El defensor del pueblo pide que se deje a los migrantes viajar a la Península y que los menores se distribuyan por todo el territorio

El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha criticado con dureza la situación de la asistencia a la inmigración africana en Canarias, una realidad que “viene existiendo, existe y existirá”. Ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Fernández Marugán también ha subrayado que integrar a estas personas “es una necesidad para una Europa envejecida”. Ahora, “los niños y las niñas ya no vienen de París, vienen de África”, ha sentenciado refiriéndose a los problemas demográficos de España, para, luego, rechazar a quienes pretenden su “marginación”. También ha insistido en que se debe terminar con las restricciones a la libre circulación de los migrantes ubicados en Canarias

Fernández Marugán centró buena parte de su discurso en la situación de los menores. En este sentido, ha exigido “voluntad política” y una “financiación adecuada” y ha subrayado que “no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone su acogida”. Por ello, ha reclamado “la colaboración y solidaridad del resto de comunidades autónomas” y ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que asuma un papel impulsor “para acordar con urgencia el reparto solidario de estos menores por todo el territorio”. Según los datos del Gobierno de Canarias, entre 2020 y los primeros meses de 2021 han llegado 2.776 menores extranjeros no acompañados, de los cuales 2.084 están pendientes de las pruebas de determinación de la edad.

Durante su comparecencia, el defensor del pueblo ha incidido en el aumento en las llegadas de migrantes irregulares, que, en su opinión, continuará en el futuro: “En los próximos meses y a lo largo del verano se incrementarán las llegadas de jóvenes con destino a lo que consideran el mejor mundo de los posibles, aunque sea un campamento en Canarias”.

Fernández Marugán se ha referido también a los cambios en las llegadas de este año con respecto a las del pasado. Así, ha mencionado el empeoramiento de las embarcaciones, al que atribuye en parte tragedias como la de la patera, llegada el pasado 16 de marzo, en la que viajaba la niña Eléne Habiba, que falleció tras haber sufrido deshidratación severa cinco días después en el Hospital Materno Infantil de las Palmas de Gran Canaria. También ha aludido al cayuco a la deriva interceptado este lunes a 500 kilómetros de la isla de El Hierro, en la que se han encontrado 17 cadáveres y apenas tres supervivientes, “una tragedia de una enorme entidad”, en palabras de Marugán.

Un total de 2.170 inmigrantes han perdido la vida en su intento de llegar a España por las distintas rutas migratorias marítimas en 2020. De esta cifra, el 85% (1.851 personas) fallecieron en la ruta canaria, la más peligrosa de Europa.

Mujeres y niños

Un segundo cambio percibido por el Defensor del Pueblo apunta al origen de los migrantes: cada vez vienen en mayor medida de países subsaharianos, sobre todo de Senegal. Y, un tercero, al aumento en la llegada de mujeres y menores, el 33% de los pasajeros (un 12% de mujeres y un 20% de niños). “Aquí nos encontramos con un nuevo reto: la inmigración hasta ahora era fundamentalmente masculina, sin grandes problemas de salud y con un objetivo fundamental, el de la economía”, ha especificado Fernández Marugán, que ha criticado que se apliquen iguales procedimientos a todos los migrantes con independencia de su sexo o edad. “No es humanitario mantener detenidas hasta 72 horas a madres con niños que acaban de ser rescatados en el mar en condiciones terribles”, ha señalado al respecto, para luego reclamar que se deriven a centros de acogida humanitaria y, una vez hayan recibido esa primera asistencia, efectuar entonces los trámites policiales necesarios.

No ha sido esta la única exigencia que ha formulado Fernández Marugán: ha insistido en que se debe terminar con las restricciones a la libre circulación de los migrantes ubicados en Canarias amparándose en argumentos como que estas limitaciones son necesarias para el control migratorio. En esta línea, ha recordado que “el Tribunal Supremo y varias resoluciones de tribunales canarios han ordenado al Ministerio del Interior cesar en esta práctica”.

Camino adecuado

El defensor del pueblo ha admitió que el Plan Canarias ha permitido superar el aluvión de llegadas que se ha producido desde finales de 2019. Se mostró, sin embargo, muy crítico respecto de la gestión migratoria. “Lo que sucede en Canarias no es el camino adecuado, ni para los que vienen ni para nosotros”, ha apuntado Fernández Marugán, que ha desgranado las deficiencias del sistema ante unas llegadas que han “colapsado la capacidad de acogida de las islas” en 2020 y que se han incrementado en 2021. En su opinión, estos arribos han mostrado las “carencias de una política de Estado”, la “ausencia de previsión”, una “coordinación insuficiente entre Administraciones”, la “falta de instalaciones donde ubicar a las personas” y el “escaso personal cualificado” para atenderlas, así como una “excesiva concentración de personas en determinados municipios y en algunos barrios de las grandes ciudades en los que la pandemia había dejado “una grave crisis” social. El organismo emitió a principios de marzo un informe fruto de la inspección de más de una treintena de centros en los meses de noviembre y abril.

En lo relativo a la identificación de personas vulnerables, Fernández Marugán ha puesto de relieve “la contradicción” que plantea la Unión Europea. “Por un lado, nos pide que tengamos sistemas adecuados para la identificación de los colectivos vulnerables con el fin de tratarlos dignamente. Nada que objetar”, ha explicado Fernández Marugán. “Pero, por otro, nos exige cerrar y proteger nuestras fronteras, que también lo son de Europa, y evitar la movilidad de estas personas por su territorio. Esto no es posible al mismo tiempo”, ha señalado.

Para el defensor, la prioridad es extremar la atención a estos colectivos vulnerables, revisando los protocolos que se les aplican. En este sentido, ha lamentado que en las inspecciones realizadas por la institución se han detectado muchos menores en centros de adultos “por la aplicación de unos protocolos inadecuados, que deben ser reformados”, ha asegurado. A su juicio, también es fundamental mejorar la información y facilitar la tramitación de las solicitudes de asilo, que ahora sufren una demora de más de un año.