El fiscal rechaza hacer el informe sobre la amnistía que pidió el Senado porque supondría “alterar” el funcionamiento de las instituciones

La Fiscalía General del Estado no elaborará el informe sobre la proposición de ley de amnistía que le reclamó el Senado el pasado 5 de diciembre. Así se lo ha informado ya el fiscal general, Álvaro García Ortiz, al presidente de la cámara Alta, el popular Pedro Rollán, en una carta a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En el escrito, García Ortiz, alega que el Consejo Fiscal -el órgano al que se reclamó el dictamen- no tiene competencias para informar sobre una proposición de ley. El fiscal general admite que “la leal colaboración institucional” sí permitiría a la Fiscalía como institución hacer este informe, pero sostiene que esa cooperación “no es posible” en este caso porque supondría “alterar el normal funcionamiento de la institución” e “invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía”, ya que corresponderá a los fiscales que lleven causas relacionadas con el procés posicionarse sobre la amnistía cuando esta llegue a los tribunales.

El informe sobre la amnistía se ha convertido en nuevo foco de enfrentamiento entre el fiscal general y el ala más conservadora de la carrera. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que el Consejo Fiscal informe sobre proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. Pero este dictamen no está previsto para las proposiciones de ley, que es la forma en la que se está tramitando la amnistía a los encausados del procés. Tanto el CGPJ -abiertamente contrario a la medida de gracia- como el sector más conservador de la Fiscalía reclamaron desde el principio que ambas instituciones pudieran dar su opinión, y encontraron el camino de la mano del PP y de su mayoría absoluta en el Senado.

El pasado 5 de diciembre, la Mesa de la cámara Alta acordó pedir un informe al órgano de gobierno de los jueces y otro al Consejo Fiscal. El CGPJ designó rápidamente a dos vocales para hacer su dictamen, en el que ya se está trabajando. Pero García Ortiz, pese a la presión de un sector de la Fiscalía para que se pronunciara cuanto antes, alegó que él no debía pronunciarse hasta tomar posesión formalmente, un trámite que se quedó pendiente antes de Navidad y que, finalmente, se celebró este miércoles. Ese mismo días, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de tendencia conservadora, difundió un duro comunicado en el que reprochaba a García Ortiz que no hubiera convocado todavía al Consejo Fiscal para hacer el informe, una protesta a la que también se sumó la Asociación Independiente de Fiscales (APIF). Entre ambas asociaciones suman siete de los 12 miembros del Consejo Fiscal, por lo que aspiraban a poder imponer su criterio para que saliera adelante un informe contrario a la amnistía.

La respuesta al Senado ha sido la primera tarea que ha abordado el fiscal general en su primer día oficial en el cargo, pero la contestación va en el sentido contrario a lo que la Cámara le reclamó. En su carta, García Ortiz explica que la elaboración de informes por parte del Consejo Fiscal sobre proposiciones de ley “no está legalmente prevista”, y recuerda que el distinto tratamiento que merecen los proyectos y las preposiciones de ley respecto a las funciones consultivas del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial esta “exhaustivamente analizado por varias sentencias del Tribunal Constitucional”.

El Senado basó su petición en el artículo 14.4.j del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero este precepto, advierte García Ortiz, solo prevé a intervención del Consejo Fiscal (órgano asesor del fiscal general integrado por representantes de las tres asociaciones de fiscales) para informar de proyectos de ley o normas que afecten a la estructura, organización y funciones del ministerio público, requisitos que no cumple la proposición de ley de amnistía. “Lamento comunicarle la inviabilidad de la solicitud formulada por el Senado”, señala el fiscal general.

García Ortiz admite que ese dictamen sí podría hacerlo la Fiscalía como institución, pero considera que, en este caso, “por el objeto y la trascendencia jurídica” de la proposición de ley de amnistía, no es aconsejable, ya que el ministerio público tendrá que fijar un criterio “unitario” una vez que la norma entre en vigor y tenga que aplicarse en los tribunales. El texto que se tramita prevé la participación de la Fiscalía en varios pasos del proceso, como pronunciarse sobre cada caso en el que deba aplicarse la medida de gracia o instar a que se aplique la norma si el órgano judicial correspondiente no lo hace de oficio.

El Fiscal general concluye asegurando que su intención es la de no “extralimitar” sus funciones legales, aun con “la mejor voluntad” de colaboración entre las instituciones. “Por encima de ella está el efectivo cumplimiento de las Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado, doctrina vinculante para todos los integrantes de nuestra institución”, señala García Ortiz.