Francisco Camps intenta resucitar de un pasado de corrupción
El expresidente valenciano se ofrece como alcaldable pese a tener pendiente un juicio y a la petición de la Fiscalía de que le condenen a dos años y medio de cárcel
En el año undécimo después de su dimisión, Francisco Camps intenta resucitar. El expresidente de la Generalitat Valenciana y exlíder del PP regional ha intensificado su campaña en las últimas semanas para tratar de regresar a la primera línea política y ocupar un cargo. Sin el apoyo de la dirección del partido en la comunidad y con un juicio pendiente en la Audiencia Nacional, el exjefe del Gobierno autonómico intenta lavar su imagen con entrevistas y apariciones públicas, donde se presenta como víctima de una “persecución” y pasa de puntillas por el reguero de sentencias que ya dan por acreditada la corrupción que anidó en las más altas esferas de la Administración y de la formación que él encabezó.
“Hay una estrategia política detrás de la persecución a Francisco Camps y es que la izquierda es consciente de que, si Camps es desimputado, la izquierda deja la presidencia de la Generalitat. Son vasos comunicantes”, dijo de sí mismo el expresidente en noviembre tras archivarse una causa en su contra por un aval otorgado a la empresa de los grandes premios urbanos de Fórmula 1 que se disputaron en Valencia entre 2008 y 2012. “Nunca jamás ha habido nada concreto [contra mí] y en derecho penal es fundamental la prueba de cargo que determina la relación entre la persona y el hecho que se está persiguiendo. Y en mis causas no lo hay porque nunca ha existido”, añadió.
Pese a que ningún dirigente del PP valenciano le apoya, Camps sigue en su idea de buscarse un hueco en las listas: “Si no soy candidato por el PP en Valencia me gustaría volver a ser parlamentario”, se ofreció en una entrevista en Abc. Pero enfrente se ha topado con respuestas tan rotundas como la de la presidenta de los populares en la ciudad, María José Catalá, que aseguró que “es imposible” que ocupe un puesto en la candidatura municipal. La cúpula nacional de la formación respalda a Catalá, que también ocupa el cargo de secretaria general del PP autonómico, informa Elsa García de Blas. “La candidata es María José Catala”, enfatizan esas mismas fuentes.
La Audiencia Nacional mantiene actualmente procesado a Camps, que deberá sentarse en el banquillo por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias. El juez instructor José de la Mata ya concluyó que el expresidente maniobró para adjudicar de forma irregular un contrato en 2009 a las empresas de la trama Gürtel y favorecer así a la red corrupta liderada por Francisco Correa, “como venía haciendo desde 2005”. Y, por ello, la Fiscalía pide que se le condene a dos años y medio de cárcel en una vista oral que se encuentra pendiente de fecha y en la que también se juzgará a tres de sus exconsellers.
Sin embargo, el expresidente de la Generalitat no se da por vencido en su lucha por volver a la primera línea y no da muestras de querer esperar a que la Audiencia Nacional lo juzgue y dicte sentencia. Así lo demostró en el último gran cónclave que el partido celebró en Valencia, en la plaza de toros, con el presidente nacional Pablo Casado como actor principal. En un primer momento, Camps ni siquiera estaba invitado al acto —aunque hubiera podido acudir como un afiliado más—, pero pidió asistir oficialmente como excargo público y el partido no pudo negarse a ello, guardándole un lugar destacado. “Mi partido de toda la vida, el PP, vuelve a casa”, evocó entonces.
Tanto él como la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ocupan posiciones parecidas en el panorama judicial. Sus equipos y todo lo que se hacía a su alrededor son objeto de banquillo, pero ellos no han recibido de momento ninguna sentencia en contra —la exregidora falleció cuando estaba imputada—. Eso sí, las referencias a ambos por parte de los actuales dirigentes del PP son muy diferentes. Los populares no solo defienden la inocencia de Barberá, sino que también reivindican su figura y el actual presidente regional del PP, Carlos Mazón, no escatima palabras de elogio hacia ella. Para Camps, las alusiones son más tímidas. “Se ha sido extraordinariamente injusto con Camps”, se ajusta Mazón este sábado en una entrevista en EL PAÍS. Mariano Rajoy también salió en su defensa hace unos días: “Camps no ha sido condenado nunca”.
