Otra crisis migratoria sin un plan para atender a menores

La crisis migratoria en Canarias es un constante déjà vu. De crisis pasadas, pero también de escenarios recientes. La reactivación de la ruta canaria se ha cobrado ya la muerte de más de 530 personas y han llegado más de 18.300 migrantes en lo que va de año, colapsando los recursos de recepción y acogida estatales. El muelle grancanario de Arguineguín, que empieza a liberarse después de meses hacinando a cientos de personas, se ha convertido en el símbolo de esta crisis, pero la emergencia se mantiene en la atención de los menores de edad que migran solos y cuya tutela compete a la comunidad autónoma. Canarias acoge en estos momentos a 2.006 niños y jóvenes, cerca de 400 más de los tutelados en 2006, el periodo álgido de la crisis de los cayucos, según los datos del Ejecutivo autonómico. Y una vez más, como ocurrió hace 14 años y también en 2018, España sigue sin un plan de atención adecuada y distribución solidaria de estos niños entre comunidades autónomas.

El Gobierno canario y los cabildos, forzados a desplegar a toda prisa 20 centros de acogida, se han declarado desbordados y exigen con “urgencia” fondos estatales y europeos para sufragar los costes, que alcanzarán este año 18 millones de euros. El Ejecutivo de las islas, una coalición de PSOE y Podemos con partidos locales, ha pedido también, como ya se hizo tras la crisis de 2006, la derivación a otras comunidades de, al menos, 500 menores. Los presidentes autonómicos de Extremadura, Castilla y León y País Vasco se han ofrecido a acoger a una parte de estos niños, pero no dejan de ser mecanismos bilaterales, aún poco definidos, entre territorios con buena voluntad.

“La necesidad de ayuda es imperiosa, esto es un grito desesperado a que se colabore con Canarias”, afirma a EL PAÍS la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos). La saturación, reconoce la consejera, impide una atención de calidad y ha provocado situaciones en las que niños han tenido que dormir dos días en el puerto grancanario de Arguineguín porque los centros de acogida estaban desbordados. “Esta es una situación complicada que no podemos afrontar solos”, incide también la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena.

El 60% de los menores no acompañados que han arribado a las costas canarias son marroquíes, la nacionalidad mayoritaria también de los adultos. Les siguen en menor proporción los niños procedentes de Senegal y de Malí. Esta es una de las principales diferencias respecto a 2006, cuando casi la mitad de los niños eran senegaleses.

Uno de estos menores marroquíes es Amass. Dice tener 17 años, y es un adolescente sociable, fanático del Real Madrid y del Wydad A. C. de Casablanca. Nació en Marrakech, pero su familia se mudó al Sáhara Occidental y él se crio en Dajla, la antigua Villa Cisneros. “Mis padres no me daban dinero, tenía que trabajar y cuando podía, estudiaba”, explica con una aplicación en su móvil que traduce del árabe al castellano. “Pero yo quiero estudiar primero para lograr un trabajo mejor y ayudar a mi familia”. Amass vive hoy en un barrio de Gáldar, municipio en el norte de Gran Canaria, en un antiguo club deportivo reconvertido en albergue para 91 jóvenes. “Se suele olvidar que son menores, que vienen solos, con una falta tremenda de cariño”, explica María Fernández, educadora social de 25 años. El objetivo a corto plazo es escolarizarlos, pero mientras tanto, desde las 7.00 hasta la hora de comer aprenden castellano y cultura española y ayudan en las tareas de limpieza. Por las tardes pueden salir al barrio. A las 22.30 apagan las luces.

Un borrador en un cajón

La crisis de los cayucos de 2006 fue la primera muestra de las deficiencias de un modelo que hacinaba a niños en centros o descuidaba las obligaciones que conlleva su tutela. Pero hay otro ejemplo muy reciente. La llegada en 2018 de más de 7.000 menores extranjeros volvió a poner a prueba el modelo español de atención a los niños y jóvenes migrantes. Comunidades como Andalucía o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, principales puertas de entrada, se mostraron desbordadas para tutelar adecuadamente a los niños. Pero cuando pidieron ayuda, se encontraron con la resistencia de la mayoría de territorios a distribuir solidariamente a los recién llegados. Presionado, el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez acabó aprobando un crédito extraordinario de 40 millones de euros para compensar a las autonomías con más llegadas, pero dejó claro que el dinero no era la solución. Hacía falta un plan.

Este plan, que suponía dar la vuelta al modelo, comenzó a diseñarse en el Observatorio de la Infancia, un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, con las comunidades, ministerios con competencias migratorias, la Fiscalía y las ONG que atienden a menores extranjeros. El último borrador, de octubre de 2019, insistía en la solidaridad territorial y proponía la creación de centros de financiación estatal en los principales puntos de llegada para, desde allí, derivarlos a otras comunidades en función de su población, ingresos fiscales o su índice de desempleo. Incluía también cambios legislativos, la promoción del acogimiento familiar y mejoras en el procedimiento de la determinación de la edad, pero aquel ambicioso borrador sigue siendo un puñado de papeles en un cajón.

“El documento estaba muy avanzado. Es verdad que cambió el Gobierno y el personal del Ministerio y se ralentizaron las gestiones, pero la realidad es que es difícil encontrar un consenso entre todos los actores”, lamenta Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones en Save the Children, una de las ONG de ese grupo de trabajo. “Este protocolo de derivación y atención es importante porque evita la improvisación. Al final, España pide siempre solidaridad a nivel europeo, pero en su propia casa no consigue asegurar la corresponsabilidad entre territorios”, añade Zuppiroli.

Uno de los chicos que confía en esa solidaridad entre territorios es Mamadou, un maliense al borde de la mayoría de edad que quiere reunirse con su tío en Barcelona. “En mi país hay guerra y así es muy difícil llevar una vida normal. Decidí venir a España y en cuanto tuve el dinero me fui”, explica.

En esta nueva crisis, las soluciones han vuelto a improvisarse. A las dificultades del Gobierno regional para la acogida, se suman deficiencias en la identificación de los menores al desembarcar. En dos visitas a un centro y un hotel realizadas en octubre, EL PAÍS identificó varios migrantes que aseguraron haber declarado ser menores de 18 años, pero a los que, tras ser reseñados como mayores, se les ha abierto un expediente de devolución y se les ha alojado con el resto de adultos. Bajo máxima presión y sin la coordinación estatal prometida, el Ejecutivo canario ha pedido ayuda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la vicepresidencia de Derechos Sociales, que no se han manifestado sobre el tema. La consejera canaria de Derechos Sociales se muestra esperanzada: “Nos dicen que están trabajando en ello y que de aquí a final de año se verá una primera señal de apoyo, que se reforzará el año que viene”.