El juez del ‘caso Villarejo’ cita como testigo al presidente del BBVA

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Villarejo, ha citado a declarar como testigo al actual presidente del BBVA, Carlos Torres, en la investigación abierta por los contratos que la entidad financiera selló con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción policial. El magistrado atiende así la iniciativa que la Fiscalía puso sobre la mesa el pasado julio, y llama a Torres por primera vez para interrogarlo. “La necesidad de conocer lo sucedido internamente en el BBVA en la fase posterior a junio de 2018, [cuando el banco abrió unas pesquisas internas], resulta de especial importancia en el presente procedimiento”, subraya el juez de la Audiencia Nacional, en una resolución firmada este lunes.

García-Castellón ha fijado la declaración de Torres a las 10.00 del 16 de octubre. El máximo responsable del BBVA accedió al cargo en enero de 2019 y, desde entonces, ha rechazado cualquier vínculo con las presuntas irregularidades que cercan a la entidad, presidida hasta ese momento por Francisco González, que se encuentra imputado. “Respecto a mi persona, puedo hablar con total claridad. No hay ninguna posibilidad de que yo pueda tener responsabilidad por estos asuntos”, dijo Torres en 2020. Antes, nada más aterrizar en el puesto, se mostró “escandalizado” por las noticias que desvelaban las supuestas maniobras de espionaje impulsadas por el banco a través de Villarejo durante la etapa previa a su llegada a la cúspide —aunque, de 2015 a 2018, mientras se pagaba al comisario, era consejero delegado de la compañía; y desde 2008 a 2015, ocupó un cargo directivo—.

El pasado julio, la Fiscalía Anticorrupción abrió la puerta a que Torres declarase como testigo en la causa. El ministerio público apuntaba al “alto grado de conocimiento” que podía tener sobre lo ocurrido en el seno del banco tras estallar el escándalo. Como ejemplo, la acusación puso sobre la mesa dos episodios. Primero, destacó que Torres participó en 2018, junto a otros directivos, en la reunión que impulsó la investigación interna para analizar la relación entre el BBVA y las empresas de Villarejo. Y segundo, subrayó que, una vez en la cúpula del banco, el consejo de administración celebrado el 30 de julio de 2019 acordó que el nuevo presidente y la directora de los Servicios Jurídicos, María Jesús Arribas, designaran a la persona que debía representar a la empresa ante el juez, después de la Audiencia Nacional la imputase como persona jurídica solo un día antes.

“En relación al BBVA, resulta especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal”, señala este lunes el magistrado García-Castellón, en el auto donde cita al presidente del banco a declarar. En ese escrito, el juez incide en que Torres preside el comité de Assurance Corporative de la entidad financiera, órgano “designado [como] responsable de la responsabilidad penal de la persona jurídica”.

El movimiento del juez llega, además, después de haber intentado recabar la versión de María Jesús Arribas, quien se negó a declarar en la Audiencia Nacional. Citada como testigo en julio, la directora de los Servicios Jurídicos decidió no responder a las preguntas de los investigadores, y afirmó al magistrado que se encontraba amparada por el deber de secreto profesional, como abogada del banco en ejercicio. “No habiendo sido posible recabar declaración de Arribas, quien era la persona que reportaba al comité [de Assurance Corporative] lo que se iba realizando en la entidad, [...] resulta preciso interesar la citación como testigo de Torres, a fin de poder delimitar la existencia de una verdadera cultura de cumplimiento normativo en la entidad que pudiera eximir de responsabilidad penal a la misma”, escribe el instructor en su resolución de este lunes.

La defensa del BBVA y la Fiscalía Anticorrupción mantienen desde hace tiempo un fuerte enfrentamiento en la causa, con acusaciones cruzadas. El ministerio público ha atribuido al banco los retrasos en la investigación judicial por haber aportado “información parcial y sesgada”, entregado correos electrónicos “incompletos” y dificultado “cada intento de recabar las pruebas”. La Audiencia Nacional ha puesto bajo sospecha toda una batería de contratos de la entidad financiera con Villarejo, que se desarrollaron entre 2004 y 2017 y por los que el policía retirado percibió 10,3 millones de euros.

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