El presidente del Poder Judicial tilda la ley de amnistía de “moneda de cambio” entre el PSOE y Junts

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se ha pronunciado de forma muy dura contra la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. En el escrito elaborado para argumentar su voto en blanco al texto aprobado la pasada semana por el órgano de gobierno de los jueces, que consideraba inconstitucional dicha norma, Guilarte explica su posicionamiento como una muestra de “prudencia” ante el intenso “componente político” que rodea dicho debate. Pero, a su vez, insiste en que esta iniciativa legislativa responde a una “transacción” entre el PSOE y los partidos independentistas, que permite a ambas partes obtener “prestaciones mutuas” y que, por tanto, constituye una auténtica “moneda de cambio” entre fuerzas políticas que “desvirtúa” la justificación que se daba en la exposición de motivos de la ley, donde se subrayaba que se hacía por el “interés general”.

El pasado jueves, el sector conservador (y mayoritario) del CGPJ dio luz verde al dictamen confeccionado por el vocal Wenceslao Olea que considera inconstitucional la ley de amnistía. El texto, que no es vinculante, obtuvo el apoyo de 9 de los 10 vocales propuestos por el PP. Guilarte, también respaldado en su día por la formación conservadora, y el progresista Enrique Lucas votaron en blanco. Por su parte, los cinco vocales propuestos por el PSOE respaldaron un texto alternativo escrito por la vocal progresista Mar Cabrejas, que consideraba que la amnistía sí tiene encaje en la Constitución, aunque le ponía algunas objeciones.

En su escrito, Vicente Guilarte considera la amnistía una “medida de gracia” que puede otorgarse “unilateralmente” por el Poder Legislativo, pero que no puede concederse “a cambio de contraprestación onerosa alguna”: “Pues eso desvirtúa radicalmente su causa; pasando, en terminología civil, de la gratuidad a una onerosidad que desdibuja su esencial naturaleza como medida de gracia. Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de precio. De igual manera que no cabría indultar, menos aún, amnistiar a cambio de una contraprestación onerosa”.

El presidente suplente del CGPJ sitúa el pecado original en el pacto cerrado entre los socialistas y Junts, que supuso la concesión de la amnistía a cambio de obtener los votos necesarios para la investidura de Sánchez: “La amnistía no puede ser sinalagmática moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura; pues implica convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso. Habrá que preguntarse, y no soy capaz de dar respuesta adecuada, si desde una perspectiva constitucional la extinción de la acción penal puede ser prestación correlativa a la obtención de una importante contrapartida política”.

“Creo poder concluir que no existen precedentes, ni en España ni en el resto de naciones que han acordado medidas de gracia similares, donde la amnistía se haya insertado en una transacción sinalagmática con prestaciones mutuas”, prosigue Guilarte, que remacha: “El previo pacto político alcanzado entre sus mentores, del que la amnistía trae causa real, si se analiza con una perspectiva civil difícilmente superaría los criterios de validez y licitud exigidos por el artículo 1.276 del Código Civil”. Este precepto contempla que la “expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita”.

El presidente del Consejo considera “sorprendente” que la “faraónica” exposición de motivos de la ley de amnistía guarde “silencio” sobre ese pacto político; y alegue, como justificación para impulsar la norma, el “interés general” que se busca con “la pacificación política y convivencia” de Cataluña. “Finalidad que, sin embargo, nunca fue esbozada previamente en el programa electoral de su otorgante”, reprocha Guilarte al PSOE. “La razón de ser de la ley expresada en la exposición de motivos no es la que verdaderamente subyace en la prestación comprometida y que se concreta en propiciar la amnistía a cambio del apoyo parlamentario a la investidura del Presidente del Gobierno.

El CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, tiene entre sus funciones informar sobre los proyectos de ley, pero la amnistía a los encausados del procés no ha sido sometida a esa consulta porque se tramitó como proposición de ley (presentada por el PSOE) y no como proyecto de ley (presentado por el Gobierno). No obstante, el PP se sirvió de su mayoría absoluta en el Senado para reclamar un informe al CGPJ y otro a la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rechazó hacer el suyo, pero el órgano de gobierno de los jueces —que ya se pronunció en contra de la amnistía antes incluso de que se conociera la primera versión de la ley— sí acordó redactar uno.