Los condenados
El balance de la justicia sobre la etapa de Camps no resulta tan benévolo. Además de mantener procesado al expresidente, los tribunales ya condenaron por corrupción a buena parte de su equipo. Entre otros, los magistrados han sentenciado a su secretario general, Ricardo Costa; a su vicepresidente Víctor Campos —otro de sus vicepresidentes, Juan Cotino, murió en pleno juicio contra él—; a su gerente regional, Cristina Ibáñez; a su secretario general del grupo parlamentario, David Serra; a su tesorera, Yolanda García; a su consejera y presidenta de la Cámara autonómica, Milagrosa Martínez; a su conseller Rafael Blasco; y a su director de Radio Televisión Valenciana, Pedro García Gimeno.
Los fallos judiciales dibujan una época de corrupción. Todos los entrecomillados que siguen son hechos “probados” por la justicia. Con la llegada de Camps al poder, Gürtel centra su actividad en Valencia, donde “manipula” contratos públicos en “connivencia con el personal de la Generalitat”. La red de Correa, “con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de funcionarios y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad, les hacían llegar regalos de forma continuada, tales como trajes confeccionados a medida y otras prendas de vestir”. Pese a que se acreditaron las dádivas a Víctor Campos y Milagrosa Martínez, entre otros, Camps resultó absuelto del caso de los trajes por un dividido jurado popular —por cinco votos a cuatro—.
El PP de Camps también se financió de forma “irregular” con el “propósito de obtener mayor despliegue” en las campañas de 2007 y 2008 —a las primeras concurría el entonces presidente valenciano—: “Contrataron servicios a [las empresas de Correa], que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros [...] Tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad”.
Pese a la frialdad con la que el PP valenciano trata a Camps, este no ceja. “Estoy seguro de que si el PP ve que hay más apoyos, seré candidato”, ha sido otro de los ofrecimientos del expresidente.
El exlíder del PP regional se revuelve contra el tribunal
Francisco Camps ha pasado al ataque en la causa que todavía tiene pendiente en la Audiencia Nacional. La defensa del expresidente valenciano, que afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por delitos de fraude y prevaricación, presentó el pasado 29 de noviembre un escrito para intentar modificar la composición del tribunal que lo enjuiciará. El exdirigente del PP quiere que José Ricardo de Prada salga de la terna de magistrados elegidos para la vista oral, que aún se encuentra pendiente de fecha. Los populares llevan años arremetiendo contra este juez.
Camps esparce sobre De Prada una “sospecha y temor de contaminación partidista” por su “notoria cercanía y relación con el PSOE y Unidas Podemos” —expone como argumento que ambos partidos lo propusieron para ocupar un puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial— y por su “palmaria animadversión” contra el PP. De Prada formó parte del tribunal que enjuició la trama principal del caso Gürtel, conocida como Época I, que acabó con la primera sentencia dictada contra los populares por beneficiarse de la red corrupta y que impulsó la moción de censura del socialista Pedro Sánchez que desalojó de La Moncloa a Mariano Rajoy. Desde entonces, la formación conservadora mantiene una intensa campaña contra este magistrado de corte progresista.
De hecho, el PP consiguió apartar a De Prada del tribunal que enjuició este 2021 al partido por su caja b y por la reforma de la sede de Génova con dinero negro. La Sala de lo Penal aceptó la recusación del magistrado por la mínima —ocho miembros votaron a favor y siete en contra—, pero la salida del juez no evitó que los populares resultasen condenados por segunda vez. La Sala rechazó, en cambio, sacar a De Prada de la terna que actualmente está juzgando los negocios de Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid), una vista oral donde el PP se sienta por tercera vez en el banquillo de los acusados.
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