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El narco agita el Guadalquivir: cuatro narcolanchas listas para alijar y otra cargada de combustible en apenas un día

La Guardia Civil solo pudo detener a los cinco ocupantes de la embarcación que trasladaba 64 bidones de gasolina, uno de ellos con una identificación antigua de militar

Jesús A. Cañas
Una patrullera de la Guardia Civil navega por la desembocadura del río Guadalquivir.
Una patrullera de la Guardia Civil navega por la desembocadura del río Guadalquivir.JUAN CARLOS TORO

El ceutí Mohamed M. M. fue militar en el Ejército de Tierra, al menos hasta 2010. En algún momento debió de decidir que había otro oficio más lucrativo y se pasó a los submundos del hachís. Este domingo, al filo de las 21.35, acabó detenido, junto a otras cuatro personas, en la desembocadura del Guadalquivir, en Cádiz, a bordo de una narcolancha cargada con 64 petacas de gasolina. Fue el final de un día en el que el narco agitó el río para dejar claro que el negocio sigue presente en la zona: cuatro narcolanchas más, todas de vacío pero listas para alijar, sortearon con impunidad y descaro a una patrullera de la Guardia Civil mientras se dirigían a la desembocadura, sin que los agentes a bordo pudiesen hacer nada para detenerlas.

La narcolancha de Mohamed, de 44 años, fue descubierta por la embarcación Río Arlanza del Grupo Marítimo del Estrecho del Estrecho de la Guardia Civil cuando navegaba, a la altura de Chipiona, justo detrás de un carguero para no ser detectada. El hallazgo provocó una persecución en la que ambas embarcaciones sufrieron daños, como confirman fuentes de la Guardia Civil. De hecho, uno de los ocupantes de la lanchaacabó ingresado tras romperse la mandíbula al golpearse con uno de los cuatro motores fueraborda de la semirrígida. La embarcación iba cargada con 1.280 litros de combustible, almacenados en petacas que se suelen usar para repostar las narcolanchas que esperan durante días en alta mar a la espera del momento adecuado para realizar sus alijos.

A los cinco detenidos, todos de nacionalidad española, se les investiga por un delito de contrabando —al viajar en una embarcación que, desde 2018, es género prohibido— y de desobediencia. Uno de ellos es original de La Línea de la Concepción y el resto de Ceuta, incluido Mohamed M. M., que, en el momento de la detención, llevaba una identificación caducada en el año 2010 que le acreditaba como miembro del Ejército de Tierra destinado en Ceuta. Defensa no ha respondido, a preguntas de EL PAÍS, si el detenido sigue siendo militar o ya abandonó el ejército, alegando que la causa está judicializada.

Fue el enésimo tropiezo con asalariados del hachís que la Guardia Civil tuvo este domingo en el río Guadalquivir. La asociación profesional AUGC denunció este lunes con un vídeo cómo una patrullera del Instituto se topó con hasta cuatro narcolanchas, todas vacías, que bajaban el río a gran velocidad. En la pieza —grabada por un vecino de Sanlúcar de Barrameda en algún momento de ese día, según confirman desde AUGC— se aprecia cómo las semirrígidas esquivan a la embarcación de los agentes, que no pueden hacer nada para evitar su marcha. “Cuando hay [viento de] levante, [los narcos] meten sus narcolanchas en el río y luego salen. Ellos saben que los nuestros no los pueden parar porque no tenemos medios y por la peligrosidad. La impunidad es evidente”, denuncia uno de los agentes, que pide anonimato.

El refuerzo policial del Estrecho iniciado en 2018 ha modificado la forma en la que los narcos alijan el hachís desde Marruecos. La presión les ha llevado a recuperar zonas usadas en el pasado, como el Guadalquivir, a mantenerse durante días en el alta mar e incluso a traficar con migrantes, a los que no tienen reparos de arrojarles de las embarcaciones. En esa nueva forma de operar ha proliferado la figura del petaquero, integrado en pequeñas mafias subcontratadas por el narco para surtirles de gasolina, cambiar tripulaciones o llevarles víveres al mar.

Un oficio legal

El auge de estos nuevos peones es tal que, entre 2018 y 2022, las fuerzas de seguridad se hicieron con 800.000 litros de gasolina destinados a narcolanchas, en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. La legalidad de su tarea —por ahora— hace que no sea difícil toparse con petaqueros que salen desde la costa cargados de bidones de unos 25 litros de gasolina, habitualmente a bordo de embarcaciones más pequeñas y que no son ilegales, como sí ocurre con las narcolanchas. “Para ellos es un negocio redondo. Aquello es una jauría de caños en los que pueden cargarse de petacas y salir al mar”, apunta este agente de AUGC.

Más extraño es ya que los narcos se aventuren a dejarse ver a bordo de una narcolancha, género prohibido valorado entre 150.000 y 300.000 euros por el que sí se les puede detener y cuya pérdida provoca un importante traspiés para sus organizaciones. De ahí que los agentes teman que los narcotraficantes estén recuperando el sentimiento de impunidad que obligó en 2018 a establecer el cerco policial y que consiguió recuperar el principio de autoridad en el Estrecho y los alrededores.

Desde julio de 2018 y hasta el pasado 31 de agosto (última estadística disponible), el despliegue policial ha llevado a la detención o investigación de 17.635 sospechosos de actividades relacionadas con el narcotráfico y el contrabando, en su mayoría gracias a las 19.063 operaciones desatadas por las Fuerzas de Seguridad (de las que 15.446 ya están judicializadas), que han permitido la incautación de 1.387.832 kilogramos de hachís, 87.786 de cocaína y 104.018 de marihuana y otras sustancias, según los datos aportados por Interior. Esos conteos, buena parte eran atribuidos a OCON Sur, el órgano de lucha contra el narco del sur en la Guardia Civil, que estuvo operativo desde 2018 y hasta septiembre de 2022, que pasó a integrarse en los equipos de las distintas comandancias. Sin ese mando centralizado y con buena parte de sus operaciones convertidas en causas judiciales que no siempre acaban bien, la duda está ahora en si el narco acabará recuperando con descaro sus fueros en el sur.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.

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