El Gobierno de Luxemburgo pide a Frontex que no destaque en España a sus agentes

El Gobierno de Luxemburgo ha pedido a la agencia europea de fronteras (Frontex) algo muy poco habitual: que no envíe a España a sus agentes, empezando por uno que ha sido convocado como oficial de información en Lanzarote. El motivo alegado es una “experiencia altamente perjudicial” vivida el pasado julio por otro agente luxemburgués que estuvo en comisión de servicio en las islas Canarias y que fue apartado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Según fuentes policiales españolas que conocen el caso, a este agente en cuestión, cuyo trabajo se centraba en obtener información de los inmigrantes recién llegados, se le expulsó de la misión por sus recurrentes comentarios racistas. Luxemburgo no comparte este señalamiento y describe a su funcionario como una víctima de “acusaciones y amenazas infundadas”.

La Dirección de Inmigración del Ministerio del Interior luxemburgués envió a Frontex su solicitud “urgente” el pasado 29 de noviembre. En el email, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se asume, en primer lugar, el carácter inusual de esta demanda. “Comprendemos perfectamente que no es práctica habitual que los Estados miembros intervengan en la programación de los despliegues”, reconoce el texto para, a continuación, solicitar que, aun así, el agente convocado para el equipo de Lanzarote “no sea desplegado en España”.

La agencia europea de fronteras, en plena expansión presupuestaria y de personal, cuenta con diferentes misiones para luchar contra la inmigración irregular en varios países. Los oficiales que las componen son una mezcla de agentes de policía del país anfitrión y personal captado por otros Estados miembros (policías o no) que se une temporalmente a las distintas misiones a cambio de un sobresueldo. En España, Frontex tiene desplegadas tres misiones: una en el Estrecho y el Mar de Alborán, otra en Canarias y una tercera puntual de apoyo cuando se produce cada verano la Operación Paso del Estrecho.

En la solicitud se aprecia el malestar de Luxemburgo por el último incidente con su funcionario y, aunque no da detalles de lo ocurrido, señala que el episodio “ha suscitado serias preocupaciones sobre el enfoque elegido por las autoridades españolas” respecto al despliegue de agentes extranjeros de Frontex. El incidente, asegura el texto, “explica nuestra reticencia a desplegar funcionarios luxemburgueses a largo plazo hasta que recibamos garantías suficientes de que Frontex y las autoridades españolas han adoptado medidas tangibles para evitar que se repitan hechos de este tipo en el futuro”.

Según se explica en el email, las autoridades españolas tomaron la “decisión unilateral de prohibir el acceso” del agente luxemburgués a la zona operativa, “sin notificación previa” a Frontex y “basándose en acusaciones infundadas”, sin que el policía tuviese la oportunidad de responder a las acusaciones vertidas contra él. El caso provocó intercambios de correos a tres bandas durante semanas en los que, según Luxemburgo, había “información parcial y contradictoria, amenazas infundadas de procedimientos disciplinarios y varias peticiones de aclaraciones por escrito a nuestro funcionario para salvaguardar su reputación profesional”. El Ministerio del Interior de Luxemburgo remite cualquier pregunta sobre este tema a Frontex, y la agencia ha respondido a la solicitud de información de EL PAÍS así: “No entra dentro de nuestra política comentar casos concretos que impliquen a funcionarios individuales”.

Luxemburgo muestra en el email su apoyo al despliegue de Frontex, pero advierte de que “la falta de un apoyo adecuado” a sus miembros y de “líneas claras de información” puede perjudicar “gravemente” su capacidad (y la de otros Estados miembros) de encontrar los voluntarios necesarios.

En España ha sorprendido la solicitud de Luxemburgo. Fuentes policiales explican que sí hubo un incidente con un agente luxemburgués, destinado en Canarias, al que se le abrió en julio un expediente por incidente grave. Según estas fuentes, fueron recurrentes los problemas generados por este agente, al que era habitual escuchar “expresiones racistas y vejatorias de gravedad”. “Se le retiró por su comportamiento inadecuado. No se entienden las reticencias, porque el procedimiento que se abrió está tasado para circunstancias como estas”, explican. Los comentarios eran muy despectivos, añaden.

Tanto Frontex como la Policía Nacional aseguran que su cooperación es buena, pero este no es el primer encontronazo en el ámbito operativo. Aunque no ha trascendido, varias fuentes confirman a EL PAÍS que se han producido ya varias peticiones para apartar a oficiales por comportamientos inadecuados, algunos relacionados con conductas sexuales, durante su misión. Otro caso, revelado por EL PAÍS, supuso la expulsión de Almería de un agente de Frontex por un mensaje de WhatsApp en el que se felicitaba por el trabajo de la agencia que habría contribuido a acabar con una red de tráfico de personas. El mensaje generó un profundo malestar en la Policía, que decidió mandar al oficial de vuelta a Rumanía. Poco después, un correo electrónico anónimo, remitido a cientos de agentes, destripaba el malestar del personal de Frontex en España. “La Policía le trató como a un animal, lo amenazó, lo acosó”, se decía en referencia a las represalias adoptadas contra el agente.

Las tensiones han llegado también a los despachos, y en 2021 la agencia casi se retiró de la misión de las islas Canarias por las dificultades para ponerse de acuerdo en los términos y condiciones.