Los conservadores del Poder Judicial sacan adelante el informe contrario a la amnistía

El sector conservador —y mayoritario— del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha culminado este jueves el plan previsto desde que, en diciembre pasado, el Senado le encargó un informe sobre la proposición de ley de amnistía, una norma sobre la que el órgano de gobierno de los jueces no estaba obligado a pronunciarse. El pleno ha aprobado el dictamen elaborado por el vocal Wenceslao Olea, propuesto por el PP para formar parte del órgano, que carga duramente contra la amnistía y considera que es inconstitucional. El texto redactado por Olea —y que no es vinculante— ha sido secundado por 9 de los 10 vocales propuestos por el PP. El presidente suplente, Vicente Guilarte, y el progresista Enrique Lucas han votado en blanco, mientras que los cinco vocales propuestos por el PSOE han apoyado el texto alternativo redactado por la vocal progresista Mar Cabrejas, que considera que la amnistía sí tiene encaje en la Constitución aunque también le pone algunas objeciones.

El CGPJ, cuyo mandato caducó hace más de cinco años, tiene entre sus funciones informar sobre los proyectos de ley, pero la amnistía a los encausados del procés —una medida que los partidos independentistas pusieron como condición para investir a Pedro Sánchez— no ha sido sometida a esa consulta porque se tramitó como proposición de ley (presentada por el PSOE) y no como proyecto de ley (presentado por el Gobierno). No obstante, el PP se sirvió de su mayoría absoluta en el Senado para reclamar un informe al CGPJ y otro a la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rechazó hacer su informe, pero el órgano de gobierno de los jueces —que ya se pronunció en contra de la amnistía antes incluso de que se conociera la primera versión de la ley— sí acordó redactar el suyo y se lo encargó a los vocales Olea, del sector conservador, y Cabrejas, del progresista. En principio debían presentar un solo texto, pero las discrepancias entre ambos les han llevado a elaborar dos informes por separado. El pleno los ha debatido este jueves y ha aprobado, por mayoría, el del vocal conservador.

El texto sostiene que la Constitución, al excluir “de manera consciente” la amnistía, exige que esta se adecúe “a todos y cada uno de los valores, principios y condiciones” que impone la norma fundamental, algo que no aprecia en la proposición pactada por el PSOE, ERC y Junts. El informe redactado por Olea, que es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sostiene que ningún artículo de la Constitución, y tampoco la doctrina del Constitucional ni la jurisprudencia del Supremo, permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español.

El dictamen objeta también la tramitación de la iniciativa por vía de urgencia, dada la “excepcionalidad jurídica y la trascendencia social” del asunto. Y considera que la proposición de ley socava el derecho a la igualdad —ya que no se justifica que los encausados del procés independentista reciban un trato penal distinto al del resto de los ciudadanos— y el principio de separación de poderes. No resulta “admisible”, sostiene el CGPJ, que el Parlamento pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución (por ejemplo, los indultos que concede el Gobierno). Más allá de la constitucionalidad de la norma, el documento critica también con dureza el articulado de la proposición de ley. Entre otros aspectos, cuestiona que solo estén excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo que hayan causado “graves violaciones de derechos humanos” y que estén recogidos como tal en la directiva europea.

El informe alternativo redactado por Mar Cabrejas ha recibido el respaldo de esta vocal y de los otros cuatro propuestos por el PSOE. Los cinco presentarán así un voto particular, es decir, discrepante del criterio mayoritario. Ese segundo dictamen argumenta que el hecho de que la Constitución no recoja expresamente la amnistía no quiere decir que la prohíba, aunque remarca que no corresponde al CGPJ establecer si esta proposición de ley de amnistía en concreto es o no constitucional. Cabrejas defiende también que no cabe derivar del artículo 14 de la Constitución (“los españoles son iguales ante la ley”) una prohibición absoluta de la medida de gracia, pero reprocha algunos aspectos del articulado de la ley, como “algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas” al fijar la franja temporal y las conductas abarcadas por la medida de gracia.

El vocal Enrique Lucas, propuesto por el PNV y adscrito al sector progresista, ha votado en blanco y ha presentado un voto particular explicando sus razones. Lucas considera que la Constitución admite las amnistías o, “si se prefiere, las tolera, si bien con carácter absolutamente excepcional”. Pero no se adhiere al texto de los vocales propuestos por el PSOE porque, aunque coincide con él “en términos generales”, discrepa respecto a que el CGPJ no sea competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la proposición de ley. El vocal pone, no obstante, algunas objeciones al texto que se tramita en las Cortes, como que el Congreso haya “relajado” los requisitos formales que se le exigen (de oportunidad, necesidad o proporcionalidad, entre otros) a una proposición de ley registrada por el partido que lidera el Gobierno. Lucas sostiene también, en línea con el dictamen de la Comisión de Venecia, que es necesario que una medida como la amnistía se apoye en “un proceso previo de formación del repetido consenso”, algo que no se ha hecho en este caso.

Es la segunda vez que el pleno del Consejo se pronuncia en contra de la amnistía. La primera, en noviembre pasado, lo hizo en una sesión extraordinaria forzada por el sector conservador y antes de que la proposición de ley fuera registrada por el PSOE. El CGPJ alegó entonces que la tramitación por la que los socialistas habían optado —esto es, una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario, y por vía de urgencia— evitaba someterla a informes. “Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podría hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide”, señalaron los vocales conservadores. Cuatro meses después, han sacado adelante otro dictamen contrario a la medida de gracia aprovechando la oportunidad que les brindó el Senado.

Acelerar el informe de la Lecrim

El pleno de este jueves ha visto también la carta enviada por el Ministerio de Justicia al órgano de gobierno de los jueces en la que, como adelantó EL PAÍS, le reclama que entregue, en el curso de esta semana, el dictamen que tiene pendiente desde febrero de 2021 sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Fuentes del Consejo señalan que el presidente suplente, Vicente Guilarte, ha dado cuenta del ultimátum del Ejecutivo y el pleno ha acordado retomar el informe, que está muy avanzado, pero sobre el que no se ha dado ningún paso desde junio pasado. El borrador del texto se va a remitir a los vocales para que puedan hacer aportaciones, pero no se ha fijado un plazo para llevarlo de forma definitiva al pleno.

La carta de Justicia constata la intención del Ministerio que dirige Félix Bolaños de acelerar la nueva Lecrim, una de las reformas legales de mayor envergadura diseñadas en los últimos años y que implicará dejar en manos de los fiscales la instrucción de los casos penales. Pero para avanzar en la tramitación de la norma es preceptivo el informe del CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, pero que, mientras siga en funciones, tiene entre sus principales competencias la de informar sobre los anteproyectos de ley. Fuentes del Consejo el retraso, de más de tres años, pero alegan la complejidad de la nueva ley que ha requerido decenas de reuniones de un grupo de expertos y recabar la opinión de todos los jueces de la jurisdicción penal.