Altos cargos de la extinta Convergència esquivan la acusación de ‘pitufeo’ en el ‘caso 3%’

Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha archivado la investigación abierta sobre las supuestas donaciones irregulares entregadas por altos cargos de la extinta CDC (Convergència Democràtica de Catalunya) al propio partido en forma de pitufeo —técnica de blanqueo que consiste en ingresar en una cuenta corriente pequeños importes de dinero para no llamar la atención de los organismos―. La Audiencia Nacional sospechaba que la aportación de estas cantidades respondía a otro mecanismo de financiación ilegal urdido presuntamente por la fuerza política. Sin embarco, este jueves, Pedraz ha concluido que no cuenta con indicios contra los imputados, y ha decidido dar carpetazo a esta derivada del caso 3% —que sí se envió a juicio el pasado noviembre y que sentará en el banquillo a 30 personas, incluido tres extesoreros de la antigua formación nacionalista—.

En la línea de investigación cerrada este jueves, bautizada como Donaciones Blanqueo, se mantenía bajo sospecha a una docena de antiguos altos cargos de CDC, como los extesoreros Daniel Osácar y Andreu Viloca; el exgerente Germà Gordó, que también fue conseller de Justicia y mano derecha del expresidente catalán Artur Mas; y los exconsejeros autonómicos Felip Puig, Irene Rigau, Jordi Jané y Pere Macias. Osácar, Viloca y Gordó se encuentran acusados también en la parte principal del caso 3%.

En su auto de sobreseimiento, tras tres años de pesquisas, Pedraz argumenta que “no consta indicio alguno que acredite” que esas donaciones respondan a un “mecanismo de afloramiento de dinero negro”, ni que esos importes tuvieran un “origen ilícito”. “No hay base para afirmar que el origen de los fondos fuera proveniente de la trama del caso Palau, pues no existe diligencia alguna que lo acredite”, pone como ejemplo el magistrado.

Esta derivada del caso 3% se abrió en abril de 2020. La Fiscalía Anticorrupción puso sobre la mesa la tesis de que CDC entregaba a varios de sus altos cargos un dinero que había obtenido de forma irregular, con el objetivo de que estos lo ingresaran en el partido en forma de donación para introducirlo así en el “circuito económico legal”. El propio extesorero Osácar admitió en la Audiencia Nacional que se diseñó esta operativa para “lavar dinero generado por Convergència de forma ilícita”. Según añadió, este sistema fue idea de Germà Gordó —aunque él lo negó—, quien le encomendó llamar a los donantes que él le había dicho previamente para que entregaran 3.000 euros como donación mediante un cheque bancario, a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo de la formación.

El magistrado José de la Mata, que precedió a Pedraz al frente del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia, explicaba en 2020 que CDC “generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido”. También detallaba que había compañías que supuestamente pagaban facturas por servicios prestados por otras empresas a Convergència.

Sin embargo, Pedraz considera que las pruebas recabadas no permiten acreditar esas acusaciones. Los investigados aseguraron que hicieron esas donaciones porque CDC se lo pidió “en su condición de militantes y, en particular, en atención al cargo público o de responsabilidad institucional que ostentaban”. “Ello obedecería a que el partido necesitaba su ayuda como consecuencia de los problemas de tesorería que les decían que atravesaba CDC en aquellos años”, expone el magistrado, que remacha: “La explicación dada, con lo actuado, no ha quedado desvirtuada”. “No consta tampoco que el dinero que se hubiera podido entregar a los militantes tuviera un origen ilícito e incluso que, de tenerlo, los investigados tuvieran conocimiento de que el dinero entregado tuviera un pretendido origen en un hecho delictivo antecedente”, apunta Pedraz.