda a nivel europeo, motivada por su situación geográfica, la existencia de negocios de alterne, la posibilidad de blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, y por la presencia de población residente extranjera, que facilitaba las prácticas de extorsión”, explica el ministerio público. Además, el grupo mantenía vínculos supuestamente con los capítulos de Barcelona, Hannover (Alemania), Turquía, Luxemburgo y Holanda.

Una vez en la isla balear, los moteros comenzaron a desarrollar su actividad delictiva, mientras “ostentaban un alto nivel de vida y eran propietarios, a través de personas interpuestas y sociedades, de bienes muebles e inmuebles”. Empezaron a funcionar con una enorme violencia, “parte intrínseca” de Los Ángeles del Infierno, según recalca el fiscal José Grinda. Así, se dedicaron presuntamente al tráfico de drogas —“una de sus principales fuentes de ingresos”—. También a la extorsión, para la que enarbolaban la propia “reputación violenta” de la banda: “Uno de los servicios más habitualmente ofrecidos es el de ‘protección’ a las empresas, asociaciones o grupos, incluso moteros, de las zonas controladas por ellos”. Y a la prostitución, “mediante la adquisición de clubs de alterne y la coacción a las mujeres que trabajan en ellos”.

Paralelamente, según expone el ministerio público, los implicados ocultaban a Hacienda los “grandes beneficios” que obtenían. “Blanqueaban el dinero de origen ilícito a través de empresas que adquieren bienes inmuebles de alto valor económico. Utilizan empresas y sociedades sitas en paraísos fiscales, a donde hacen llegar importantes cantidades de dinero en efectivo a través de correos humanos”, subraya la acusación.