El Gobierno niega a la activista saharaui Aminatu Haidar el derecho a seguir residiendo en España después de 16 años

La activista saharaui Aminatu Haidar (El Aaiún) denuncia que el Gobierno le ha denegado el permiso de residencia en España que tenía concedido por razones humanitarias desde hace 16 años; concretamente, para recibir tratamiento médico para sus múltiples problemas de salud. “Aminatu es una víctima más de la agresividad y la violencia administrativa de este Gobierno con la población saharaui”, asegura su abogada, Fatima M. Fadel.

Según la letrada, Haidar tenía este permiso desde 2007 y lo renovaba “sin problemas” anualmente en Jaén, donde estaba empadronada. “Hasta 2020, justo poco antes de la pandemia. Solicitamos la prórroga y se la denegaron diciendo que había estado demasiado tiempo fuera del país”. Fadel reconoce que este permiso requiere cumplir determinados tiempos de permanencia en territorio español, “pero Aminatu viaja mucho, nunca lo había cumplido y nunca lo habían tenido en cuenta”, alega. Tras recurrir esta decisión, Haidar obtuvo sus papeles, pero su abogada ya intuía que aquel episodio representaba el inicio de un cambio en la que había sido su situación legal hasta entonces.

El 25 de enero de 2022 le caducaba el permiso de residencia y el 24 de febrero siguiente, como ha podido comprobar EL PAÍS, presentó telemáticamente la correspondiente solicitud de renovación en el registro de la Subdelegación del Gobierno en Jaén. “Estaba dentro del plazo legal de 90 días después de caducado el permiso”, subraya la letrada. Sin haber recibido aún una respuesta, en mayo de ese mismo año solicitó un traslado del expediente de Haidar a Madrid, donde la activista se había afincado para atender sus problemas de salud. Ese año, la operaron dos veces, explica Fadel.

El traslado fue aprobado en el mismo día, pero la sorpresa llegó un año después. En mayo pasado, la Delegación del Gobierno en Madrid le notificó que le denegaba el permiso de residencia por haberlo solicitado fuera de plazo, al entender que la petición databa de mayo de 2022 ―cuando se trasladó el expediente― y que había superado el plazo de tres meses para solicitar la renovación una vez caducado el permiso vigente. “Lo recurrimos y, para nuestra sorpresa, nos han dicho que no”, relata la abogada. “Tenemos todos los justificantes, pero está claro que es una decisión política”.

Desde noviembre, Aminatu Haidar se encuentra en situación irregular en España. “Si la policía quisiera pararla y dictar una orden de expulsión, podría hacerlo”, lamenta Fadel. En ese caso, la activista ―con pasaporte marroquí desde que le fue devuelto tras una huelga de hambre en 2009― sería deportada al Sáhara Occidental. “Allí la van a recibir encantados”, dice con ironía su abogada.

Lo que más le preocupa a Haidar es dejar de recibir la atención médica que necesita, lo que incluye una intervención quirúrgica. La activista sufre, según su abogada, de fibromialgia, la han operado dos veces de la rodilla y una del codo, por lo que realiza rehabilitación, y padece osteoporosis crónica, “que requiere de tratamiento continuo y le impide hacer esfuerzos o coger peso”. “Allí [en el Sáhara Occidental] no hay quien quiera tratarla y ve limitados sus derechos”, asegura Fadel.

“Cuando termine sus temas médicos, se va”, anuncia su representante. “Y ya veremos si le dan el visado para volver a España” en el futuro, advierte. Otras activistas están denunciando dificultades para obtenerlo. Así, de las cinco residentes en el Sáhara Occidental invitadas al festival internacional de cine FiSahara celebrado esta semana en Madrid, solo dos pudieron asistir finalmente; las otras tres no consiguieron siquiera obtener cita previa para solicitar un visado de entrada a España en los consulados de Agadir o Rabat.

Aminatu Haidar fue condenada por Marruecos a siete meses de cárcel en 2005 por defender la creación de una República Árabe Saharaui Democrática en el territorio de la excolonia española del Sahara Occidental, actualmente bajo control marroquí. Cumplió un mes y, tras presiones de la comunidad internacional, fue puesta en libertad. En noviembre de 2009 protagonizó el conocido como caso Haidar: la activista inició una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote cuando Marruecos la expulsó y retiró el pasaporte que, 32 días después, de nuevo debido a la presión internacional y ante el precario estado de salud de la activista, le devolvió.

El PAÍS ha consultado al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Madrid las razones por las que se ha denegado a Aminatu Haidar la renovación de su permiso de residencia sin haber obtenido todavía respuesta.