BBVA: Un año bajo la lupa por el escándalo Villarejo

Doce meses. Este es el plazo que se ha cumplido desde que el BBVA abrió una investigación interna para determinar si se realizaron prácticas ilegales, como la supuesta contratación por parte del ya expresidente Francisco González, al excomisario José Manuel Villarejo, para espiar a empresarios, políticos y periodistas pinchando sus teléfonos. La búsqueda todavía sigue sin cerrarse y sin que se conozcan avances. El montante total entregado a Cenyt, la empresa del policía jubilado, se estima en más de 10 millones entre 2004 y 2018.

Desde entonces, el segundo banco español ha vivido una etapa más que azarosa en la que se ha cambiado al presidente, al consejero delegado y ha modificado el consejo de administración. Pero los problemas, lejos de alejarse o encauzarse, se han recrudecido porque la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han abierto investigaciones que dejan la situación fuera del control del BBVA. El banco ya no sabrá si va a llamar a declarar a algún directivo como investigado (antes imputado) o como testigo. En estos doce meses la cotización del banco ha caído un 17%, poco más que la media de índice de financiero del Ibex 35.

El banco justifica el sorprendente plazo dedicado a la investigación por la enorme complejidad que supone rastrear miles de correos electrónicos de decenas de empleados que podían saber de este asunto, soportados en diferentes sistemas informáticos, algunos de ellos ya caducos, mensajes de teléfono, así como contratos y documentos, algunos de los cuales solo están en papel.

Mientras tanto, la Audiencia ha admitido la personación y las querellas de algunos de los supuestamente espiados, como el exministro Miguel Sebastián (en el momento de las escuchas jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno de Zapatero); el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas; Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, el exdirectivo de esta empresa, Vicente Benedito y el exvicepresidente del BBVA, José Domingo Ampuero.

Un asunto de pocos

“Este asunto no puede estar en conocimiento de muchos directivos. El BBVA debería centrar la investigación en la cúpula, cuatro o cinco ejecutivos, diez como máximo, que estuvieron junto a González y podían saber del asunto. A partir de ahí, hay que responder a cuatro preguntas: ¿Quién dio la orden de contratar a Villarejo? ¿Qué información proporcionó y dónde está ahora? ¿Quién le pagó? ¿Quién estuvo relacionado con el policía?”.

En opinión de estas fuentes, si no hay rastros de los trabajos de Villarejo porque los han destruido, es prueba de que eran conductas ilícitas. Antiguos directivos del BBVA y exconsejeros insisten en que “lo que es relevante es conocer hasta qué punto supieron en el banco los medios que utilizaba Villarejo para lograr sus averiguaciones”.

También apuntan que contratar a un funcionario no es delito, “salvo que se supiera que iba a utilizar métodos irregulares o se iba a valer de su posición de policía para cumplir con la misión encomendada. Si los trabajos, como ha dicho el BBVA, eran buscar el patrimonio de clientes morosos o realizar labores de inteligencia, el banco debería encontrar los documentos con facilidad y aclarar por qué pagó cantidades tan elevadas por estos servicios que en el mercado habitual valen mucho menos”, añaden.

Entre los abogados de la causa se especula con que González, que ya ha contratado a abogados de Baker McKenzie para su defensa, puede argumentar que todo fue organizado por Corrochano. “Sería llamativo que alguien culpara de todo a Corrochano. De todas formas, las facturas publicadas deberán estar registradas en la contabilidad interna, así como las indicaciones que recibió para contratar al expolicía porque no es imaginable que fueran verbales o secretas”, indican estas fuentes.

Otra de las cuestiones que sobrevuelan esta causa es la posible prescripción de los actos realizados en 2004 y años siguientes. Almudena Peleteiro, abogada de Arenillas, no lo cree. “La verdad es que ni siquiera tenemos muy claro en qué momento empezaría el cómputo de los años transcurridos porque no conocemos cuando cesó la intervención telefónica. Sí sabemos que cuando un funcionario realiza la intervención telefónica, la pena de inhabilitación puede llegar hasta los 12 años. El plazo de prescripción de los delitos castigados con pena de inhabilitación de más de 10 años es de 15 años y, por último, cuando se cometen varios delitos, el plazo de prescripción aplicable a todos es el que corresponde a los más graves”, apunta esta abogada.

Romper con el mentor

Con la llegada de Carlos Torres, (Salamanca, 53 años), presidente del BBVA desde enero pasado, se inició un nuevo método de investigación interna, una vez constatado el fracaso de la anterior, diseñada por González. Torres lo ha dejado todo en manos ajenas: los que llevan la batuta son un centenar de especialistas en rebuscar asuntos turbios (investigación forensic) de la firma PwC, junto con abogados de los despachos de Uría y de Garrigues.

En este tiempo, el BBVA ha entregado documentos a la Audiencia, aunque no precisa cuáles. Preguntado por la investigación, el banco solo dice que “colabora activamente con la justicia” y que es “escrupuloso con el secreto del sumario”.

Este polémico asunto ha causado malestar entre los competidores del banco y el propio BCE, que creen que la prolongación de la investigación perjudica más la reputación del sector. En privado, los banqueros creen que Torres salvará este obstáculo por su capacidad estratégica, pero coinciden en que cometió un error al declarar que creía en la inocencia de González. “Ahora debe romper con su mentor si quiere liberar al banco de este problema, cueste lo que cueste”. Pero ahora es la Audiencia la que marca la ruta, y es imprevisible.