El rechazo a los traslados bloquea la salida a la crisis migratoria canaria

La crisis migratoria en Canarias se ha convertido en un polvorín social y político en el que varios sectores presionan hacia una salida natural: el traslado de una parte de los migrantes a la Península. Es la opción preferida de la política canaria e incluso del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, el Gobierno descarta la idea, sobre todo Interior, porque dice que supondría un efecto llamada y porque Europa no lo toleraría, según fuentes del Ejecutivo. Se efectúan traslados muy discretos y con cuentagotas: en lo que va de año unos 1.800 frente a los 18.000 que han llegado a las islas, según fuentes conocedoras de los operativos.

Mientras comienzan los traslados al nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Barranco Seco (Gran Canaria) para aliviar el muelle de Arguineguín, saturado por la constante llegada de pateras, el Gobierno no acaba de ponerse de acuerdo con la solución a la crisis. El equipo del ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha apostado por multiplicar los traslados a la Península para aliviar la presión en el archipiélago. Pero el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechaza de plano autorizarlos en grandes cupos. El grueso de los ministerios con competencias migratorias apoya la tesis de Interior y mantiene que facilitar el tránsito al continente es un incentivo que puede provocar más llegadas.

En lo que va de año se ha autorizado el traslado de apenas 1.800 migrantes a la Península, según fuentes conocedoras de estos operativos. “Se hacen de forma puntual priorizando perfiles de protección internacional y colectivos vulnerables y siempre en coordinación con el sistema de acogida”, afirman fuentes oficiales. No son los únicos que se han marchado del archipiélago. Además de las cerca de 200 expulsiones que han podido ejecutarse en lo que va de año, hay un número indeterminado de migrantes, sobre todo marroquíes, que han conseguido viajar a la Península por su cuenta con sus pasaportes, pero el sistema continúa bajo máxima presión.

Para Migraciones, que acoge unas 1.200 personas en centros y a otras 5.000 en hoteles y apartamentos vaciados por la pandemia porque no había más plazas de acogida en las islas, los traslados son fundamentales. La red de acogida depende de que haya una rotación de usuarios. En la Península, la rotación es posible porque los migrantes llegados en patera no permanecen indefinidamente en los centros y se marchan en busca de trabajo o se reagrupan con sus familiares y conocidos en España y otros países de la UE en cuanto tienen la oportunidad. En las islas, con el volumen de llegadas actual y un número limitado de salidas, el modelo es insostenible. La solución de los hoteles además de temporal, es cara y ha generado rechazo en una parte de los hoteleros y de la población canaria.

Escrivá, según fuentes involucradas en la gestión de la crisis, quiso fletar un barco para trasladar a 800 personas, pero Interior se negó en redondo. Los únicos traslados que se están autorizando son en grupos de 30 o 40 personas que viajan semanalmente en barcos y aviones, según han contado a EL PAÍS algunos de los migrantes derivados y fuentes dedicadas a la atención a los recién llegados. Las tensiones con el departamento de Grande-Marlaska por este tema se arrastran desde finales del año pasado cuando comenzaron a despuntar las llegadas al archipiélago. Entonces, al frente de Migraciones estaba Magdalena Valerio, con Consuelo Rumí en la Secretaría de Estado.

La opacidad con la que se gestionan estos traslados es casi total. Cruz Roja confirmó a EL PAÍS hace un mes la derivación de unas 1.200 personas desde sus centros en las islas a recursos en otras provincias entre septiembre de 2019 y octubre de 2020. En esos cupos, distribuidos en varios viajes de avión y barco, se dio prioridad a mujeres y niños, pero se incluyó también otros perfiles que en la mayoría de los casos cuentan con familiares en diferentes países de la UE con los que pretendían reunirse. Pasado un mes desde las últimas cifras disponibles, un periodo en el que han desembarcado casi 9.000 personas más, los portavoces de Interior, Migraciones y la Delegación de Gobierno se niegan a actualizar los datos.

La cuestión trasciende fronteras. La Unión Europea y socios como Francia, que absorbe un volumen relevante de las personas que entran irregularmente en territorio español, presionan a España para que frene el tránsito por el continente de los migrantes que llegan a las islas. La comisaria de Interior de la UE, Ylva Johanson, lo dejó muy claro en su visita a las islas en compañía de Grande-Marlaska el pasado 6 de noviembre. “Las personas que no necesitan la protección internacional, los inmigrantes económicos, deben ser devueltos a sus países”, mantuvo la comisaria. La dificultad que enfrenta España —y todos sus socios europeos— es que no logra devolver a sus países a todos los inmigrantes irregulares que recibe. Las expulsiones, que acaban de reanudarse con Mauritania, Marruecos y que, previsiblemente, se reactivarán con Senegal, suponen un número limitado de retornos.

Reclamaciones de las autoridades locales

Mientras, la política canaria vive la crisis con una profunda ansiedad, y reclama soluciones al Gobierno. Escrivá viajó este jueves por la tarde a Canarias para presentar un nuevo plan de choque. Las autoridades locales le exigirán una política de derivaciones más activa para paliar el “hacinamiento” que se da sobre todo en la isla de Gran Canaria. La comunidad autónoma lidia, además, con una cuestión añadida para la que también exige la solidaridad de otros territorios: el cuidado de 1.900 menores acogidos en centros propios y de los cabildos insulares. “Es absolutamente imprescindible que una de las medidas capitales y urgentes sea que las personas que están en Canarias, solidariamente y teniendo en cuenta las circunstancias de nuestro país, sean derivadas a otras comunidades y, por supuesto, a la UE, que es quien tiene que definir el modelo que quiere para el presente y para el futuro”, aseguró este miércoles el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres.

El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, de Nueva Canarias, asegura a EL PAÍS que planteó la cuestión de las derivaciones en una reunión con la comisaria Ylva Johansson y el ministro Grande-Marlaska en su visita del pasado 6 de noviembre. “Les dije claramente que no íbamos a aceptar convertirnos en una isla cárcel”, afirma. “Se lo dije claramente a la comisaria, pero solo recibí evasivas. El de las derivaciones fue un tema tabú en la reunión, porque Europa no quiere que se hable de ello”.

Grande-Marlaska: "No voy a dimitir".

El asunto se ha convertido ya en un grave problema político. Coalición Canaria ha elevado el tono y hasta Podemos Canarias ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska mientras el socialista Torres llama a diario a todos los ministros implicados —hasta cinco— para reclamar una solución. La gran inquietud es que Vox utilice la crisis para crecer con un discurso xenófobo. Grande-Marlaska viaja este viernes a Marruecos para acelerar las devoluciones y mejorar el control de las costas. Más de la mitad de los que han llegado en lo que va de año son marroquíes. Pero el coronavirus hace estragos en todos los países africanos cercanos a Canarias. La presión crece. Y los traslados masivos a la Península siguen sin ser una opción real para el Gobierno.