Frontex amenaza con irse de España

Frontex y España no son, precisamente, una pareja bien avenida y vuelven a protagonizar un choque. La agencia europea de fronteras amenaza con irse del país si no llega a un acuerdo con las autoridades españolas para renovar las operaciones conjuntas contra la inmigración irregular. España se resiste a firmar las condiciones propuestas por la agencia, especialmente en materia de protección de datos de los migrantes, cuya responsabilidad y titularidad no quiere ceder. Sin la ratificación de los planes operativos, el miércoles quedó suspendida la participación de la agencia en el Mediterráneo y el mar de Alborán. También en las islas Canarias. “Sin firma, no se curra”, ilustra un agente de Frontex desplegado en las islas. Ambas partes se han dado una semana más para llegar a un acuerdo. Si no, “se retirarán los recursos desplegados en España”, mantienen fuentes de la agencia consultadas por EL PAÍS.

España es hoy el único país de la UE que todavía no ha renovado sus operaciones conjuntas con Frontex para 2024. En juego está la actuación de la agencia en el Mediterráneo y el mar de Alborán, donde Frontex tiene desplegados agentes y medios aéreos y marítimos. Pero también en los otros dos ámbitos de actuación en España: el despliegue de agentes en las islas Canarias y su colaboración en la Operación Paso del Estrecho de cada verano. Si no se llegase a un acuerdo, España continuaría trabajando contra la inmigración irregular, como ha hecho siempre, aunque con menos medios y menos dinero.

Más allá del terreno operativo, en el que hay desplegados unos 350 agentes de Frontex, dejar de colaborar con la agencia tendría un impacto económico notable. Solo la Operación Indalo, que se desarrolla en el Mediterráneo y en el mar de Alborán, supone una inversión de unos 63 millones de euros que paga la Unión Europea. Hay también una cuestión política: España, entre los socios más europeístas del continente, sería el único país comunitario que no consigue entenderse con una agencia clave para la política migratoria de la UE en un momento de escalada de las llegadas a las costas. La agencia, por otro lado, arrastra una grave crisis de reputación por su gestión interna y su colaboración con devoluciones ilegales de migrantes. “Seguimos negociando”, mantienen fuentes de ambas partes.

Esta no es la primera vez que las conversaciones se enquistan, ni tampoco la primera amenaza de la agencia de retirarse. Es habitual que haya un pulso para medir fuerzas en una cuestión tan sensible como son las fronteras, pero nunca antes se habían suspendido todas las operaciones, como efectivamente está pasando ahora. De hecho, según fuentes conocedoras de la negociación, han quedado en un limbo las llegadas de un avión islandés, un barco italiano, 74 agentes y 34 intérpretes que debían llegar a España en los próximos días.

Las negociaciones se han estirado hasta el último día. Tras varios intercambios del plan de operaciones, la Dirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio del Interior envió el martes su contrapropuesta, tan al límite que ya no era posible adaptar ni discutir las enmiendas porque el nuevo ciclo de colaboración comenzaba el miércoles. Y no se puede trabajar sin el marco legal y financiero correspondiente. “El lanzamiento de las operaciones se pospuso porque aún hay negociaciones en curso con España. Permanezcan en el área operativa sin ejecutar tareas”, ha informado la agencia internamente en la mañana de este miércoles.

Oficialmente, Frontex ha quitado importancia a la falta de acuerdo y defiende que es normal que los planes operativos “requieran más tiempo para un debate y un acuerdo exhaustivos”, pero las discrepancias son sustanciales. Fuentes del Ministerio del Interior explican que la clave es la protección de los datos que se recogen, por ejemplo, en las entrevistas que se hacen a los migrantes nada más desembarcar. Frontex modificó su normativa en esta materia el 18 de enero y ese cambio alteró las negociaciones. “Su entrada en vigor hizo que España tuviera que reformular su posición respecto de varios epígrafes para adaptarlos a la normativa vigente”, mantienen. Sin entrar en más detalles, las mismas fuentes concretan: “España transmitió desde el principio que no estaba dispuesta a perder ni la titularidad ni la responsabilidad de los datos personales obtenidos en las operaciones conjuntas en España, posición que continuará defendiendo”.

El tira y afloja promete continuar. Mientras que en la agencia se defiende internamente que el plan operativo no puede ser modificado solo para España, aquí se mantiene que la contrapropuesta española da “claridad jurídica” y que lo “probable” es que sean el resto de Estados miembros y Frontex los que deban actualizar sus respectivos planes ya cerrados. “Ese mismo plan operativo lo han firmado Francia, Holanda, Bélgica, Grecia, Rumania… ¿Está toda Europa equivocada?”, cuestiona una fuente de las fuerzas de seguridad del Estado. “Esa pretensión del ministerio es absurda. Donde ningún Estado miembro ve problema, España sí lo ve”.

Además de la protección de datos, Interior ha propuesto más modificaciones referentes a la seguridad o la coordinación, por ejemplo. Según fuentes del ministerio, esas propuestas contrarrestan “ciertas sugerencias de la agencia, que supondrían merma en el control operativo de la gestión fronteriza de España”.

Tensas relaciones

En 2021, también por estas fechas, la agencia amenazó con sacar a sus agentes de Canarias, en plena crisis de llegadas. Los motivos no eran muy diferentes. Frontex reclamaba a España mayor control sobre la inteligencia y el acceso a los datos de carácter personal en las fronteras españolas, competencias en materia de investigaciones transfronterizas (como las mafias de narcotráfico internacional) o el despliegue sobre el terreno del nuevo cuerpo de agentes europeos, un personal armado de cuya profesionalidad recelan los agentes españoles. Finalmente, la sangre no llegó al río y se alcanzó un acuerdo in extremis.

Aunque Frontex “valora su larga y constructiva asociación con España”, subyace una profunda desconfianza de las autoridades españolas respecto a la agencia. Más allá de las negociaciones anuales, que se llevan a cabo al más alto nivel, diferentes episodios recientes han hecho evidente que las relaciones tampoco son las mejores en el terreno.

En diciembre, por ejemplo, el Gobierno de Luxemburgo pidió a Frontex que no destinase a sus agentes, por la “experiencia altamente perjudicial” que vivió un policía luxemburgués que estuvo en comisión de servicio en las islas Canarias y que fue apartado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En otro episodio, la expulsión de un agente rumano de Frontex desplegado en Almería acabó con el envío masivo de un mail anónimo titulado “Merecemos ser respetados”. El mensaje criticaba duramente a la Policía Nacional y animaba a los colegas a denunciar irregularidades y limitar el desempeño de su trabajo en las misiones. “[El agente sancionado] fue tratado como un animal… Fue amenazado y acosado”, se leía en el correo electrónico. “Frontex, en vez de salir en férrea defensa de este oficial, prefiere no enfrentarse a España”.

Las resistencias de España con Frontex no son del todo entendidas en Bruselas. En enero de 2021, este periódico preguntó al vicepresidente de la Comisión Europea responsable de inmigración, Margaritis Schinas, por qué creía que España no ve con buenos ojos la presencia de Frontex. El político griego respondió: “Eso me pregunto yo, por qué Frontex no está en Canarias cuando hay un serio problema —apenas hay siete observadores—, y sí está masivamente en el Egeo, con cientos de agentes”.