El Defensor del Pueblo cuestiona a Frontex por sus interrogatorios a los migrantes recién llegados en patera

El Defensor del Pueblo ha cuestionado la actividad de la agencia europea de fronteras (Frontex) en territorio español y ha puesto en duda los interrogatorios a los que los agentes de la agencia someten a los migrantes según desembarcan de las pateras. Para la institución a la que representa Ángel Gabilondo estos interrogatorios se realizan sin que los entrevistados tengan información suficiente sobre el objetivo de las preguntas y el uso que se hará de sus respuestas, tampoco sobre sus derechos, como permanecer en silencio. Los interrogatorios, considerados conversaciones voluntarias por los agentes, se efectúan sin abogado y, la mayoría de las veces, sin intérpretes que hablen la lengua materna de los migrantes. En una resolución de este mes, el Defensor recomienda a la Dirección General de la Policía que se revisen los planes operativos de Frontex en España. El objetivo es que ante los interrogatorios se garantice, entre otras cosas, que los migrantes reciban asistencia jurídica e información en su idioma y que así puedan decidir libremente si se someten o no a una entrevista que puede perjudicarles. La Policía no ha confirmado si aceptará las recomendaciones de la institución.

Los interrogatorios en cuestión se producen nada más desembarcar. Cuando tocan tierra, los migrantes son internados un máximo de 72 horas en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), espacios cerrados gestionados por la Policía Nacional. Es allí donde los miembros de Frontex interrogan a los recién llegados sobre el lugar del que salieron, cuánto tardaron, cuánto pagaron, quién les ayudó con el viaje y sobre cualquier otra información que les permita identificar sospechosos o testigos de posibles delitos transfronterizos. En la práctica, lejos de desmantelar de forma recurrente grandes organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes, los interrogatorios acaban persiguiendo un objetivo: identificar al patrón de la embarcación y a personas que hayan trabajado en la organización del viaje. Cuando los agentes de Frontex identifican lo que consideran un sospechoso, lo derivan a los agentes españoles, que serán los que acaben convirtiendo el caso en una causa penal.

La Policía Nacional, que trabaja en coordinación con los agentes de Frontex, ha transmitido a Gabilondo la importancia de estos interrogatorios para la persecución de “delitos graves”. Es también la posición de la agencia, que dice estar estudiando la resolución de la institución. Un portavoz de Frontex afirma a EL PAÍS que “la información recabada en estas entrevistas desempeña un papel importante en la lucha contra el tráfico y la trata de seres humanos”. Gabilondo, sin embargo, pone en duda “la calidad de la información” recogida por los agentes “ante las carencias observadas en la comunicación, así como el momento y la falta de confidencialidad con la que se realizan”.

Fuentes policiales insisten en el carácter “voluntario y anónimo de estas entrevistas”, pero el Defensor del Pueblo, que mantiene abierto el caso, vuelve, a discrepar: “Tanto su situación [la de los migrantes] como las carencias existentes en la comunicación, hacen casi impracticable la obtención de un consentimiento informado y voluntario por parte de los entrevistados”.

El Defensor del Pueblo entró en este asunto después de que el abogado de oficio Francisco Morenilla enviase una queja a la institución por la actividad de la agencia en Almería. Morenilla lleva años atento a las prácticas de Frontex en las fronteras españolas y junto a la investigadora Cova Bachiller López publicó un artículo, como parte de una investigación mayor, que profundizaba en estos interrogatorios. “Las entrevistas informativas de Frontex pueden orientarse para producir pruebas forenses que puedan presentarse ante la fiscalía y el tribunal. A diferencia del trabajo policial, que está muy regulado, la naturaleza jurídica del interrogatorio de Frontex es ambigua. Bajo la apariencia de ‘conversaciones voluntarias’, la información escapa a la supervisión”, escriben. “Es una práctica común que los abogados brinden asistencia jurídica durante los interrogatorios realizados por la policía. Según la legislación española, incluso los testigos tienen derecho a asistencia jurídica cuando son interrogados por la policía. Además, esta salvaguardia, incluido el derecho a guardar silencio, también se extiende a las “entrevistas policiales voluntarias”. Entonces, nos seguíamos preguntando, ¿por qué las entrevistas informativas escapan de estas garantías básicas?”, cuestionan en su artículo. Para el abogado, la opacidad ensombrece el proceso: “No hay rastros documentales, ni hay registros de las remisiones de Frontex a las autoridades nacionales, no hay privacidad y no hay ningún abogado presente”.

El Defensor del Pueblo no ha estado presente en los interrogatorios realizados por los miembros de la agencia en Almería, pero sí en Canarias, donde observó el desembarco en el puerto de Fuerteventura de 58 personas. La institución llama la atención sobre la presencia de menores y sobre el hecho de que todos los supervivientes necesitaron asistencia sanitaria “A pesar de ello, y de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban tras una compleja travesía marítima, esperaron en fila para la realización de una entrevista adicional en el puerto por parte del equipo desplegado por Frontex, lo que prolongó su traslado hasta las 20.45 horas [dos horas y 45 minutos después de su llegada]”.

El órgano que dirige Ángel Gabilondo identificó “carencias en la provisión de información” sobre el objetivo de la entrevista, así como el uso que se haría del testimonio facilitado. “En ningún momento pudo observarse que se aportase detalle sobre el derecho de los entrevistados a no facilitar datos que pudiesen resultar incriminatorios”, señala. Por último, Gabilondo señala que se observaron “dificultades en la comunicación”, al realizarse la mayoría de las entrevistas en inglés o francés, “sin que mediase una mínima evaluación de la capacidad de comprensión de los interpelados en estos idiomas”.

El cuestionamiento de las entrevistas realizadas por Frontex no se limita al Defensor del Pueblo español. La Defensora del Pueblo Europeo ya se ocupó de este asunto este mes de julio y defendió que la agencia debía hacer más para garantizar la dignidad de los migrantes durante las entrevistas. En su resolución, Emily O’Reilly recomendó que Frontex proporcionara información sobre los derechos de los entrevistados, acceso a servicios de interpretación y a un mecanismo independiente de reclamación. Estas garantías, defiende, “podrían aplicarse más eficazmente si los migrantes tuvieran acceso a asistencia letrada”.