Camps intenta salvar su etapa en el juicio del ‘caso Gürtel’ pese a los altos cargos ya condenados

La Audiencia Nacional ha decidido posponer el inicio del juicio a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por su presunta implicación en el caso Gürtel. La vista oral debía arrancar este lunes con la fase de cuestiones previas, pero el tribunal ha acordado suspender el comienzo hasta la semana próxima, después de que varios abogados —entre ellos, el del exdirigente del PP— alegasen dificultades para acceder a documentos del sumario, lo que les genera “indefensión”. Antes, Camps ha aprovechado la presencia de cámaras para defender su etapa al frente del Ejecutivo regional, pese a la multitud de altos cargos ya condenados en otros procesos, y a que la propia Audiencia dio por probada la financiación ilegal del partido en la comunidad durante las campañas electorales de 2007 y 2008, cuando él era presidente.

El magistrado José Antonio Mora, presidente del tribunal, se ha encargado de comunicar la decisión de aplazar una semana el inicio del juicio: “La Sala, consciente de garantizar el derecho a la defensa, va a suspender durante una semana el proceso. Desde este momento tendrán tiempo de acceder a la oficina y, con los informáticos que estarán a su disposición, acceder a estos documentos”. Según ha detallado el juez, que trata de evitar también así posibles “nulidades” que provoquen que haya que repetir el juicio, la vista se reanudará finalmente a las 10.00 del próximo 30 de enero.

La Audiencia Nacional ha vivido así un día de muchísimo ajetreo. Este lunes, dos juicios especialmente mediáticos coincidían y sus implicados se cruzaban en el interior de la sede de San Fernando de Henares (Madrid), para afrontar sus respectivos juicios. Por un lado, en la sala de la planta baja, se han sentado los acusados de pertenecer a la trama Gürtel: entre ellos, sus principales cabecillas (Francisco Correa; Pablo Crespo; y Álvaro Perez, alias El Bigotes) y los imputados por formar parte de su red valenciana, incluido Camps y otros altos cargos de sus Gobiernos regionales. Por otro lado, en la primera planta, se encontraba planificada la vista contra 47 presuntos miembros y colaboradores de la rama mallorquina de la banda motera Los Ángeles del Infierno, acusados de delitos como organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Minutos antes de que el presidente Mora anunciase la decisión de posponer el inicio del juicio, el propio Camps ha tomado la palabra antes de entrar en el edificio judicial. El exdirigente popular se ha apostado ante las cámaras de televisión para defender su inocencia y presentarse como víctima de una “persecución” política. “Es un escándalo absoluto. La Fiscalía Anticorrupción lleva 14 años intentando destruir mi trabajo como presidente de la Generalitat, y el de tanta gente que colaboró conmigo en el gran proyecto que pusimos en marcha en la Comunidad Valenciana”, ha dicho, antes de calificar el proceso como una “pesadilla”. Y ha remachado: “Ninguna de las personas que serán juzgadas se ha llevado un euro a su bolsillo. No sé qué hago aquí”.

Pero el relato que el ministerio público pone sobre la mesa resulta muy diferente. También el del juez instructor José de la Mata, que concluyó que Camps maniobró para adjudicar de forma irregular un contrato en 2009 a las empresas de la trama Gürtel y favorecer así a la red de Francisco Correa, “como venía haciendo desde 2005”. “Constan evidencias”, escribió el juez de la Audiencia Nacional, “de que [el expresidente] decidió la adjudicación a Orange Market y que dio las instrucciones oportunas para que se produjera tal resultado”.

La investigación de De la Mata y de la Fiscalía otorgan a Camps un papel clave para que la red corrupta de Correa se asentase en la Comunidad Valenciana. “No estamos ante una declaración aislada e inconexa de unas personas investigadas, como invoca la defensa de Francisco Camps [...] En realidad, estamos ante un arsenal de indicios, muy consistentes, que permite afirmar que Camps participó en el direccionamiento del contrato de grandes eventos de Fitur 2009 a favor de Orange Market. Y que lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market y su ‘colaboración’ al aceptar las ilegales fórmulas de pago que el PP utilizaba para ir cancelando la indicada deuda”, escribió de forma contundente el instructor.

Camps se enfrenta, además, a otra adversidad. Diversos acusados han llegado a un pacto con Anticorrupción y han confesado su implicación. Entre ellos, Francisco Correa y Álvaro Pérez. Este último redactó un escrito donde detalló su amistad íntima con el expresidente y todas las adjudicaciones de contratos que logró gracias al exlíder del PP valenciano. Sin embargo, el exdirigente del PP les resta importancia: “No tienen ningún tipo de valor probatorio. Tengo tranquilidad absoluta porque sé que los jueces no hacen ni caso a este tipo de conformidades”.

—¿Y tiene esperanza de volver a la primera línea de la política? —le ha preguntado un periodista frente a la Audiencia Nacional.

—¡Sí! —ha respondido tajante el expresidente.

El expresidente valenciano se esfuerza desde hace años por salvar su etapa al frente de la Comunitat, pero los tribunales ya se han pronunciado de forma contundente. En otros juicios en los que él no se ha sentado en el banquillo, los magistrados han considerado probado que la Generalitat que él encabezaba “manipuló” contratos en favor de Gürtel o que el PP que lideró se financió de forma “irregular” en las campañas de 2007 y 2008. De hecho, entre los cargos sentenciados en otras vistas, se encuentran su secretario general, Ricardo Costa, que relató en la Audiencia que Camps conocía y participaba de las irregularidades; su vicepresidente Víctor Campos —otro de sus vicepresidentes, Juan Cotino, murió en pleno juicio contra él—; su gerente regional, Cristina Ibáñez; su secretario general del grupo parlamentario, David Serra; su tesorera, Yolanda García; su consejera y presidenta de la Cámara autonómica, Milagrosa Martínez; y su consejero Rafael Blasco.

Los 81 condenados por Gürtel

Además de Camps, la Audiencia Nacional procesó para este juicio a otras 27 personas: entre las que destacan tres exconsejeros de los Gobiernos populares de la Generalitat Valenciana (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera). El resultado de esta vista oral aclarará si se amplía el número de sentenciados a prisión por su implicación en la trama Gürtel.

Según el recuento de EL PAÍS, la justicia española ha dictado ya penas de cárcel para 81 personas por su implicación en esta red de corrupción, incluidas decenas de cargos, asesores y familiares del PP. Hasta ahora, los tribunales han enjuiciado nueve líneas de investigación, donde las condenas acumuladas superan los 600 años de prisión. Además, el partido conservador ha resultado sentenciado tres veces por beneficiarse de la trama.