La Audiencia Nacional reabre la investigación sobre el ‘pitufeo’ del ‘caso 3%’

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado la reapertura de la investigación sobre las supuestas donaciones irregulares entregadas por altos cargos de la extinta CDC (Convergència Democràtica de Catalunya) al propio partido en forma de pitufeo —una técnica de blanqueo que consiste en ingresar en una cuenta corriente pequeños importes de dinero para no llamar la atención de los organismos―. A través de una resolución firmada el 8 de septiembre, el tribunal ha aceptado un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha revertido la decisión del juez instructor Santiago Pedraz, que ordenó el archivo de las pesquisas el pasado junio por falta de pruebas. Este sumario es una derivada del caso 3%, que aborda la presunta financiación irregular de la fuerza política y que aún está pendiente de juicio.

Frente al criterio de Pedraz, la Sala considera que se han puesto sobre la mesa los suficientes indicios para “continuar con la investigación” del pitufeo, que ha mantenido bajo sospecha a una docena de antiguos altos cargos de CDC, como los extesoreros Daniel Osàcar y Andreu Viloca; el exgerente Germà Gordó, que fue conseller de Justicia y mano derecha del expresidente catalán Artur Mas; y los exconsejeros autonómicos Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané y Pere Macias. Según consta en la resolución del tribunal, el instructor debe ahora retomar la causa y solicitar los informes “oportunos” para “determinar la existencia de una posible conducta delictiva por delito de blanqueo de capitales”, así como requerir documentación sobre los movimientos bancarios de los imputados en fechas cercanas a las donaciones.

La Fiscalía sospecha que Convergència urdió un complejo sistema de financiación ilegal. Y, entre otras maniobras, entregaba a varios de sus dirigentes un dinero que había obtenido de forma irregular —por ejemplo, procedente de empresarios que esperaban una contrapartida—, con el objetivo de que estos altos cargos lo ingresaran en el partido en forma de donación para introducirlo así en el “circuito económico legal”. “[Habría] donaciones, realizadas por empresas a fundaciones relacionadas directamente con la formación política, que supondrían auténticas conductas de soborno para conseguir la adjudicación de contratos a través de organismos públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña, de tal manera que las personas relevantes del indicado partido influían decisivamente a la administración catalana para beneficiar a las empresas donantes”, apostilla Anticorrupción en el sumario.

Sin embargo, Pedraz decidió el pasado junio archivar esta línea de investigación —la parte principal del caso 3% sí la envió a juicio en 2022—. El magistrado instructor consideró que no tenía pruebas suficientes para sentar en el banquillo a los imputados por el pitufeo; ya que, en su opinión, “no consta indicio alguno que acredite” que las donaciones sospechosas respondan a un “mecanismo de afloramiento de dinero negro”. “No consta tampoco que el dinero que se hubiera podido entregar a los militantes tuviera un origen ilícito e incluso que, de tenerlo, los investigados tuvieran conocimiento de que el dinero entregado tuviera un pretendido origen en un hecho delictivo antecedente”, apuntó el juez al dar el carpetazo provisional a la causa.